El PNV se ha vuelto a encontrar en una situación que le resulta muy familiar. Se alcanza un acuerdo político con el Gobierno español pero, cuando entran en escena los técnicos y los abogados, surgen los cambios de última hora e intentan alterar el contenido de los compromisos. Y ahora ha sucedido lo mismo en un asunto tan estratégico como la operación Talgo, de la que dependen cientos de empleos vascos. Y el escollo viene desde la Sepi. A mediados de febrero, desde la comunidad autónoma se daba un paso trascendental para garantizar el arraigo de esta empresa de fabricación de trenes, con la puesta en marcha de una alianza para que un consorcio vasco pudiera comprar el 29,7% de esta fábrica. Está formado por la empresa Sidenor, el Gobierno vasco, y las fundaciones bancarias Vital y BBK. Pero había un gran escollo, la multa de 116 millones que le impuso Renfe, empresa controlada precisamente por el Gobierno español. Por tanto, se arbitró una solución a través de la Sepi, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que depende del Ministerio de Hacienda, que ahora está dando marcha atrás en el compromiso asumido y pretende que se modifique a estas alturas la fórmula de compra por parte de los inversores vascos. Y este martes ha llegado un toque de atención desde el grupo del PNV en el Congreso de los Diputados, cuyos cinco escaños son imprescindibles para el presidente Sánchez. Es un golpe encima de la mesa de negociación, una muestra de malestar, para que alguien a nivel político, el Gobierno español, haga valer la fórmula que se había pactado y las aguas vuelvan a su cauce.
La portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, señaló de manera directa al Gobierno español como el causante de las “trabas” y le exigió que “deje de obstaculizar” esta gestión. El PNV deja así al Gobierno español ante su propio espejo, y lo obliga a retratarse y dar explicaciones “si la operación fracasa”. En una nota enviada a los medios de comunicación, el PNV recuerda que Talgo tiene una de sus plantas más importantes "en Rivabellosa, en Araba, de la que viven 700 familias". Traslada toda la presión a Madrid en términos de imagen porque están en juego cientos de empleos. La situación compromete por añadidura a los socialistas vascos.
El PNV recuerda que Talgo tiene que dar salida a una cartera de pedidos del entorno de 4.000 millones de euros y mantener el empleo en el territorio. “Esta es una compañía estratégica para Euskadi, que dispone de una tecnología puntera en el sector ferroviario y tiene un gran futuro por delante”, argumentaron en su nota.
De 150 millones, a 75 millones... y después marcha atrás
Pero, ¿qué es lo que ha pasado? El PNV explica que el Gobierno español, a través de la Sepi, “dependiente a su vez del Ministerio de Hacienda” de María Jesús Montero, se comprometió inicialmente a apoyar la operación vasca mediante un préstamo convertible de unos 150 millones para que pudiera hacer frente a sus necesidades financieras, que se derivan sobre todo de la multa de 116 millones que arrastra. “Posteriormente, propuso que la operación se dividiera en dos, de forma que el Gobierno central se haría cargo de 75 millones y el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno vasco junto a otras entidades privadas, de los 75 restantes. El Ejecutivo liderado por Imanol Pradales hizo los deberes para hacer frente a esta propuesta, reuniendo en el consorcio a entidades privadas que favorecen la solvencia de la operación, y renegociando el interés del préstamo en favor de Talgo. Sin embargo, la Sepi ha decidido finalmente dar marcha atrás a su propuesta inicial y exige al consorcio vasco que modifique la fórmula de acceso a Talgo una vez más”, denuncia el PNV. “Los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos. Hay mucho trabajo detrás, muchos cálculos y, sobre todo, muchas familias vascas que dependen de que el Gobierno español asuma lo que había prometido”, avisó Vaquero.
El Gobierno vasco ha cumplido "todos" sus compromisos
¿Esto supone que la operación Talgo se tambalea? Vaquero cree que “aún se puede desencallar la situación, pero no hay tiempo que perder”, y fuentes del departamento de Industria que dirige Mikel Jauregi aseguran a Grupo Noticias que son optimistas y creen que las aguas van a volver a su cauce. “Desde el Gobierno vasco llevamos muchos meses trabajando”, dicen, y añaden: “Hemos cumplido con todos nuestros compromisos y hemos dado todos los pasos necesarios para llegar al final del proceso. Ahora está en la mesa de la Sepi volver a encauzar una situación que ya estaba previamente acordada para hacer frente a las necesidades de financiación de Talgo. Desde el Gobierno somos optimistas y esperamos que todos los agentes implicados tengan altura de miras para que Talgo siga arraigada en Euskadi y se puedan realizar las inversiones industriales necesarias para hacer frente a su exitosa cartera de pedidos. Desde el Gobierno pedimos altura de miras y flexibilidad en este último tramo de la operación”.
