No parece que la sangre llegue al río, pero es innegable que en las últimas semanas las aguas bajan revueltas en la relación entre PNV y PSE-EE, socios en el Gobierno vasco y competencia en el tablero político-electoral. En medio de la discusión, el euskera. Todo un clásico en la historia reciente de Euskadi en la que la lengua madre del país de los vascos siempre ha estado en el foco y en un segundo plano en importancia, cuando no como una peculiaridad museística, pese a ser cooficial con el español y estar inmerso en una dinámica de progresiva y sutil minoración y desoficialización. En esta ocasión, la brecha entre los dos partidos que forman la coalición de gobierno ha llegado a niveles de reproche nunca alcanzados hasta ahora, para regocijo de la oposición que observa atónita el cruce de golpes entre los socios de coalición.
Los líderes de ambas formaciones se han enzarzado en los últimos días en una espiral de reproches cuyo punto álgido llegó con la advertencia de Andueza a Esteban de que “la coalición está en riesgo si el PNV sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu”, en referencia a las discrepancias sobre una revisión de la Ley del Empleo Público que establece las exigencias de euskera para acceder a la función pública y, también, sobre el nuevo estatus de autogobierno y el derecho a decidir. Estas palabras agitaron el avispero y provocaron la reacción de los jeltzales criticando el “tono retador” de Andueza al que acusaron de “generar desconfianza innecesariamente e inestabilidad institucional”.
Días después, cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, y más después del llamamiento del lehendakari Imanol Pradales a “blindar la coalición y la estabilidad que esta fórmula proporciona”, se produjo un nuevo desencuentro con los mismos protagonistas. Los de Aitor Esteban acusaron al líder socialista que no respetar el acuerdo verbal para poner fin al cruce de declaraciones y rebajar la tensión, al descolgarse con unas manifestaciones en las que echaba de menos el clima de “confianza” con el anterior presidente del PNV Andoni Ortuzar.
Disensos
Los desencuentros entre los socios del bipartito no son una novedad en la dilatada trayectoria en común de ambos partidos al frente del Gobierno vasco. En los últimos años PNV y PSE han discutido abiertamente –y en algunas cuestiones lo siguen haciendo– en temas variados como el nuevo estatus de autogobierno, el trazado de la alta velocidad ferroviaria, la vivienda o las políticas migratorias. Sin embargo, los choques entre jeltzales y socialistas han aumentado y se han intensificado desde que Eneko Andueza sucedió a Idoia Mendia al timón del partido.
El líder del PSE quiere imprimir un perfil propio y diferenciado con respecto a sus socios de gobierno con la idea de ir ganando votos en las convocatorias electorales. Los últimos sondeos no le son favorables ni tampoco antes las urnas ya que, escaño arriba escaño abajo, no ha conseguido mejorar sus números. Andueza renunció a entrar como consejero o vicelehendakari segundo del Gobierno vasco tras las últimas elecciones autonómicas y optó por quedarse al frente del partido para dar al partido un sello diferencial, más combativo y sin servidumbres con el PNV. La estrategia consiste en estar en misa y repicando, en el Gobierno y en la oposición. Y lo ha vuelto a poner en práctica su pretexto de la polémica en torno al euskera.
Desde la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea es la primera vez que los dos partidos llevan una discrepancia sensible al Parlamento Vasco y votan en sentido contrario. PNV y EH Bildu presentaron la semana pasada por separado sendas proposiciones de ley para blindar el euskera como requisito en el acceso al empleo público en las administraciones públicas. Los jeltzales plantearon una modificación de un solo punto en la Ley de Empleo Público para que, en lugar de establecer un índice general obligatorio de plazas con perfil lingüístico, cada administración tenga autonomía para fijar su porcentaje de plazas en función de su realidad social, con el máximo rigor y con “proporcionalidad”. Por su parte, Bildu propuso dar la vuelta al sistema, eliminar el índice y fijar una exigencia general del euskera para, a partir de ahí, concretar excepciones. Ambas propuestas salieron adelante con el apoyo de PNV y Bildu en el primer caso y con solo el aval de los de Otegi y la abstención jeltzale en el segundo caso.
