La disputa que ha estallado entre el PNV y el Gobierno español, sobre todo por la Ley de Vivienda estatal pero también por la Ley de Familias, es solo la punta del iceberg. Es un episodio más en el continuo toma y daca con el grupo jeltzale, molesto por la aprobación de decretos y normas que entran a regular materias a pesar de que hayan sido transferidas a las comunidades autónomas, y que el Ejecutivo de Sánchez defiende con el argumento de que el Estado tiene que poner cierto orden y armonizar la actuación de los territorios.
Este conflicto no es exclusivo de esta legislatura, sino que ha sido una constante en las últimas décadas y vivió uno de sus momentos álgidos con el Gobierno del PP de Rajoy, con el pretexto de que la crisis financiera de 2008 obligaba a tomar medidas. Pero sí se esperaba otra receptividad en un gobierno del PSOE y Podemos, en teoría más sensibles con el carácter plurinacional del Estado y que, al fin y al cabo, tienen como socios de investidura a partidos nacionalistas como PNV y ERC. Muy al contrario, en esta legislatura que llegará a su final en diciembre, el PNV no ha podido bajar la guardia en materia competencial, en algunos casos sus quejas no se han atendido, y en otras sí se han acordado salvaguardas en leyes como las de Empleo, EPSV, Audiovisual, Infancia, Universidades y Cooperación al Desarrollo.
El Plan Anual Normativo para este último año 2023, un año electoral, mantiene o redobla las leyes que pretenden uniformizar la actividad de las comunidades autónomas, a través de normativa básica para “homogeneizar” condiciones o, en cuestiones referidas a la economía como la Ley de Industria, se recurre al comodín del artículo 149.13 de la Constitución, que atribuye en exclusiva al Estado la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Es el mismo artículo que invocó muchas veces Rajoy en la crisis financiera y es tan genérico que vale para un roto y para un descosido. Es evidente que casi ninguna de estas leyes verá la luz en el medio año que le queda a la legislatura, pero suponen una declaración de intenciones en un momento preelectoral.
En algunos ámbitos, como los bomberos forestales, el PNV ya está negociando un blindaje competencial. En el Plan para 2023 aparece también un paquete de iniciativas para la cohesión en materia sanitaria, o la cartera básica de servicios sociales, área que depende de la ministra Ione Belarra, de Podemos, con quien han surgido otros desencuentros en el modelo de residencias, la Ley de Familias o el Bienestar Animal.
En esta denuncia, el PNV no ha tenido siempre al lado a EH Bildu, que cree que el grupo jeltzale utiliza como coartada el autogobierno para no apoyar ciertas leyes. Pero, lejos de ser esta invasión competencial una apreciación personal del PNV, en realidad el propio Plan Normativo 2023 del Gobierno español reconoce, por ejemplo, en el capítulo de los incendios forestales, que los proyectos estatales están sujetos a evaluación por la “conflictividad previsible con las comunidades autónomas”, porque estas cuentan con competencias exclusivas. A pesar de reconocer esta competencia, lo cierto es que el plan lanza la idea de legislar en esa materia. Sobre la Ley de Vivienda, el propio Sánchez respondió el 19 de abril en el Congreso que “la labor que tiene el Estado es tratar de alinear todas las políticas públicas vinculadas” con la vivienda.
Los acuerdos con el PNV
El PNV ha anunciado en el transcurso de la legislatura varios acuerdos para salvaguardar las competencias vascas. Ha sido así en el caso de la Ley Audiovisual, donde la negociación con el PNV borró los artículos que suponían una injerencia en el modelo de gobernanza de EITB; la Ley de Promoción de Planes de Pensiones, donde se introdujo una salvaguarda para garantizar la existencia del modelo vasco de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV); la Ley de Empleo, con un blindaje de las competencias vascas en fomento del empleo; la de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que finalmente reconoció la capacidad de actuación de las comunidades autónomas y entes locales; la Ley de Protección Integral a la Infancia, que terminó apoyando el PNV en el Senado tras proteger las competencias de las diputaciones forales; o las leyes del Sistema Universitario, que permitirá desarrollar un modelo vasco, y de Formación Profesional.
En cartera o en trámite
Tras una etapa marcada por el coronavirus, el mando único de Sánchez y las medidas uniformizadoras, esa tendencia se ha mantenido y se ha comprobado que no era coyuntural ni se debía solo a la emergencia sanitaria. Se ha abierto otra fase conflictiva por las leyes que tienen el objetivo de homogeneizar políticas sociales u otros ámbitos de gestión fijando una serie de condiciones o medidas comunes, y dejando a las comunidades el cometido de ejecutarlas. A estas leyes se les suma la de Seguridad Nacional, que el Gobierno español ya tuvo que tramitar con el PP mientras el PNV denunció una invasión competencial y una ausencia de respeto a la Ertzaintza como Policía integral.
El contador sigue subiendo también por el flanco de Podemos, desde el ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, no solo por la Ley de Familias que acaba de presentar y que el PNV ya ha enmendado a la totalidad, sino también por su modelo de residencias, aprobado por tan solo un voto de margen en el Consejo Territorial con las comunidades autónomas, y con el voto en contra del Gobierno vasco. Establece que los nuevos centros que se construyan deberán respetar un máximo de plazas de 120 en zonas urbanas de alta densidad, y 75 en las rurales, y establecer grupos de convivencia estables con 15 residentes. El PNV también votó en contra de su Ley de Bienestar Animal por invasión competencial. A futuro, el Plan 2023 recoge una Ley de Condiciones Básicas para la Igualdad en el Acceso y Disfrute de los Servicios Sociales con el objetivo de establecer una cartera común para todo el Estado que facilite la movilidad entre territorios y que se discuta en la Conferencia Sectorial del ramo con todas las autonomías.
El PNV cree que estas medidas suponen una injerencia, no solo porque Euskadi tiene competencias, sino también porque cuenta con un modelo de protección social que cree que es pionero, con medidas como la propia RGI que emuló Podemos a la hora de activar el IMV y que superan en cobertura a otros modelos en el resto del Estado.
En otras áreas de gestión, el Plan 2023 confirma la Ley de Industria, “de carácter básico”, para “actualizar los mecanismos de coordinación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias”. Se ampara en el artículo 149.13, que atribuye de manera genérica al Estado la planificación de la economía. El plan recoge igualmente un paquete con hasta dos leyes sobre los agentes y bomberos forestales, y cinco decretos sobre las condiciones de seguridad en los incendios, una simbología común en los mapas y medios aéreos, que pretenden “disponer de una legislación homogénea”. En el caso de los decretos, que el plan justifica con el argumento de que se debe facilitar la “colaboración interregional o internacional”, se admite que la competencia para configurar los dispositivos de incendios forestales es exclusivamente de las comunidades y que la “conflictividad” con los gobiernos autonómicos es “previsible”. En estos momentos se encuentra abierta una negociación sobre los bomberos con el PNV que se espera que se salde con una salvaguarda.
El Plan 2023, por otro lado, recoge la Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que ejercerá competencias de vigilancia, evaluación de políticas públicas y coordinación, y en paralelo se tramita ya la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud que tiene como objetivo poner condiciones para la gestión indirecta de la salud (privatizaciones), un fin que comparte el PNV, pero que quiere que se regule desde las comunidades. No pidió la devolución del proyecto, pero quiere resolver ese flanco competencial.
