El Gobierno español tira de manual y solo desclasificará los documentos relativos al espionaje a dirigentes soberanistas si así se lo exige el juez. Se trata de la respuesta tipo que Moncloa ha venido empleando en otros asuntos como las torturas por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, unos casos a los que solo se ha avenido a arrojar luz si es por mandato judicial.

El Consejo de Ministros es el que tiene la potestad para desclasificar documentos secretos, ya sea por iniciativa propia o tras la presentación de una denuncia en los juzgados. La primera vía queda, por tanto, descartada a tenor de las declaraciones de ayer de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Esta se mostró partidaria de desclasificar esta documentación tan solo si, “en el ámbito de la Justicia, así se nos demanda”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez defendió que el Gobierno ha mostrado una clara voluntad de abordar esta situación con transparencia, a través de las comparecencias parlamentarias de sus miembros y en la comisión de secretos oficiales, donde la ya cesada como directora del CNI, Paz Esteban, acudió la semana pasada. Recordó a su vez que han ofrecido su colaboración al Defensor del Pueblo en la investigación que acometerá.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, exigió la semana pasada que se desclasifique la autorización del Tribunal Supremo que permitió que el CNI le espiara cuando era vicepresident, así como a otros 17 dirigentes independentistas. “Habrá suposiciones, veremos intentos de justificarlo e intoxicaciones de todo tipo. Pero para ejercer mi derecho de defensa, exijo que se desclasifique la autorización judicial y saber los motivos que les llevan a autorizar un espionaje a un adversario político”, dijo en Catalunya Ràdio.

Ayer mismo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que “la transparencia es imprescindible para fijar el nivel de asunción de responsabilidades que se debe producir”. En un desayuno informativo, añadió que el Gobierno debe dar garantías de que el caso Pegasus no se volverá a repetir.

Preguntado sobre si ERC sigue siendo el socio prioritario del Gobierno en el Congreso, Junqueras defendió que, si el Ejecutivo de coalición “quiere restaurar la confianza dañada deberá ser transparente, asumir unas responsabilidades proporcionales al resultado de la transparencia y dar las garantías de que esto no se reproduzca en el futuro”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también atacó ayer a Pedro Sánchez, al que acusó de “engañar con el CNI” y de “contar muchas mentiras”. En RNE lanzó a su vez una serie de interrogantes, entre ellos si el presidente español tiene más de un teléfono, si la información sustraída de su móvil puede conllevar “un debilitamiento” de su posición en las relaciones internacionales y si el espionaje tiene relación con el cambio de posición de Moncloa respecto al Sáhara. Concluyó que Sánchez debe comparecer en el Congreso cuanto antes para ofrecer explicaciones. l

“Si quieren restaurar ?la confianza dañada deben garantizar ?que no se repetirá”

Líder de ERC

“Hay que saber si esto tiene que ver con el cambio de posición sobre el Sáhara”

Presidente del PP