El Gobierno español enfría la reforma del delito de malversación para no retrasar la del de sedición

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ante la polémica que ha suscitado la posibilidad de reformar el delito de malversación a petición de ERC, Rodríguez ha querido dejar claro que la lucha contra la corrupción y la ejemplaridad en la vida pública son "una seña de identidad y una bandera" de la que el Gobierno se siente muy orgulloso.

El Gobierno, ha insistido, ya "ha cumplido con su compromiso" de homologar la tipificación de la sedición y sus penas a la de los países del entorno con la proposición de ley presentada por el grupo socialista y Unidas Podemos, algo que "no es incompatible" con las propuestas que otros grupos presenten ahora en el Congreso en el marco del debate parlamentario.

Los periodistas le han pedido en varias ocasiones aclarar la postura del Gobierno ante una eventual enmienda de los grupos catalanes, pero la portavoz se ha limitado a mostrar su respeto por la tarea del Parlamento y por las posiciones de todos los grupos.

"El gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles, no conocemos el texto de la enmienda si es lo que la va a haber", ha zanjado tras insistir en que su compromiso está reflejado en la proposición registrada en el Congreso.

"A eso se circunscribe la posición del Gobierno y el cumplimiento de nuestro compromiso", ha repetido.

Podemos pone reparos a reformar el delito de malversación

La petición del presidente del Govern, Pere Aragonés, al Ejecutivo de Pedro Sánchez para modificar el delito de malversación que implicaría a los independentistas condenados e indultados por sedición ha levantado ampollas en Unidas Podemos que ven que podría afectar a casos de corrupción en los que, aunque no ha habido enriquecimiento personal, se han utilizado fondos públicos.

Un argumento que también esgrimen algunos de los aliados parlamentarios que deben dar el visto bueno a la reforma de la nueva ley de sedición convertida ahora en "desórdenes públicos agravados", como son Más País, PDeCAt, Compromís o BNG. Votos, en muchos casos, necesarios para superar la oposición de PP, Vox y Ciudadanos.

En las últimas horas el Gobierno español ha pasado de afirmar que estudiará las enmiendas que se puedan registrar sobre la malversación a un discurso en el que insisten en que el compromiso ya "se ha cumplido", que es el de homologar la tipificación de la sedición y sus penas a la de los países del entorno.

"El Gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles, no conocemos el texto de la enmienda si es que la va a haber", ha dejado claro la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Ministros y después de que ERC haya reconocido que están negociando esa enmienda directamente con Moncloa y sin ningún partido intermediario.

Distinguir entre el "lucro personal" y la corrupción es un tema "delicado" para Podemos, "que tiene aristas", advierten, por lo que habría que mirarlo con lupa.

ERC pide una reforma "quirúrgica" para que el delito de malversación vaya ligado solo a la sedición y en su entorno parlamentario callan cuando se les pregunta si esta reforma podría ir en otra ley y desligarse de la tramitación de la proposición de ley que deroga la sedición.

Otros aliados parlamentarios como Compromís tampoco ven con buenos ojos la propuesta para el delito de malversación que diferencia si el dinero se destina al lucro personal o de terceros, ya que "al fin y al cabo todos son caudales públicos" mientras que BNG advierte de que la posición final de su voto dependerá de cómo quede esa tipificación de los desórdenes públicos.

Los cuatro diputados del PDeCAT tampoco comparten que haya impunidad con la corrupción.

Moncloa y ERC tienen prisa y apuran los plazos para que la nueva modificación pueda entrar en vigor a finales de este año o principios de 2023, lo que además coincidiría con la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del próximo año.

Un calendario que sería factible si se tiene en cuenta que la reforma del artículo 135 de la Constitución, sobre la ley de Estabilidad, se aprobó en un mes y un día, desde el 26 de agosto que se pactó con PSOE y PP hasta el 27 de septiembre que se publicó en el BOE.

De momento, la intención es que esta semana se apruebe la convocatoria de un nuevo pleno, que se celebraría la próxima semana nada más votarse los Presupuestos y que probaría la toma en consideración de esta proposición de ley.

Mientras PP, Vox y Cs intentan pararla. Los populares han iniciado una ofensiva por los territorios socialistas donde consideran que tienen buenas expectativas electorales y hoy mismo los tres dirigentes del partido, la secretaria general, Cuca Gamarra, el coordinador general, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, han acudido a Castilla-La Mancha, Aragón, y a la Comunidad Valenciana, para llamar a la rebelión de sus barones socialistas y frenar la reforma de la sedición.

Desde Vox se critica la "tibieza" del PP al ofrecimiento de Abascal de que apoyar una moción de los populares contra el Gobierno de Sánchez con un candidato de consenso. Moción, que el PP descarta porque no le salen los números, y que Cs también le pide impulsar.

Por su parte, la formación naranja intenta desacelerar la tramitación de la proposición de ley pidiendo a la Mesa del Congreso que reconsidere la admisión a trámite de la proposición de ley aprobada ayer por la mayoría del PSOE y Unidas Podemos.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para frustrar esta reforma del Código Penal", ha incidido el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, para el que la petición de los independentistas de reformar el delito de malversación se debe a que según el artículo 77 del Código Penal de aplicación de este delito en concurso con otros, aunque se rebajara el delito de sedición si va vinculado a malversación, la pena que prevalece es la segunda.