Ubarretxena pide no utilizar la Ley de Transparencia para hacer “oposición política”

En esta ocasión, parece que la legislatura vasca no va a terminar sin aprobar antes una Ley de Transparencia, tras varios intentos fallidos en anteriores ejercicios. El Consejo de Gobierno lanzó el proyecto el 1 de abril, después se envió al Parlamento Vasco para su debate, y este miércoles ha sido presentado a petición propia en comisión por la consejera de Gobernanza, Maria Ubarretxena. PNV y PSE tienen una mayoría absoluta suficiente para aprobarlo, aunque van a intentar ampliar los respaldos. El proyecto que se presenta es, en esencia, el que presentó el equipo de Olatz Garamendi en la anterior legislatura, con alguna actualización; y el principal foco de interés se sitúa en la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia, Gardena, como órgano independiente al que los ciudadanos podrán dirigir sus reclamaciones cuando se les deniegue su derecho a recibir información pública, y también con un canal externo para denunciar eventuales casos de corrupción sin temor a sufrir represalias.

Ubarretxena defendió que esta es una “buena base” para poder agilizar la discusión con el objetivo de que la ley vea la luz en esta legislatura, y aseguró que Euskadi ya está bien posicionada en los índices de transparencia a pesar de no contar con una ley (es la única comunidad autónoma que carece de ella). No obstante, apostó por mejorar desde la “autoexigencia” como una vía para cortar el paso a la desafección y los populismos, y optó por quedarse “con lo positivo” tras escuchar a los grupos de la oposición. Interpretó que “nadie” está en contra de esta ley, y se abrió a alcanzar acuerdos en el trámite de enmiendas. “Pido una actitud constructiva, no utilicemos esta ley para hacer oposición política”, dijo.

Del debate se puede interpretar que las posiciones están algo más alejadas en el caso de EH Bildu, que tuvo una intervención muy crítica por boca de Lamia Arcas y con quien saltaron algunas chispas en la comisión. Arcas se quejó de que este texto sea “el mismo que el de la anterior legislatura” y tildó de “bochornoso” que no se hayan introducido aportaciones de los expertos. De ahí que pidiera “respeto” al trabajo de estas personas. Además, criticó que el presidente de Gardena vaya a ser nombrado por el Gobierno vasco, lo que cuestionaría su independencia. En ese punto también incidió el PP con Ainhoa Domaica pero, en su caso, optó por prometer una posición “constructiva” y obtuvo el reconocimiento de Ubarretxena por su tono.

En el caso de EH Bildu, Ubarretxena, casi disculpándose por la “pequeña crítica” que le iba a hacer, afeó al partido de Arnaldo Otegi que utilice este debate para hacer oposición pero que, cuando EH Bildu está en los gobiernos, como en un puñado de ayuntamientos que ella conoce más de cerca, “cancela los Presupuestos participativos”. Por ello, le pidió que aplique aquello que exige a los demás.

Generar "polarización"

El PP, por su parte, pidió que el presidente de Gardena sea elegido por el Parlamento Vasco y no por decreto del Gobierno. Y prometió ser “constructivo pero exigente”. El socialista Pau Blasi defendió el proyecto, y el jeltzale Xabier Barandiaran se mostró “abierto al diálogo”, pero fijando un marco de “cultura democrática” para que este debate no se utilice para “generar polarización y como estrategia política”. “No lo digo por nadie”, aclaró.

El ámbito de aplicación de la ley se extenderá al Parlamento Vasco, el Tribunal de Cuentas y el Ararteko. El canal externo, la protección de los informantes, también será de aplicación a las diputaciones forales. El régimen sancionador contempla multas para los altos cargos de entre 200 y 12.000 euros; y, para las entidades privadas y corporaciones de derecho público obligadas a proporcionar información, de entre 200 euros y 400.000 euros.