La jueza de la dana llama a declarar al núcleo duro de Mazón y al dueño de 'El Ventorro'
Un año después de la devastadora dana que azotó la Comunitat Valenciana, sus consecuencias ya no se miden solo en daños materiales o en víctimas, sino también en un lento y complejo proceso judicial que empieza a tocar el corazón del poder de Mazón. La magistrada del Juzgado de Instrucción de Catarroja que investiga la gestión de aquella emergencia ha decidido dar un paso más y citar como testigos a varios miembros del núcleo más próximo al president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón,, así como al síndic del PP en Les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, y al propietario del restaurante El Ventorro, escenario de la ya célebre comida del 29 de octubre de 2024 entre Mazón y la periodista Maribel Vilaplana.
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La resolución judicial amplía el cerco de las declaraciones con el objetivo de esclarecer qué decisiones se tomaron –y cuáles no– durante aquellas horas críticas en las que el agua arrasaba barrios enteros y el Cecopi, el centro de coordinación de emergencias, deliberaba sobre enviar unas alertas.
El círculo de Mazón
Entre los citados por la jueza figuran cargos clave de la estructura comunicativa y política de Mazón: Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia; José Manuel Cuenca, responsable del Gabinete del President y Comunicación; Francisco González, director general de Comunicación; María Teresa Gómez, jefa de la Oficina de Prensa; y Josep Lanuza, asesor de Presidencia. Todos ellos forman parte del núcleo más próximo al despacho del president en funciones en el Palau y, según la magistrada, podrían aportar luz sobre el flujo de información que circuló –o que dejó de circular– en aquellas horas de emergencia.
El auto insiste en que resulta “pertinente” analizar no solo las llamadas efectuadas por la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, también investigada, sino el proceso de deliberación en el Cecopi y la incidencia que pudo tener cualquier omisión de información en “decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas”.
En ese contexto, la historia de una comida privada en un restaurante de Valencia ha pasado a ocupar un lugar inesperado en la causa. Según la declaración de la periodista Maribel Vilaplana, aquel 29 de octubre Mazón recibió en El Ventorro un sobre con documentación oficial que firmó entre plato y plato. El propietario del local, único testigo presencial de aquel intercambio, será ahora citado por la jueza para aclarar qué vio y qué escuchó.
La versión oficial de Presidencia es que se trataba de un trámite “urgente”. Concretamente, la firma para permitir que jóvenes deportistas pudieran acogerse a la exención de Educación Física o convalidar asignaturas.
Un ordenanza de la Generalitat fue el encargado de llevar el sobre al restaurante para que Mazón lo firmara en ese momento. La lista, efectivamente, se publicó esa misma tarde.
Las acusaciones no lo ven con la misma naturalidad. Para Acció Cultural del País Valencià, la escena resulta “difícil de justificar” y “sintomática de un modo de entender el poder”. En su escrito al juzgado, ACPV subraya que la firma personal del president solo es necesaria en decretos del Gobierno o resoluciones de Presidencia, “en ningún caso en listados de trámite administrativo que están delegados”.
Más allá de la literalidad de los documentos, lo que está en cuestión es el símbolo: un jefe del Consell firmando papeles urgentes en un restaurante para que unos estudiantes no hagan Educación Física mientras la Comunitat vivía la peor emergencia meteorológica de su historia.
El caso ha resonado en Les Corts y en los pasillos de la política valenciana. Desde el PSPV, la lectura es que la instrucción judicial “pone de relieve las incoherencias en la gestión del Consell durante la dana”. Desde el PP, en cambio, se denuncia una “persecución política” y se defiende que Carlos Mazón “cumplió con sus obligaciones en todo momento”, incluso firmando documentación necesaria “en un contexto de urgencia administrativa”: No hacer Educación Física.
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