- Cuando un cargo pasa de padres a hijos, por un mero derecho de sangre, y la posibilidad de exigirle responsabilidades está limitada porque está blindado ante los tribunales y ni siquiera se permite que el Congreso de los Diputados active una comisión de investigación para ejercer un control político, cabe preguntarse qué obliga a un rey a actuar con ejemplaridad. Tanto el entorno del lehendakari como el PNV son escépticos y no creen que el Estado esté dispuesto a abrir el melón de las reformas para acabar con la opacidad que protege a la monarquía española. Aunque el debate ha vuelto a situarse en un primer plano por el controvertido regreso del rey emérito Juan Carlos de Borbón sin haber ofrecido ninguna explicación por sus negocios, creen que no existe voluntad de imponer unos criterios de transparencia a una institución sumida en una grave crisis reputacional, empezando por la inviolabilidad que impide juzgar al emérito en los tribunales.
Todo ello, a pesar de que el PNV realizara ayer por boca de Aitor Esteban un ejercicio creativo para señalar una vía más pragmática para acabar con esa inviolabilidad: si es imposible la reforma constitucional, la alternativa pasaría por un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que pusiera límites a ese principio. En paralelo, según las fuentes consultadas por este periódico, el lehendakari mantiene “vigentes” sus propuestas para “republicanizar” la monarquía, empezando por una votación (un referéndum o una votación parlamentaria) para autorizar o tumbar la sucesión de padres a hijos, y revisar su control del Ejército.
El lehendakari plantea cuatro medidas para que la monarquía rinda cuentas. Una de ellas tiene que ver con la inviolabilidad ante los tribunales. La Constitución española dice que el rey no está sujeto a responsabilidad, y que es el Consejo de Ministros quien refrenda y responde por sus actos, tal y como dice en su artículo 64.2. Es aquí donde estalla el debate jurídico: hay quien piensa que esta cobertura abarca todos los actos del rey, pero existe otra corriente que considera que es un auténtico disparate sacar la conclusión de que el Consejo de Ministros avala la vida privada del rey, un presunto cobro de comisiones ilegales o negocios irregulares.
Urkullu ha planteado que se le apliquen las leyes como al resto de cargos públicos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, puso también el foco ayer en esta cuestión, dijo que “la inviolabilidad no tiene sentido” y que la lectura que han realizado los tribunales en cuanto a que es inviolable para “todas las actividades” debería ser limitada y acotada.
Según dijo en ETB-1, podría ser la Constitución quien concrete esos límites (aunque el PNV es escéptico con esa vía porque exige mayorías imposibles de dos tercios en las Cortes estatales). La otra vía que plantea Esteban es que “el Tribunal Constitucional modifique la jurisprudencia”, una propuesta que no sería una extravagancia teniendo en cuenta el intenso debate entre los juristas a este respecto. Esteban criticó que el emérito no haya aclarado nada sobre el origen del dinero que entregó a Corinna. “Se ha normalizado que un jefe de Estado tenga negocios privados. No se hubiera normalizado si fuera presidente del Gobierno. Y no se han hecho reformas para que no vuelva a suceder”, censuró.
Otro factor en el que pone el acento Urkullu es su carácter hereditario, una de las mayores barreras para la rendición de cuentas, pero que el lehendakari es consciente de que nadie va a tocar ahora. Lo que propone es añadir un mecanismo de control: una votación en cada salto generacional, en el momento en que se pase el testigo de la institución de padres a hijos, lo que podría obligarlos a actuar con mayor ejemplaridad para evitar que la votación los tumbe. Con el mecanismo de pura herencia y sin la opción de ser revocados en el cargo, la sensación es de cheque en blanco.
El Congreso y el Senado, en la actualidad, solo pueden decidir sobre el traspaso de los poderes cuando se agota el árbol genealógico o cuando se reconoce la incapacidad de un rey y no le quedan parientes. Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe VI en plena crisis de imagen sin ningún tipo de consulta, votación parlamentaria o mecanismo ratificatorio.
El lehendakari ha puesto igualmente sobre la mesa la opacidad sobre las cuentas del rey o su gestión. En este sentido, acudir al Congreso de los Diputados para pedir una comisión de investigación supone chocarse contra un muro. El Congreso rechaza todas las peticiones con el argumento de que solo puede controlar al Gobierno, y no a la Corona española, con una interpretación literal del artículo 66 de la Constitución española que atribuye a las Cortes el control del Ejecutivo. ¿Quiere eso decir que no puede controlar nada más? Ahí está el debate y el margen para la interpretación.
Urkullu ha planteado que se revise su mando sobre el Ejército, de manera que sea sometido a la representación institucional surgida de la voluntad ciudadana. Al margen de estas cuestiones, queda la duda sobre la utilidad de una monarquía española que no ha ejercido su labor de arbitraje y moderación en el conflicto catalán o que, si ha intervenido, ha sido para empeorar notablemente el estado de las relaciones y romper los pocos afectos que le quedaban a buena parte de Catalunya con el Estado.
Sucedió con su mensaje tras las cargas policiales contra el referéndum catalán donde, aunque era previsible que Felipe VI defendiera al Estado tal y como lo hizo, sí sorprendió más que no mostrara ninguna empatía hacia los soberanistas. Urkullu ha primado el respeto institucional, no ha plantado a la monarquía española en sus visitas a Euskadi, y solo se ausentó de una cena con Felipe VI en la Conferencia de Presidentes de Palma porque se comunicó a última hora. l
“Se normaliza que un jefe de Estado tenga negocios; no hubiera ocurrido con un presidente ”
Portavoz del PNV en el Congreso
