El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín han lamentado este jueves la "situación clara de indefensión" en que les deja el fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) al desestimar de manera definitiva su recurso contra el Parlamento Europeo por no reconocerles inicialmente como eurodiputados.
En un comunicado conjunto, han dicho que esta "indefensión" les afecta tanto a ellos como a sus electores ante las autoridades electorales españolas y han anunciado que estudiarán dar próximos pasos, aunque el TJUE concluye que no cabe interponer recurso.
Han argumentado que la sentencia no entra en el fondo de la cuestión que plantearon al Tribunal: saber "si un Estado puede poner requisitos incompatibles con el derecho europeo para impedir que un eurodiputado electo pueda ser reconocido como tal por parte del Parlamento Europeo".
"Esto exactamente es lo que hizo el Estado español cuando impuso -a través de la LOREG- que la promesa presencial de la Constitución española fuera un requisito previo" a la notificación de la lista donde se determinan los eurodiputados elegidos, han asegurado.
En este sentido, han afirmado que el fallo abre la puerta a que "otros Estados miembros de la UE puedan imitar el ejemplo de España e inventar requisitos contrarios a los principios de la democracia e incompatibles con el derecho europeo para subvertir los resultados electorales".
Para ambos, esto "implica un daño irreparable para la democracia europea, que no nos puede dejar indiferentes en un momento en que se constata un incremento de las posiciones autoritarias".
Cuestión prejudicial
Puigdemont y Comín han señalado que la sentencia abre dos vías para "dirimir si el requisito fijado por la LOREG -prometer presencialmente la Constitución española- es o no conforme al derecho europeo".
Por un lado, pedir a las autoridades judiciales estatales presentar una cuestión prejudicial al TJUE, vía que que activarán "de manera inmediata en el marco del procedimiento que está actualmente en curso en el Tribunal Supremo".
Según han informado, la cuestión prejudicial permite presentar una nueva demanda de medidas cautelares, que se añadiría a la demanda de cautelares ya presentada ante el Tribunal General para "corregir la decisión" de la presidenta Roberta Metsola de denegar el escaño a Comín tras las elecciones europeas de junio.
Y por otro lado, defienden que existe la posibilidad de "presentar un recurso de incumplimiento contra el Estado español en base al artículo 258 del TFUE, vía que también estudiaremos, partiendo de la base de que esta vía de recurso está reservada, a priori, a los estados miembros de la UE y a la Comisión Europea".
