El juicio por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato ha quedado este viernes visto para sentencia tras haber ejercido algunos de los acusados, entre ellos el propio Rato, su derecho al uso de la última palabra.
Tras 56 sesiones, la Audiencia Provincial ha dado por concluida la vista tras la lectura por parte de algunos de los acusados -Rato; su excuñado Santiago Alarcó; el que fuera su mano derecha en Bankia, José Manuel Fernández Norniella; su secretaria Teresa Arellano; el abogado Domingo Plazas y el representante de Plazas Abogados- de las últimas palabras, que todos han aprovechado para agradecer al tribunal su actitud a lo largo de los cinco meses que ha durado el juicio.
En su alegato final, Rato ha cargado contra los exministros de Economía, Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Rafael Catalá, como los responsables de la investigación sobre el origen de su fortuna que le ha llevado al banquillo.
El exvicepresidente ha leído varios correos electrónicos del que fuera jefe de gabinete de Montoro que demostrarían que meses antes de que se produjera la entrada y registro en su domicilio y en su despacho todos ellos estaban al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria, algo ilegal.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Rato once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios- por los que pide para él 63 años de cárcel y 42,4 millones de euros de multa. La Fiscalía solicita también que Rato indemnice con 7,75 millones de euros a la Agencia Tributaria.
En su informe final, la fiscal Elena Lorente afeó a Rato haberse querido convertir en el "instructor de la causa", aportando "trampantojos, trampas procesales y una estrategia de defensa manipuladora".
También lamentó no haber tenido la oportunidad de interrogar a Rato, que se negó a responder a las acusaciones, y atribuyó al exbanquero una "refinada técnica" para introducir en España fondos procedentes del extranjero.
La fiscal descartó que durante su mandato al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rato tuviera su residencia fiscal en Estados Unidos, como el sostiene, donde tiene la sede el organismo.
Asimismo, ha rechazado que cuando se acogió a la amnistía fiscal, en 2012, declarara todos sus bienes en el extranjero, ya que decidió acogerse a la misma "pero de forma controlada, acostumbrado como está a mandar y controlar y decide 'desopacarse'", tras lo cual abona al fisco español 11.000 euros.
Lorente ha defendido que las entradas y registros en el domicilio y el despacho de Rato se hicieron con todas las garantías, frente a las alegaciones de indefensión realizadas por éste, y ha recordado que el volcado de los datos de un dispositivo se hizo en su presencia asistido por su abogada.
Rato, por su parte, afeó a Hacienda y Anticorrupción que actuaran con total impunidad en lo relativo a su persona, que al contrario que otros contribuyentes ha tenido que demostrar que no posee determinados bienes y no al revés.
Desde el principio, el exvicepresidente ha defendido que los documentos que han manejado se consiguieron mediante una entrada y registro de su despacho y de su domicilio que fueron ilícitos.
La presidenta de la Sala, Angela Acevedo, ha aclarado antes de cerrar la sesión que no es probable que la sentencia salga en pocos días, pero que la Sala será lo más diligente posible.
