El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Azpeitia ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta en 2014 por la Diputación de Gipuzkoa por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos en las obras de la AP-1 en el tramo Eskoriatza norte-Arrasate norte. El Juzgado considera que “de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa”, impulsada durante el Gobierno Foral liderado por Bildu entre 2011 y 2015, y acuerda su archivo provisional en un auto que no es firme y contra el que cabe recurso. La coalición soberanista dispone de cinco días para presentarlo.

En aquella acción judicial, personificada contra Iván Fernández de Landa, Agustín Zugasti y Juan Bautista March, “se denunciaban unas supuestas desviaciones injustificadas en las liquidaciones y unos sobreprecios, los cuales habrían supuesto perjuicio económico para la Diputación Foral de Gipuzkoa”. Según el auto de la magistrada Claudia Núñez, fechado el 7 de febrero en Azpeitia, "de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa".

Bildu presentó sus propios informes periciales, encargados a las empresas Urak Bide e Ingeotyc SA. En el proceso judicial, ''se considera comprobado que ninguno de los informes empleados para la interposición de la querella y su ampliación reflejan la realidad de las mediciones reales de la obra, evidencian una sistemática carencia de análisis al tener en cuenta solo parte de los documentos existentes, se adoptan en muchos casos valores de pérdida erróneos, realizados por terceros sin su debida revisión e incluso se realizan cálculos erróneos que dan lugar a valores erróneos, por lo que la totalidad de los informes revisados no pueden considerarse válidos”.

La de la Diputación, bajo el Gobierno del PNV y el PSE, no fue la única impugnación que recibieron esos informes periciales de Bildu. Dos de los acusados, Agustin Zugasti e Iván Fernández de Landa, rechazaron las acusaciones de la coalición soberanista con sus propios dictámenes periciales. En el caso de este último, el informe “la obra contratada tuvo importantes incrementos de presupuesto y plazo por causas ajenas a UTE Laurena, ocasionándole importantes pérdidas. Se pueden justificar y, así se hace en este informe, todos y cada uno de los aspectos que en el informe Munitxa y en el Dictamen Ingeotyc se presentan como pagados en exceso de liquidación. Todos los conceptos y cantidades incluidos en la Liquidación Final de la obra se corresponden con trabajos realizados por Ute Laurena y que en muchos casos no se abonaron en su integridad”.

La causa también fue remitida al Tribunal Vasco de Cuentas y a la Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa, que terminaron archivando las actuaciones. Los primeros, “con base a lo expuesto y vista la documentación aportada, como son los informes técnicos emitidos por los ingenieros del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación y de la sociedad pública foral Bidegi S.A, poniendo de manifiesto los errores cometidos en los informes que dieron origen a las querellas interpuestas a juicio de esta Delegada Instructora no se dan los requisitos preceptuados en los artículos 49, 59.1 y 72 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas para generar responsabilidad por alcance”.