El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha propuesto este martes un referéndum pactado con el Estado inspirándose en la ley de claridad, aprobada en Canadá para resolver la cuestión quebequesa, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha desmarcado inmediatamente de esta idea.

También ha anunciado un "escudo social" de casi 300 millones de euros para ayudar a familias vulnerables, jóvenes, sector primario y empresas catalanas, un paquete de medidas para afrontar el encarecimiento del coste de la vida y la crisis energética.

En un momento delicado de la legislatura, a pocas semanas de que sus socios de gobierno, JxCat, decidan si hay suficientes motivos para romper la coalición por la falta de avances en el proceso independentista, Aragonès ha acudido al debate de política general en el Parlament con una propuesta sobre autodeterminación.

La propuesta consiste en negociar con el Estado un "acuerdo de claridad" para pactar un referéndum de autodeterminación, siguiendo la llamada vía canadiense, para la que tratará de sumar alianzas en Catalunya con actores políticos, sociales, económicos y sindicales.

Hoja de ruta

La hoja de ruta de Aragonès pasa por formular una propuesta "inclusiva", "escrupulosamente democrática" y "homologable a nivel internacional", que se inspira en los referendos de independencia pactados entre Canadá y Quebec o entre Reino Unido y Escocia.

En el año 2000, el gobierno canadiense aprobó una Ley de Claridad, que establecía que el Parlamento de Ottawa debatiría, 30 días antes del referéndum, si la pregunta que el Gobierno de Quebec formulaba a sus ciudadanos establecía claramente que el objetivo de la consulta era la independencia quebequesa.

La norma otorgaba al Parlamento canadiense la facultad de decidir si los votos obtenidos por los independentistas bastaban para imponerse y se estipuló que la mayoría simple no era suficiente, además de especificar asuntos que entrarían en una supuesta negociación, como fronteras, reparto de propiedad pública, deuda nacional o derechos de minorías lingüísticas y naciones indígenas.

En 2013, el líder del PSC, Pere Navarro, se vio con el exministro canadiense Stéphane Dion, impulsor de la ley de claridad, y, aunque los socialistas catalanes abandonaron la defensa de una consulta soberanista, en 2016 el entonces líder del PSC y ahora ministro de Cultura, Miquel Iceta, recuperó la vía canadiense como opción B si los catalanes rechazaban antes en referéndum una reforma federal.

JxCat, socio de ERC en el Govern, ha sido informado previamente de esta propuesta, aunque varios de sus dirigentes -algunos en la tribuna de invitados, como Laura Borràs y Jordi Turull- apenas han aplaudido o se han abstenido de hacerlo cuando Aragonès ha acabado su discurso de algo más de hora y media.

Respuesta

La respuesta del Gobierno ha llegado poco después, a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, que ha subrayado que "la vía y la senda del dialogo" marcada al inicio de esta legislatura "está dando sus frutos", aunque la Generalitat mantiene "sus pretensiones de máximos, que no son en absoluto compartidas por el Gobierno".

"El marco en el que se mueve el Gobierno en sus relaciones con la Generalitat es la mesa de dialogo", que se reunió a finales de julio, donde siguen "avanzando en aras a la normalización", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras señalar que no había tenido ocasión de escuchar la propuesta del presidente catalán.

Por su parte, el primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha rechazado el pacto de claridad que ha planteado Aragonès y ha afirmado que el Govern "es un juguete roto".

Illa ha afirmado que es favorable a votar "acuerdos", pero no "rupturas", por lo que no sintoniza con una propuesta que "no resuelve nada".

CUP

Tampoco ha avalado la propuesta, por motivos distintos, la portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, que ha tildado de "inútil" el plan del president, porque "la Moncloa no ha tardado ni 30 minutos en descartarlo".

A la espera de que JxCat fije posicionamiento, los únicos que de momento han abierto la puerta a estudiarla han sido los comunes, cuya líder parlamentaria, Jéssica Albiach, ha recordado que ellos mismos la plantearon hace cinco años.

Por su parte, el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, se ha mostrado convencido de que su formación emulará el triunfo de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, frente a un Aragonès al que ve "ensimismado" ante los problemas de "inseguridad".