El tejido empresarial y laboral vasco ya está sufriendo las consecuencias de los conflictos abiertos en Oriente Medio. En realidad, se trata de efectos ya conocidos por shocks previos, como la guerra de Ucrania, los episodios inflacionarios o los aranceles de Estados Unidos. Básicamente, energía y materias primas más caras, además de dificultades para garantizar el acceso a la cadena de suministros y más problemas a la exportación. Pero el impacto va a tener también ramificaciones en las familias, con facturas de electricidad más caras y posibles afecciones en el empleo si la situación se grava sin un horizonte de solución a corto plazo.
El Gobierno Vasco anunció hoy la puesta en marcha inmediata de un “escudo industrial” para proteger la industria y el empleo porque la situación abierta en Oriente Medio es la “mayor amenaza energética y logística” para las pymes vascas en el último lustro, explicó el consejero de Industria, Mikel Jauregi. Con este primer paquete de medidas, Euskadi se anticipa porque “actuar rápido puede marcar la diferencia”. En total, serán 1.047 millones de euros estructurados en cuatro bloques de actuación: herramientas de apoyo financiero para las pequeñas y medianas empresas (450 millones), transformación y diversificación de las pymes (277 millones), autonomía en materia energética (215 millones) y protección del empleo (105 millones).
En realidad, tal y como explicó el consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, las medidas suponen una “ampliación” del esquema de ayudas surgido tras la implantación de los aranceles en Estados Unidos por parte de la Administración Trump el pasado año, y propuestas que se debatieron en la reunión del Grupo para la Defensa Industrial de la semana pasada. Así, el principal apartado lo constituyen las medidas de apoyo financiero a las pymes, que supone reactivar una herramienta de tipo “extraordinario” activada el pasado año y que ha demostrado ser “fundamental” para sostener la actividad industrial de la CAV, según el Gobierno Vasco.
Consistirá en una línea de avales, gestionada por Elkargi, a la financiación concedida por el Instituto Vasco de Finanzas y entidades financieras, y tendrá un importe de 450 millones. Las condiciones serán que las pymes que aspiren a recibir esta ayuda deberán operar en sectores con “exposición significativa” al mercado de Estados Unidos y a la guerra en Oriente Medio, y deberá ser destinada a financiar “tensiones” de liquidez y capital circulante. El segundo eje será el de la transformación de las pymes, con el acento puesto en la digitalización y la descarbonización, y la diversificación de sus productos, servicios y mercados. En total, serán 277 millones en ayudas “para que Euskadi siga siendo netamente exportadora”. Apartados como la I+D+i, la cibersguridad, la compra de maquinaria avanzada o la Inteligencia Artificial serán algunos de sus pilares.
Por otro lado, y en línea con otras actuaciones estratégicas que nacieron tras comprobarse la alta dependencia de Euskadi a las energías fósiles del exterior, otro de los aspectos en los que se busca profundizar es el de la autonomía energética, con 215 millones de euros en ayudas. De esta forma, y con el objetivo de que la industria vasca sea “menos vulnerables” ante episodios así, el Gobierno Vasco, mediante el EVE, va a apostar por la coinversión en “grandes proyectos fotovoltaicos y eólicos”, con una dotación de 80 millones de euros hasta el 2030. Por otra parte, para incrementar el consumo de energías renovables como el hidrógeno verde, el paquete de ayudas, con 75 millones en este apartado, trabajará en la coinversión en infraestructuras energéticas ligadas al hidrógeno y al dióxido de carbono.
Por último, en el ámbito de la protección del empleo, se destinarán 105 millones de euros en ayudas. El grueso de esta ayuda se destinará a programas de fomento a la contratación con discriminación positiva para aquellas personas en desempleo o empresas afectadas, para los que se reservan 100 millones de euros. Otros ámbitos de actuación son los complementos de prestaciones por desempleo para personas trabajadoras en ERTE, más vulnerables y con salarios más reducidos, así como la recualificación y recolocación de personas provenientes de sectores afectados, y ayudas a la economía social para establecer un paquete de medidas extraordinarias a las sociedades laborales y cooperativas con pérdidas económicas directas.
Al margen de estas medidas adoptadas desde su ámbito de competencias, el Gobierno Vasco ha trasladado al Ejecutivo central un decálogo de propuestas para la reducción de la factura eléctrica, como explicó la semana pasada el propio lehendakari, Imanol Pradales. Entre estas propuestas, se encuentra la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 5% para los hogares, así como eliminar el impuesto de generación eléctrica y reducir los peajes energéticos para las empresas.
