barcelona

– El Govern de la Generalitat presentará próximamente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que insta al consejero de Educación, Josep González-Cambray, a que “dicte las instrucciones, resoluciones y circulares en materia de personal docente” para asegurar que se cumple la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

En una entrevista ayer en TV3, González-Cambray aseguró que entiende que la Asamblea por una Escuela Bilingüe, a quien el TSJC ha ratificado la legitimación en la causa, y los padres “no deberían formar parte de este proceso”.

Asimismo asegura que los centros educativos “deben estar tranquilos” porque pidió al TSJC que se dirija a la Consejería y no a las direcciones de los colegios, a quienes pide que sigan trabajando con calma y no modifiquen sus proyectos lingüísticos, si se adecúan a la nueva normativa.

el superior mete presión

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya añadió ayer presión al instar al consejero de Educación a que “dicte las instrucciones, resoluciones y circulares en materia de personal docente” para asegurar que se cumple la sentencia que obliga a impartir el castellano.

Lo hizo a través dos autos que con la misma argumentación desestiman dos recursos de la Generalitat: el primero confirma la ejecución que ordenó a instancias de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y en el segundo hace lo mismo con el auto que aceptó la petición del padre de un alumno, al que el tribunal dio legitimidad para personarse como parte afectada en el procedimiento.

El tribunal reprocha a la Generalitat que alegue que la sentencia vulnera derechos de alumnos y profesores pero, “sin embargo, no contribuye a argumentar por qué considera que con el fallo se están violentando los derechos de los alumnos y profesores cuando lo que se trata de asegurar es un mínimo de impartición de horas lectivas de castellano y catalán en las escuelas”.

Los jueces consideran que “no se trata de afectar los derechos de alumnos y profesores sino de garantizar un mínimo de enseñanza efectiva e inmediata mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas” en las aulas.

El auto que confirma la ejecución de la sentencia a petición del padre de un alumno de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) incluye el voto particular de dos magistrados, que cuestionan que el hombre estuviera legitimado para intervenir en el procedimiento.

Estos dos jueces ya discreparon de la decisión del tribunal cuando le admitió en el caso, y ahora lo reiteran porque el auto “insiste en los mismos motivos” a los que ya se opusieron. – NTM