Hace semanas que se ha instalado con fuerza en todos los análisis políticos la posibilidad de que las elecciones vascas tengan lugar el 21 de abril. El lehendakari no lo ha confirmado de manera pública y directa, aunque él mismo ha dejado caer que convocarlas en abril entraría dentro de la normalidad y no supondría decretar un adelanto electoral porque, en 2020, si no hubiera irrumpido la pandemia del coronavirus, los comicios hubieran tenido lugar también en abril. Para que las elecciones fueran el 21 de abril, el lehendakari tendría que disolver el Parlamento y convocarlas en la semana del 26 de febrero, un escenario prácticamente inminente que llegaría en cuestión de diez días. Con independencia de que esa sea la fecha escogida o no, la única certeza por ahora es que se está cumpliendo la promesa de Iñigo Urkullu, esa idea de cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía antes de finiquitar la legislatura. Sea esa la fecha o no, el objetivo se está cumpliendo y se llega con los deberes hechos y las manos libres para tomar una decisión.
Como ya informó este periódico, el Parlamento Vasco aprobará este jueves las tres últimas leyes pendientes, las únicas que se encontraban en una fase avanzada de tramitación y a falta de recibir el aval definitivo del pleno. La Cámara dará luz verde a las leyes de Infancia y Adolescencia y de Cooperación y Solidaridad, y la reforma de la Ley Trans, la de No Discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de estas personas. Las tres iniciativas se aprobarán con un consenso muy amplio que va más allá de la mayoría absoluta que tienen PNV y PSE. Tendrán el apoyo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU y, en el caso de la normativa de Cooperación, también del PP.
Con esta sesión, el Parlamento pondrá el broche final a la producción legislativa y elevará el contador hasta un total de casi sesenta leyes aprobadas en estos cuatro años, entre las cuales se encuentran varias iniciativas de país, que regulan servicios troncales, como las leyes de Educación, Salud, Empleo, Empleo Público, Cuerpos y Escalas de la Administración y la reforma de la RGI. La lista la completan otras iniciativas estratégicas como las leyes de Transición Energética y la de Memoria Histórica.
Acogida, transferencia y no mera encomienda de gestión
En el capítulo de las transferencias pendientes, el Gobierno vasco espera rematar este mismo mes con el español las tres competencias urgentes, las tres materias que tienen que llegar a la comunidad autónoma a la altura de marzo en virtud del pacto que firmó el PNV para la investidura de Pedro Sánchez como presidente español. La consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha contribuido a alimentar la sensación de que todo va sobre ruedas incluso sobre el traspaso que parece que está o estaba menos avanzado, la segunda fase de acogida a los refugiados y migrantes. En ese sentido, en Radio Euskadi, vino a decir que, si acaso, sí hubo una discusión en una fase previa sobre si tendría que producirse una transferencia o una mera encomienda de gestión, pero finalmente el Gobierno vasco ha logrado aclarar ante el español que Euskadi debe asumir la transferencia con carácter definitivo.
La consejera Olatz Garamendi admitía el martes que hay “grandes avances” en las tres, en la transferencia de los trenes, la convalidación de títulos universitarios extranjeros y la segunda fase de acogida de los refugiados y migrantes, aunque en esta última aseguró que los trabajos están siendo más lentos. Melgosa ha aclarado este miércoles que no se está poniendo en duda el traspaso. “Si la consejera Garamendi dice que va, va. Hubo una discusión, y creo que ya no la hay, pero fue que se viera como encomienda gestión o como transferencia. Nosotros queremos una transferencia, no una encomienda de gestión”, zanjó. Garamendi ya insinuó el martes que había surgido cierta disparidad de criterios en ese terreno cuando comparó este traspaso con lo vivido con el IMV, donde también el Estado pretendía una encomienda de gestión y finalmente se pactó una transferencia íntegra, avalada además por el Tribunal Constitucional y por el rechazo al recurso de Vox.
Sobre el contenido de esta materia, Melgosa volvió a explicar para evitar posibles malentendidos o comparativas con el discurso de Junts que la llegada de migrantes a territorio estatal es “competencia exclusiva del Gobierno español”, pero Euskadi entraría en la segunda fase: “Cuando se ubican en las comunidades autónomas, esa fase de autonomía la queremos regular nosotros, porque ya lo hacemos desde el Gobierno y las instituciones vascas. Cuando llega una persona a Euskadi, se trabaja en el padrón, en cursos de formación, en idiomas... Pedimos que nos dejen hacer ese proceso bien, que nos dejen hacer ese itinerario con calidad, porque conocemos la realidad de nuestros pueblos y tendremos éxito”.
Junta Electoral y transferencias
Hasta ahí las explicaciones públicas del Gobierno vasco. A partir de ahí, ¿dará tiempo a cerrar estos traspasos antes de la disolución del Parlamento? Aquí surge un importante matiz que da un margen mayor para seguir cerrando flecos incluso con las elecciones convocadas. El Gobierno vasco no entrará en funciones hasta que se celebren las elecciones. Por lo tanto, todavía le quedarían semanas por delante para cerrar esas transferencias. No habría problema con hacerlo en puertas de los comicios. La Junta Electoral ya dictaminó en 2020, tras una queja de EH Bildu, que el Gobierno vasco puede firmar transferencias, siempre y cuando no incurra en un alarde y un despliegue mediático que entre en el terreno del autobombo. EH Bildu pidió que la reunión de la Comisión Mixta, que iba a firmar tres traspasos, se aplazara para que no se produjera en puertas del inicio de la campaña de las autonómicas del 12 de julio, o bien que se fijaran medidas cautelares.
Sin minutos de la basura
En cuanto al tercer flanco que planteó el lehendakari, el cumplimiento de 100 iniciativas pendientes, en ese terreno las carpetas también se van cerrando con la reducción de las listas de espera en Osakidetza, se han alcanzado los 5.000 millones de euros en emisiones de bonos sostenibles, se ha abierto la oficina en Quebec y el 20 de febrero se podrá solicitar la ayuda de emancipación de 300 euros al mes para los jóvenes de entre 25 y 29 años, entre otras medidas. Al margen de la fecha que se escoja para las elecciones, Urkullu ha logrado transmitir que esta última fase ha sido una etapa productiva, alejada de los “minutos de la basura” que auguró Arnaldo Otegi desde EH Bildu.
