Alberto Núñez Feijóo quiere llegar a La Moncloa, y parece que los caminos que pueden conducirlo a su destino se reducen a uno solo: el apoyo de la ultraderecha de Vox. El programa para las elecciones generales del 23 de julio que presentó el martes el PP, titulado Un proyecto al servicio de un gran país, no incluye contenidos pensados para pactar con los nacionalistas vascos y catalanes, sino que ahonda en las políticas concebidas para uniformizar desde el Estado la educación, el mercado o la salud, y aborda el problema de encaje de los distintos sentimientos de pertenencia desde una visión punitiva y con el Código Penal en la mano.

Incluso se aprecia un endurecimiento del discurso del PP. Su programa para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo caía en contradicciones que le restaban credibilidad, pero al menos sí incluía una mención explícita al “compromiso con la España de las autonomías y un adecuado desarrollo del proceso de descentralización”. Ahora no se expresa en esos términos. Se limita a constatar que las crisis financiera y sanitaria demuestran que es necesario reforzar los mecanismos de cooperación, lo que para algunos podría sugerir de manera velada un ejercicio de autocrítica por el papel del Estado con las medidas económicas centralizadoras del popular Mariano Rajoy a partir de 2011, o al mando único del socialista Pedro Sánchez durante el covid. Pero no parece que vaya por ahí porque se convierte inmediatamente en una apuesta por eliminar “duplicidades”.

"Delimitar el marco competencial"

En concreto, el programa aboga por la “lealtad institucional”, sin tomar decisiones unilaterales, y admite que las “crisis financiera y sanitaria demuestran que es necesario reforzar los mecanismos de cooperación, empezando por la Conferencia de Presidentes”. “Dotaremos de una definición más precisa a los principios de lealtad institucional, cooperación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, y de estas entre sí. Estableceremos procedimientos adecuados para su realización”, sostiene, de manera genérica.

¿Quiere esto decir que habrá una relación de mayor respeto hacia las competencias autonómicas, un sistema de garantías, o una mayor descentralización? No lo parece. Aquí emerge la figura de las duplicidades, la idea de evitar que dos o más administraciones se solapen haciendo el mismo trabajo. La experiencia indica que, cuando se abre esta caja de los truenos, rara vez es el Estado quien cede el mando, y menos aún ahora que el PP depende de Vox, una formación que ve a las comunidades autónomas como un sobrecoste económico innecesario. “Delimitaremos con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas y la duplicidad de las mismas”, dice el programa del PP. 

Sin menciones a la foralidad

No se detalla si este objetivo va dirigido a las comunidades de régimen común o a todas por igual, también a las históricas y las que tienen una singularidad foral, como la vasca y la navarra. El programa no recoge ninguna mención a los fueros, el Concierto Económico y el Convenio navarro, ni a realizar las transferencias que recogen los Estatutos de Autonomía, pero sí se acuerda de plantear la reforma de la financiación para los territorios de régimen común. Lo que sí ha evitado Feijóo es poner por escrito la apuesta de su antecesor Pablo Casado, la devolución de competencias al Estado, como la de prisiones que gestiona Euskadi desde 2021, una propuesta sin solidez legal pero que se agitó en su momento para recuperar el voto de Vox.

Prueba estatal de acceso a la universidad y lenguas

Al margen de estos principios generales, el programa uniformiza áreas concretas de gestión. Y la educación es el campo que más quiere tutelar el PP desde el Gobierno español. El programa anuncia que reformará la Lomloe de Isabel Celaá y garantizará que, “en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, ambas tengan la consideración de vehiculares de acuerdo con el patrón de equilibrio lingüístico”. Es una declaración de guerra para el modelo de inmersión de las escuelas catalanas y también es potencialmente problemático para el pacto educativo vasco que sellaron PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, que apuesta por un sistema plurilingüe y por dar libertad a los centros escolares para que refuercen un idioma u otro, con tal de alcanzar el dominio de ambas lenguas cooficiales al final del recorrido. El PP de Iturgaiz ya puso en el disparadero este pacto.

