Decía el lehendakari que no va a pulsar el botón rojo de las elecciones vascas hasta que se avance en el cumplimiento de las iniciativas que ha prometido su Gobierno y, según dijo hace unos días a la oposición, hasta que deje el mejor legado posible a su sucesor en Ajuria Enea. Y, en ese sentido, esta semana sin ir más lejos va a quedar cerrada una de las carpetas más relevantes a tales efectos. El Parlamento va a dejar finiquitada este jueves la producción legislativa con la aprobación de las tres leyes pendientes, la de Infancia y Adolescencia, la de Cooperación y Solidaridad, y la de No Discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas trans. Se votarán en ese orden en un nuevo superpleno, una sesión que dejará aprobadas estas iniciativas con carácter definitivo. Estas eran las tres únicas leyes que tenían opciones de entrar en vigor antes de que terminara la legislatura por tener muy avanzada su tramitación. Parece asumido que la de Transparencia no correrá la misma suerte porque aún deben escucharse algunas comparecencias y, además, no se dan las condiciones para buscar un respaldo que vaya más allá de la mayoría absoluta que suman PNV y PSE, ya que la oposicion ha sentenciado que no hay tiempo y ha reducido la presentación de esta ley a un intento de cubrir el expediente.
El pleno aprobará las tres iniciativas de la consejería de Nerea Melgosa con un amplio consenso. El dictamen de la Ley de Infancia y Adolescencia ya fue validado en comisión con los votos afirmativos de PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU (el PP se abstuvo). Los dos partidos que componen el Gobierno se comprometieron con la oposición a mejorar de manera progresiva los permisos para el cuidado, y fijaron límites más estrictos para la publicidad, que no podrá utilizar a niños y niñas en anuncios de comida rápida o bebidas energéticas por su impacto en la salud, y que tampoco podrá ser engañosa ni inducir a pensar a esos niños que van a ser más populares o fuertes por consumir ciertos productos.
La Ley de Cooperación, por su parte, saldrá adelante con el respaldo de estos cuatro grupos y también del PP. La principal novedad de esta norma radica en que el Gobierno vasco tendrá que destinar el 0,7% de su Presupuesto a esos objetivos solidarios. Por último, la reforma de Ley de No Discriminación hacia las personas trans verá la luz con un respaldo muy amplio tras la incorporación de EH Bildu a la iniciativa que habían impulsado PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. El PP votó en contra en comisión. EH Bildu puso en valor en su momento que se establecerá una fecha conmemorativa y cláusulas en los convenios laborales para evitar una discriminación.
En el pleno del jueves se debatirán otros puntos: una moción del PP sobre la seguridad en el centro de menores Ibaiondo, otra de C’s sobre la continuidad del modelo A en castellano en las escuelas, y dos proposiciones no de ley de EH Bildu para “interrumpir el declive” de los servicios sanitarios en la OSI Araba, y para que Google y Meta no discriminen el euskera.
100 iniciativas muy avanzadas
Es cierto que estos días en las sesiones plenarias no se han debatido únicamente las iniciativas del Gobierno vasco, sino que también se están votando las propuestas de la oposición, como lo demuestra el orden del día de este jueves, pero parece inevitable preguntarse a estas alturas si la próxima decisión del lehendakari será disolver el Parlamento y convocar las elecciones. Desde Lehendakaritza no sueltan prenda porque Iñigo Urkullu aún no ha comunicado sus intenciones. Tampoco se pronuncian sobre la fecha que está sonando con más fuerza, el 21 de abril. Si esa fuera la fecha escogida, el Parlamento tendría que disolverse 54 días antes, es decir, en la semana del 26 de febrero, lo que supondría que, además de esta semana de plenos, el Parlamento también estaría abierto la siguiente.
En cualquier caso, el lehendakari matizó en el propio Parlamento que la fecha de las elecciones no solo depende de las leyes pendientes, sino que también espera cumplir 100 iniciativas y cerrar tres transferencias de competencias con el Gobierno español. En ambos terrenos se esperan avances en breve y que tampoco de demoren en exceso. Es más, en el capítulo de las iniciativas, varios de los puntos citados por el lehendakari se han cumplido ya, como alcanzar los 5.000 millones en emisiones de bonos sostenibles, abrir una oficina en Quebec, o reducir las listas de espera en Osakidetza a 65 días para operaciones y a 48 horas en atención primaria. En otros casos, su cumplimiento es inminente, como la puesta en marcha de las ayudas de 300 euros a la emancipación para personas de entre 25 y 29 años, una ayuda que se podrá pedir a partir del 20 de febrero. Urkullu aludió igualmente al impulso de la macrorregión atlántica, que él mismo ha tratado de mover en sus encuentros con autoridades de la Comisión Europea.
Las transferencias
En el caso de las tres competencias que negocian los gobiernos vasco y español, y que tendrían que estar transferidas a la altura de marzo en virtud del pacto que firmó el PNV para la investidura de Pedro Sánchez, el Estado lleva semanas alentando la idea de que el acuerdo está al caer. El ministro Torres dijo en el Congreso que está en condiciones de anunciar la convocatoria de una comisión bilateral con Euskadi, y el delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, aventuró que el acuerdo llegaría este mes de febrero sobre los traspasos de los trenes de cercanías, la convalidación de títulos universitarios extranjeros, y la segunda fase de acogida de los refugiados. Sin embargo, la consejería de Olatz Garamendi, aunque confirma que los contactos y los trabajos siguen, ha dejado caer que la negociación no está tan avanzada.
Los mensajes que se lanzan son crípticos para preservar la discreción, pero da la sensación de que la oferta es incompleta o de que se espera un impulso político de Sánchez como presidente para rematar estas tres materias. A diferencia de años anteriores, eso sí, nadie piensa que Sánchez quiera guardarse esta baza para negociar los Presupuestos. También queda pendiente alcanzar un acuerdo competencial sobre la Ley de Vivienda del Estado, porque el plazo para recurrirla o no expira en febrero. Todos los factores confluyen. Además, incluso convocando las elecciones ahora, el Gobierno no estaría en funciones hasta los comicios y podría seguir negociando las transferencias.
¿Quiere esto decir que la convocatoria electoral está al caer? Nadie responde. Por ahora, esta sucesión de acontecimientos solo sirve para constatar que Urkullu está tratando de cerrar esta etapa cumpliendo la palabra dada.