El Parlamento Vasco creará ahora una ponencia en la que se debatirán las distintas enmiendas que pueden presentar los grupos a esta iniciativa que, en principio, plantea la reforma de la Ley de Empleo Público para que sea cada institución la que fije el porcentaje de plazas con el euskera obligatorio.
El origen de estas propuestas de reforma son las sentencias judiciales que se han ido conociendo en los últimos años y que han ido anulando normativas de impulso al euskera o convocatorias concretas de acceso a puestos en instituciones locales, forales o autonómicas. Ambas formaciones llevan meses denunciando la existencia de una “ofensiva judicial” contra el euskera.
Alcaldes de municipios gobernados por PNV y EH Bildu han llegado a realizar concentraciones de protesta conjuntas al considerar que el poder judicial ha limitado la facultad de decidir sobre la política lingüística del Gobierno vasco, las tres Diputaciones forales de la CAV y muchos municipios mediante más de treinta sentencias que afectan directamente a 700 empleos públicos. Estos regidores consideran que la justicia está obstaculizando la normalización del euskera y vulnerando el derecho de la ciudadanía a vivir en euskera. Los jueces alegan que por encima de todo están los derechos laborales de los trabajadores de la administración y que se ha cercenado el principio de igualdad en el acceso al empleo público.
Tras la aprobación de las dos proposiciones de ley, el Parlamento Vasco creará ahora una ponencia en la que se debatirán las distintas enmiendas que pueden presentar los grupos a esta iniciativa que, en principio, plantea la reforma de la Ley de Empleo Público para que sea cada institución la que fije el porcentaje de plazas con el euskera obligatorio.
Como ha ocurrido con otros desencuentros, el tiempo curará las rencillas y el debate se enfriará, aunque el cruce de acusaciones y el calibre de las mismas ha agrietado la confianza entre los socios del bipartito. Las palabras de Andueza advirtiendo de que la coalición está en peligro y de que hay una “comunión nacionalista” formada por PNV y EH Bildu para temas identitarios ponen a prueba la autonomía de los jeltzales a la hora de plasmar sus iniciativas en cuestiones como el euskera, pero también en el espinoso tema del nuevo estatuto para Euskadi.
Nuevo estatus
Los socialistas no quieren ni oír hablar del derecho a decidir, pero saben que el PNV aspira a un modelo singular de autogobierno que supere el actual estatus y se asiente en la bilateralidad, las garantías de cumplimiento, el arbitraje y la presencia de Euskadi en Europa, además del reconocimiento de la nación vasca y el cierre de las transferencias pendientes. EH Bildu aprieta con el derecho a decidir y la autodeterminación, pero cuando baja a la letra pequeña adopta su perfil más posibilista y habla de incluir al PSE en los acuerdos, sin concretar hasta donde rebajaría sus exigencias.
La reivindicación de un nuevo estatus de autogobierno es nuclear para el PNV, como lo es la del euskera porque no puede renunciar a blindar por ley el derecho de la ciudadanía a ser atendida en euskera, y tampoco se puede permitir que las personas que se presentan a las OPE no sepan a qué atenerse ante la posibilidad de que un tribunal pueda después anular un requisito determinado y poner patas arriba una oposición. Estima necesario dotar de seguridad jurídica a estos procesos selectivos.
Ese blindaje aparece de alguna manera recogida en el acuerdo de bases firmado por PNV y PSE el 19 de junio de 2024 para el programa de gobierno a desplegar esta legislatura. En el compromiso 44 referido a la garantía de los derechos lingüísticos, se incluye una iniciativa para garantizar el uso de la lengua oficial escogida por cada persona en todas las relaciones de la Administración pública vasca con la ciudadanía. También insta a impulsar el decreto de normalización del uso del euskera en el sector público vasco, con medidas para facilitar el aprendizaje del euskera por parte de las y los empleados públicos.
