La nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, ha expuesto este miércoles las líneas principales que seguirá su departamento en los próximos cuatro años en una comparecencia que iba a atraer muchas miradas, ya que esta cartera ha cambiado de color político y ha pasado del PNV a sus socios del PSE. San José insistió en algunos mensajes que había repetido ya en los últimos días: una memoria crítica que deslegitime todo tipo de violencia, que las personas presas asuman la responsabilidad del delito que han cometido, reinserción, la aprobación de una relación de puestos de trabajo en las cárceles basada en el acuerdo con el sindicato Acaip-UGT y que se plasmará antes de que acabe el año... Pero, entre todos sus mensajes, deslizó alguna novedad como, por ejemplo, que el departamento está estudiando una reforma para sancionar las conductas que hieren a las víctimas de ETA.
“No es admisible éticamente que la imagen de los victimarios y los símbolos que les representan ocupen el espacio público. No se trata solo de una actitud pasiva, la de no ensalzar los crímenes cometidos y sus autores. Una sociedad democrática plena debe ser proactiva para rechazar expresamente y poner los medios a su alcance para impedir la exhibición acrítica de los victimarios. De ninguno. En este sentido, el programa de Gobierno recoge un compromiso expreso de rechazo de cualquier actuación que vulnere la sensibilidad de las víctimas y el dolor de sus familias, adoptando las medidas que eviten su ofensa, humillación y revictimización. El Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo tiene avanzada una posición al respecto. Supondría una reforma legal acotada, que incluya un régimen sancionador, tal y como este Parlamento ha hecho ya en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. Vamos a esperar a que esos trabajos finalicen y estudiar su propuesta. Y nuestra vocación es que ese acuerdo final consiga, como la propia Ley de Víctimas, el mayor consenso posible en esta Cámara”, avanzó San José en la comisión parlamentaria.
El Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo está trabajando en una propuesta y el Gobierno vasco lo que hace es abrir el debate y prestarse a estudiar la iniciativa. Se trataría de introducir en la Ley de Víctimas del Terrorismo un régimen sancionador, como ya lo tiene la Ley de Memoria Histórica y Democrática en todo lo concerniente al franquismo. Esa ley, por ejemplo, contempla multas de hasta 10.000 euros por no retirar símbolos de la dictadura y realizar actos de homenaje al régimen, y de hasta 2.000 euros por ocasionar daños a los lugares de la memoria o elementos conmemorativos.
La consejera se limitó a trazar un paralelismo genérico con la ley relativa a la memoria histórica, dejando ver que se le pondría hincar el diente por el mismo flanco a la memoria reciente. A partir de ahí, buscará el consenso. Este es un debate que suscita opiniones contrapuestas, ya que hay quien piensa que no se puede sancionar la mera exhibición de una foto de un preso de ETA si no va acompañada de una simbología que enaltezca la violencia.
Choque con Bildu
Por lo pronto, este es un foco más de desencuentro entre el PSE y EH Bildu. Su portavoz, Pello Otxandiano, cuestionó por la noche en Radio Euskadi que la voluntad de San José sea promover una memoria inclusiva. Cuando se le preguntó por la reforma legal sobre los carteles de los presos, Otxandiano negó categóricamente que haya “exhibición de ningún tipo” en las calles o que se pretenda humillar a las víctimas, y defendió que la sociedad está en otra fase. Desde el comienzo, EH Bildu mantiene las espadas en alto con la consejera del PSE y desliza que habrá un cambio de rumbo. Este mismo miércoles ha dejado en el aire su participación en Gogora por el reparto del Consejo, y acusa a PNV y PSE de excluir a las víctimas policiales, aunque Otxandiano pareció matizar que es solo un toque de atención.
Herenegun, Adi-adian...
San José sí introdujo alusiones a todas las víctimas en su discurso, pero este estudio promete hacer saltar las chispas con Bildu. La consejera añadió que el acuerdo de Gobierno con el PNV apuesta por “mejorar los materiales educativos elaborados para dar a conocer a los jóvenes el pasado reciente”, como Herenegun, que es un proyecto piloto que habrá de decidirse “si se aplica o no”, y Adi-adian, que hay que revisar. Habrá reuniones con el Gobierno de Nafarroa para compartir experiencias, y también está escuchando “las sugerencias de las propias víctimas”.
Espera revisar con el Gobierno español el número de plazas de las cárceles y quiere reunirse con el ministro Bolaños para contar con más juzgados. Y anunció la creación de una Dirección de Servicios Penitenciarios para agrupar las actuaciones
¿Roces con el PNV?
La consejera fue interrogada sobre la reforma legal contra la exhibición acrítica de fotos de presos o contra la humillación a las víctimas por la tarde en la cadena Ser, donde se le preguntó si puede provocar roces con el PNV en la medida en que Xabier Barandiaran pidió sacar el debate de la memoria del ámbito político y llevarlo a espacios de acuerdo. San José interpretó que “por supuesto que no” habrá fricciones, puntualizó que ella misma apuesta por el consenso, y criticó la ocupación de espacios públicos con fotos que no contextualizan los delitos cometidos por los presos.
