A la destitución de la responsable del CNI solo le faltaba la firma y sello. Su cese entraba dentro de todas las previsiones en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de capear el temporal y rebajar las exigencias de sus socios por la crisis del espionaje. Pero ni al independentismo ni a Unidas Podemos les basta con la cabeza de Paz Esteban. Su dedo sigue señalando, como poco, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ayer se limitó a echar balones fuera, eludiendo cualquier argumento para justificar el relevo al frente de los servicios secretos e incluso habló de darle un impulso a este organismo. Como si la polémica no fuera con ella. No es de extrañar que el mundo soberanista saliera a la palestra para denunciar que la ya exdirectora de la Inteligencia española ha sido quien ha pagado los platos rotos en lugar de aquellas personas que le trasladaron las órdenes, entre ellas vigilar al president, Pere Aragonès. El líder socialista se ha refugiado en los informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional -organismo dependiente del CNI competente en materia de ciberseguridad- para adoptar esta medida y ahora su siguiente paso será fijar un encuentro con el jefe del Govern con el que encauzar el quiebro de las relaciones entre ambos Ejecutivos y, de paso, sosegar a Esquerra con el objetivo de que la legislatura no se marche por el sumidero antes de lo que dicta el calendario.

Desde la Generalitat ya le han trasladado que la marcha de Esteban “no es suficiente”, han pedido por carta a Moncloa desclasificar documentos, además de anunciar que se personarán como acusación particular en la Audiencia Nacional. “Esto no va de gestos ni de cortar cabezas, esto no lo resuelve todo, no cierra el tema y quien piense así, se equivoca. No es suficiente ni es la única respuesta necesaria al problema”, manifestó la portavoz, Patrícia Plaja, quien lamentó el modo de proceder desde Madrid. “¿Cuáles son los argumentos que justifican el cese? ¿Por qué se va ahora o le hacen irse? ¿Es por haber permitido que se espiase a 65 independentistas? ¿Por no haber evitado el espionaje a su propio presidente? ