El Grupo de Apoyo a Pablo González pide al Gobierno español que pida su traslado al Estado hasta que se celebre el juicio

Estas peticiones han sido formalizadas por el colectivo creado para apoyar a González, a través de una carta remitida al Congreso de los Diputados y a su presidenta, Francina Armengol.

La misiva solicita al Ejecutivo español que realice "las gestiones oportunas para lograr la libertad o, en su caso, la libertad vigilada" en el Estado español "y un juicio justo" para el periodista, "detenido en Polonia desde el día 28 de febrero de 2022 --cuando cubría la crisis migratoria de ucranianos por la invasión rusa--, sin cargos ni aportación de supuestas pruebas de acusaciones a su defensa".

En este sentido, recuerda que la confirmación de su detención y la declaración de cargo no se conoció hasta el 3 de marzo, día en el que Stanislaw Zaryn, portavoz del Ministro Coordinador del Servicio Secreto polaco, aseguró que Pablo González fue detenido con dos pasaportes y dos tarjetas de pago de bancos rusos para dos identidades diferentes, y que "había realizado actividades de espionaje", no solo en el país polaco, sino también en Ucrania y en otros lugares, acusaciones que, según asegura el Grupo de Apoyo, fueron "refutadas" desde el principio.

Pese a todo, denuncia que "se le tiene encarcelado en la prisión de Radom, conocida como el Guantánamo polaco, por su uso fuera de las normas de un Estado de Derecho, de detenciones y sevicias clandestinas a personas de terceros países".   

LA ACTITUD DE ALBARES

Tras relatar numerosas 'irregularidades' que, a su juicio, se han producido en el proceso seguido contra González, lamenta que el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, "se ha hecho eco acrítico de las declaraciones de Zaryn y no ha defendido, como mínimo, la presunción de inocencia" del periodista. "No ha querido tener ninguna entrevista con la esposa o el Grupo de Apoyo durante todo este tiempo, a pesar de las ocho peticiones realizadas por el momento", censura.

La carta recuerda que Pablo González tiene doble nacionalidad, española y rusa, y por lo tanto dos pasaportes, por ser descendiente de un niño de la guerra civil española. Además, es titular de una cuenta en una entidad española que "los polacos confundieron con una rusa" y en la que su padre ingresaba "alguna cantidad de dinero".

"Los procedimientos procesales y trato carcelario son manifiestamente mejorables y no se sabe de ninguna gestión o queja del Gobierno español al respecto", reprocha.

El Grupo de Apoyo destaca que Pablo González ha estado "muchos meses incomunicado" y ahora permanece 23 horas al día "en una celda de cinco metros cuadrados, sin luz natural, con una hora de paseo en un patio diminuto". Asimismo, se le impide hablar telefónicamente o por internet y ver a su esposa e hijos.

"Sus hijos menores no han oído la voz de su padre desde hace más de 600 días. El más pequeño tiene por ello problemas psicológicos. Pablo también los ha sufrido, como es lógico en esas condiciones que calificamos de tortura psicológica", asegura. A su esposa sólo le han sido permitido visitarle en dos ocasiones y siempre en presencia de agentes del Estado polaco. Las cartas son abiertas y sufren retrasos en su entrega o envío durante meses, en el caso de que se entreguen.

También subraya que el servicio consular español destinado en Polonia ha cumplido su régimen de visitas pero no ha podido lograr una mejora de la situación presidiaria González. Tampoco se le permite proseguir en prisión sus estudios de doctorado.   

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA

La misiva manifiesta que Polonia "ignora" las recomendaciones de la Comisión Europea a los Estados miembros sobre la reclusión, que incluye normas sobre el contacto con los abogados y con el exterior, así como sobre el uso de medidas especiales, como el confinamiento en régimen de aislamiento.

Por último, el Grupo de Apoyo reclama que el Gobierno español pida al polaco la aplicación de la Decisión Marco del Consejo que permite que un detenido "sea objeto de una medida de vigilancia en su país hasta que el juicio se celebre, en lugar de ser sometido a prisión preventiva en un país extranjero".

De esta forma, pretende que el Ejecutivo de España "ejerza su influencia, incluso en el ámbito europeo, para que Pablo González salga de esa horrible celda y de la prisión de Radom, que tenga las condiciones dignas, que se respete su derecho a la defensa, su derecho a la comunicación familiar, que se cumplan las leyes, recomendaciones y decisión europeas, que pueda regresar a España con su familia y amigos, y en su caso, se celebre un juicio con todas las garantías cuanto antes y que, mientras tanto, pueda esperar el juicio en España".