La tutela se extendería al temario que se imparte en las aulas, puesto que Feijóo busca reforzar “los contenidos curriculares”, y “una prueba de acceso a la universidad, Ebau, común para todo el territorio nacional, cuyas condiciones básicas, incluyendo su evaluación, deberán ser fijadas por el Gobierno”. Añade que se consultará previamente con las comunidades y las universidades, pero el objetivo declarado es “garantizar la igualdad de oportunidades”, lo que anticipa el control de los contenidos. La propuesta de la prueba única de acceso ya aparecía en el programa del 28-M y es un viejo argumento en el discurso del PP, que lleva años quejándose de que muchos alumnos se quedan fuera de ciertas carreras universitarias en sus comunidades, pero otros alumnos de fuera, con pruebas más sencillas, sí pasan. Se agita un mensaje de agravio o injusticia, que en la práctica pone las bases para uniformizar.

Las "maquinaciones" contra España

El programa prescinde de las sutilezas o la ambigüedad al abordar el problema catalán, donde Feijóo se lanza a por el voto de la derecha más dura apostando por reprimir cualquier “maquinación” contra España. Este enfoque no casa con las declaraciones que realizaba recientemente el propio Feijóo, cuando reconoció el “error” cometido por su partido en Catalunya y anunciaba que ese territorio sería una prioridad en su acción política. El programa no apunta a ningún tipo de deshielo. Si el PP logra gobernar, recuperará “el delito de sedición del Código Penal para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional”, y la redacción más dura de la malversación. 

Pero va más allá y no solo apunta a la posibilidad de penalizar los referendos, sino que pone la lupa de manera genérica sobre cualquier “maquinación” contra España, lo que deja un margen amplísimo para la incertidumbre en lo que se refiere a las conductas que castigaría el PP. “Regularemos también otras conductas de deslealtad (…) dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas, o maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional”, dice.

Unificar el mercado y una agencia estatal de salud

La presentación de propuestas recentralizadoras en el programa del PP no se debe en muchos casos a un error de cálculo o falta de conocimiento sobre los temas que levantan más ampollas entre los nacionalistas vascos y catalanes. Se reincide en algunas medidas que ya habían resultado polémicas en el pasado, incluso en la relación entre Rajoy y el PNV, cuestión que debería conocer Génova de primera mano. 

El PP, por ejemplo, anuncia “medidas para garantizar la competencia con la unidad de mercado”. Esta cuestión ya fue problemática durante el Gobierno de Rajoy, durante la ofensiva recentralizadora de la crisis financiera, y provocó que el PNV votara en contra de su Ley de Unidad de Mercado. “Reduciremos la fragmentación normativa y eliminaremos barreras injustificadas a las empresas, a través de la racionalización de la normativa autonómica y la promoción del reconocimiento mutuo de permisos y licencias en todo el territorio español”, completa el programa, que al mismo tiempo había prometido más cooperación tras lo vivido en la crisis financiera y, sin embargo, recupera los debates que ya hicieron saltar chispas. En el otro lado de la balanza, se apuesta por la “cogobernanza” de los fondos europeos, pero este término lo ha utilizado también Pedro Sánchez sin que se haya traducido en una participación destacada de Euskadi, de manera que por sí solo ya no es garantía de nada a estas alturas del debate.

En materia de salud, se retomará la creación de la Agencia Estatal de salud pública “garantizando la participación de las comunidades”. Es un punto que el PNV ya señaló como polémico durante esta legislatura, con el socialista Pedro Sánchez, porque la Ley vasca de Salud ya recogerá una agencia propia. El programa anuncia también un Plan Nacional contra las agresiones a profesionales sanitarios. Los planes estatales son siempre caldo de cultivo para la discrepancia, y en este programa se citan varios: sobre actividad física, ganadería y agricultura sostenibles, formación, suicidio...

En materia de vivienda, se anuncia la derogación de la ley de Sánchez, pero se propone un “pacto de Estado” al respecto. El PNV ha defendido que la competencia es autonómica y el Estado no debe regularla.

Pedir perdón para ser elegido

En un contexto de presión interna por parte de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el PP trata ahora de impedir que sean cargos públicos no solamente aquellos condenados por terrorismo que tengan penas sin cumplir, sino también los que no hayan pedido perdón, algo escasamente viable. Su programa para las generales anuncia una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para “impedir” que puedan ser elegibles “sin acreditar arrepentimiento, perdón y resarcimiento a las víctimas y colaboración con la justicia” y si están en busca y captura. Se rechaza también “cualquier tipo de negociación o acuerdo de gobierno con fuerzas políticas que, como Bildu, incluyan o hayan incluido a condenados por terrorismo en sus candidaturas o en sus estructuras orgánicas”.