GEBehatokia impulsa una querella contra los policías de la emboscada de Hondarribia en 1974

Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia) ha anunciado este miércoles una querella en contra de los policías que ejecutaron a Roque Méndez Villada y José Luis Mondragón Elorza en la playa de Asturiaga, en Hondarribia, en 1974. También ha pedido investigar la identidad y el paradero de José Luis Arrondo ‘Cocoliso’, confidente de la policía que acompañaba a los dos jóvenes en el momento de la emboscada.

Méndez Villada y Mondragón Elorza llegaron a Hondarribia en lancha desde Donibane Lohizune el 20 de mayo de 1974, donde fueron emboscados por agentes de la policía franquista y ejecutados en un intenso tiroteo del que ‘Cocoliso’ salió ileso. “Un caso muy similar a las ejecuciones extrajudiciales de la Bahía de Pasaia en marzo 1984”, señala GEBehatokia.

La Justicia militar franquista se encargó del caso en una causa, la 66/1974, que tenía, según denuncia la asociación, “el evidente objetivo de falsear los hechos, atribuir la responsabilidad de la ejecución policial a los dos jóvenes y dotar de absoluta impunidad a sus perpetradores”.

El Gobierno vasco reconoció en diciembre de 2023 a Méndez Villada como víctima del Estado. La familia de Mondragón Elorza decidió no presentar la solicitud de reconocimiento entonces, pero “recientemente” lo ha hecho.

Más tarde, el 16 de junio de este año, la familia de Méndez Villada recibió también el documento de reconocimiento y reparación personal del Ejecutivo español como víctima del franquismo, en base a la Ley de Memoria Democrática.

La resolución del Gobierno español declara “ilegal e ilegítimo el tribunal que juzgó a Don Roque Javier Méndez Villada” y considera también “ilegítima y nula la condena, sanción o resolución dictada” en su contra, “tanto judicial como administrativa, producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa”.

GEBehatokia destaca que, desde el reconocimiento de Alfredo Espinosa Orive –consejero de Sanidad en el Gobierno vasco del lehendakari Aguirre– a principios de año, el de Méndez Villada es el primero a “una persona de la resistencia vasca del tardofranquismo y viene a desmontar los intentos de categorización entre las víctimas del franquismo que se han argumentado este verano”.

‘Cocoliso’

La asociación señala que, en su querella, considera “preciso” investigar la identidad y el paradero del infiltrado José Luis Arriondo ‘Cocoliso’, “según algunas fuentes oportunamente muerto tras estos hechos en accidente de tráfico”.

Apunta que la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos del Gobierno vasco se refirió en un informe al asunto del confidente de la policía como “un caso claro de violación de obligación positiva de protección de la vida por un dispositivo policial que no toma las cautelas adecuadas para detener a dos personas, sobre las que tiene suficiente información, sin necesidad de disparar”.

“Además de ofrecer verdad sobre los hechos que sufrieron las víctimas, el Estado debe traducirlos en responsabilidades penales de los victimarios”, reclama el observatorio.

Encubrimiento judicial

Asimismo, la asociación denuncia que los reconocimientos oficiales a víctimas del franquismo “hacen más clamorosa la falta de justicia” que sufren y enfatiza que “el Estado, desde instancias judiciales, sigue encubriendo a los asesinos franquistas”. “Lo hizo entonces y lo hace ahora”, critica.

Mientras los poderes legislativo y ejecutivo “detectan y reconocen gravísimas vulneraciones de derechos humanos”, asegura el observatorio, el aparato judicial “no se da por aludido y abandona su obligación de investigar, procesar, juzgar y, en su caso, castigar a los perpetradores de crímenes que horrorizan a la humanidad”.

En esta línea, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó el pasado 18 de julio su séptimo informe periódico sobre el Estado, en el que instaba a “proseguir e intensificar sus esfuerzos para adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que no se aplique ni la amnistía ni la prescripción a las graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”. “Son los jueces quienes deben superar actitudes pro-victimarios y allanar el camino de la justicia a las víctimas de gravísimos crímenes”, zanja GEBehatokia.