La ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha presentado este mismo lunes un recurso contra la decisión del instructor del 'procés', Pablo Llarena, de procesarla por un delito de desobediencia --debido a la derogación del de sedición por el que estaba encausada--, aduciendo que se trata de una imputación "de golpe", al tiempo que le ha instado a retirar la nueva orden de busca y captura emitida en su contra para evitar una detención "ilegal".
La defensa de Ponsatí, en un recurso de reforma al que ha tenido acceso Europa Press, reprocha al magistrado del Tribunal Supremo (TS) que haya dictado "en contra de una eurodiputada que goza de inmunidad, y sin solicitar el levantamiento de esta, una orden nacional de detención" por "un delito por el cual nunca fue procesada y que, de intentarse ahora, resulta que se encontraría prescrito".
"Es más, no podemos olvidar que estamos ante delitos que no son homogéneos y, por tanto, el hecho innegable de no haber sido procesada jamás por el delito de desobediencia impide ahora, de golpe y sin anestesia, tratar de imputar a mi mandante un nuevo delito como sería, para ella, el de desobediencia", alega su abogado.
Así, califica de "sorprendente" que Llarena haya cambiado el procesamiento de Ponsatí por sedición, delito que estaba penado con entre 10 y 15 años de prisión e inhabilitación, por uno de desobediencia, que no está castigado con cárcel sino con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.
En cuanto a la prescripción del delito de desobediencia, la defensa se remite simplemente al artículo 131.1 del Código Penal (CP), conforme al cual, al no llevar aparejada pena de cárcel ni largos periodos de inhabilitación, caduca a los cinco años.
"Al tratarse del supuesto incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2017, hace más de 5 años y 4 meses, se trata de cuentas muy simples", afirma.
Con todo, reprocha que "se pasa de una reformulación de un auto de procesamiento a una orden nacional de detención con la única finalidad de (...) tomarle una declaración pero sin siquiera haber, antes, ni pedido el correspondiente suplicatorio, ni haber intentado por cualquier otro medio menos gravoso el mismo objetivo".
Por ello, insta a Llarena a "ordenar sin dilación alguna a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el dejar sin efecto la orden nacional de detención (...) a fin de evitar que se materialice la ilegal detención", así como "poner en conocimiento del Parlamento Europeo que se desiste del suplicatorio interesado" en 2020.
"ACTOS POLÍTICOS"
En cualquier caso, la defensa afirma que "no ha cometido delito alguno porque los hechos objeto del presente procedimiento no revisten el carácter de delictivos sino simplemente de actos políticos indebidamente criminalizados".
Y avanza que, "de ser necesario, porque el magistrado-instructor no asuma la realidad", Ponsatí "hace suyos a efectos del presente recurso las alegaciones que en su momento oportuno presentarán" el ex presidente catalán Puigdemont y el también ex consejero Toni Comín.
Los encausados por el 'procés' que se encuentran fuera de España, como Ponsatí, tienen tres días para recurrir el auto dictado por Llarena el pasado jueves para adaptar el procesamiento de los huidos por el 1-O a la reforma penal que ha eliminado la sedición y modificado la malversación, y que entró en vigor ese mismo día.
La ex consejera avanzó el pasado viernes en Catalunya Rádio que prevé volver a Cataluña "lo antes posible" pero que no se presentará ante el Tribunal Supremo porque no reconoce su jurisdicción, indicando que desconoce si será detenida por ello.
"Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100% no las tenemos", dijo la eurodiputada de Junts.
