El pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves, con los votos de PP y Vox, las enmiendas a la totalidad presentadas por la izquierda a la ley de patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid, que abre la puerta a blindar la cruz del Valle de los Caídos.

Aunque la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, rechazó en un primer momento la declaración del Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural (BIC) al entender que la Comunidad de Madrid no tiene competencia para ello, el nuevo texto autonómico actualiza el régimen legal vigente desde 2013 e introduce en su articulado la protección del patrimonio etnográfico.

Es decir, "la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger".

Esto llevaría, según fuentes del Gobierno regional, a proteger la cruz del monumento franquista, pero dejaría en manos de los técnicos que determinen su valor patrimonial en esta categoría.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley de Memoria Democrática, Vox reclamó la declaración como BIC del Valle de los Caídos, una figura jurídica de protección patrimonial que lo blindaría ante la nueva normativa estatal, que recoge el renombramiento del enclave como Valle de Cuelgamuros.

Además convertirá el Valle de los Caídos en un lugar de memoria, lo que según Vox atenta contra la libertad religiosa.

Este partido también lleva este jueves al pleno de Vallecas una iniciativa para pedir la derogación de la Ley de Memoria Democrática, a la que culpa de pretender "aniquilar edificaciones, construcciones u otros elementos de la vía pública que transmiten recuerdos de ese pasado común".

El Ministerio de Cultura no tiene intención de declarar BIC el Valle de los Caídos, pues considera que, "más allá de su carácter simbólico y político", sus aportaciones arquitectónicas exteriores "no poseen suficiente relevancia en el contexto de la producción de la época".

Este jueves en el pleno, Díaz Ayuso ha recalcado que el Gobierno regional trata de proteger con esta ley "la cultura, el patrimonio cultural y también los símbolos religiosos de la Comunidad de Madrid, los de todos".