El Tribunal Supremo ya ha notificado a la Audiencia Provincial de Álava y a las partes del "caso de Miguel" la sentencia firme en la que ratifica la mayoría de las penas impuestas a los principales condenados, entre ellos destacados exdirigentes del PNV en este territorio, el principal Alfredo de Miguel.
En este caso, el mayor de corrupción juzgado hasta la fecha en Euskadi, fueron condenados en 2019 por la Audiencia alavesa 15 personas por crear una red societaria y personal para obtener irregularmente contratos públicos de administraciones gobernadas por PNV y cobrar comisiones.
Tras los recursos interpuestos por varios condenados el Supremo ratificó en enero con ligeras rebajas las condenas impuestas a los cabecillas de la red.
Sin embargo, la ejecución del fallo se retrasó a raíz de que un procesado, Iñaki San Juan, pidiera una aclaración de sentencia al TS, que de hecho tras estudiar la petición rebajó su pena.
Una vez resueltas estas dudas el Supremo ya ha notificado de manera oficial la sentencia a la Audiencia de Álava y las partes personadas en el proceso judicial, entre ellas el Gobierno Vasco, según han confirmado fuentes del Ejecutivo.
La ejecución de la sentencia no es sin embargo automática, ya que las partes tienen ahora posibilidad de pedir un indulto o una suspensión extraordinaria de la pena, alegando por ejemplo enfermedad.
Pasados estos plazos y trámites, la Audiencia ajustará las penas del caso a lo dictado por el Supremo y emitirá un auto para declarar la firmeza de la sentencia.
Por último procederá a su ejecución, es decir, ordenará definitivamente los encarcelamientos de los cuatro acusados principales: Alfredo de Miguel, ex número dos del PNV en Álava y diputado foral, los exdirigentes de este partido Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, y el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles.
Auto de ejecución
En el momento en que la Audiencia ordene la ejecución de la sentencia el Gobierno Vasco podrá ejecutar los despidos laborales de Alfredo De Miguel y Koldo Otxandiano, que pese a las sentencias de la Audiencia y del Supremo continúan trabajando en dos empresas públicas dependientes del Ejecutivo autonómico, el primero en la Fundación Hazi y el segundo en el Parque Tecnológico de Álava.
El Gobierno Vasco había condicionado sus despidos a la firmeza de la sentencia lo que, según la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, implicaba también que el fallo fuera comunicado a las partes y que se recibiera el auto de ejecución, algo que aún puede demorarse una semanas.
