El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) echa a andar este jueves con más de cinco años y medio de retraso por el bloqueo político en su renovación y con la incógnita de quién se situará al frente de su presidencia y la del Tribunal Supremo.
Los veinte vocales del nuevo órgano de gobierno de los jueces pactados por el PSOE y el PP, que esta semana han recibido el respaldo del Congreso y del Senado, acuden a las 11.00 horas al Palacio de La Zarzuela para prometer o jurar su cargo ante el rey Felipe VI, un acto al que asistirá el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Después celebrarán su primer pleno, presidido por el vocal de más edad, Bernardo Fernández, y el CGPJ quedará constituido formalmente. En esa sesión deben poner encima de la mesa los nombres de sus candidatos para presidir el Consejo y el Tribunal Supremo, sin que cada vocal pueda proponer más de un nombre.
Elección del presidente
Tradicionalmente el nombre del presidente ha formado parte del pacto entre los dos grandes partidos, pero en esta ocasión ambas formaciones han afirmado que, como establece la ley, dejan la elección en manos de los nuevos vocales, diez elegidos a propuesta del PSOE y otros diez a propuesta del PP.
Hace cinco años y medio, el candidato pactado fue el magistrado del Supremo Manuel Marchena, pero la renovación saltó por los aires cuando éste rechazó públicamente la propuesta después de que se filtrara un 'wasap' del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía que con su elección se podría controlar "por detrás" la sala segunda de alto tribunal.
El presidente del CGPJ y del Supremo tiene que ser o bien magistrado del alto tribunal o jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.
Será elegido en una reunión que se celebrará entre tres y siete días después de la sesión constitutiva, en una votación en la que deberá contar con el apoyo de al menos tres quintos de los vocales.
Tras elegir a su presidente, el nuevo CGPJ deberá afrontar el centenar de nombramientos pendientes en la cúpula judicial y tendrá seis meses para plantear una propuesta de reforma del sistema de elección del Consejo.
