El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido "perdón" a las familias de las víctimas de la matanza de Pasaia (Gipuzkoa), en la que cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas murieron en 1984 por disparos de la Policía Nacional, por no haberles entregado "antes y en persona" el informe de la UPV/EHU que apunta a que estas muertes pudieron ser una "ejecución extrajudicial".
Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu en torno a la forma en la que el Gobierno autonómico ha tratado a los familiares de Dioni Aizpuru, José Mari Izura, Rafa Delas y Pedro Mari Isart, los fallecidos en Pasaia el 22 de marzo de 1984 por disparos de la Policía.
El parlamentario Julen Arzuaga ha lamentado que el Gobierno vasco haya tardado tres años en entregar el informe que, a petición del propio Ejecutivo, ha realizado la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU en torno a este caso.
El informe señala que los distintos aspectos analizados conforman "un conjunto de presunciones de hecho" que apuntan a que estas muertes, por las que ninguna persona ha sido condenada, pudieron constituir una "ejecución extrajudicial" por parte de la Policía.
Autocrítica
En su respuesta, Iñigo Urkullu ha reconocido la necesidad de hacer un ejercicio de "autocrítica" por no haber presentado el informe a las familias de las víctimas "antes" y "en persona", así como por no haber dado a conocer el documento en un acto público.
De esa forma, ha pedido "perdón" a los familiares de estas víctimas, con las que el Gobierno vasco, según ha informado, ya mantuvo un encuentro este pasado jueves.
En todo caso, ha subrayado que el informe sobre estos hechos "no se ha escondido" y que el Gobierno vasco "no renuncia" a aclarar lo sucedido en Pasaia. En este sentido, ha afirmado que aunque no se ha entregado a la familia hasta hace unos días, el informe de la UPV/EHU realizado por encargo del Ejecutivo se editó en 2020 y ha sido "ampliamente distribuido" entre agentes políticos, sociales y académicos.
Urkullu ha reafirmado el compromiso del Gobierno vasco por garantizar los derechos de todas las víctimas de derechos humanos "sin excepciones".
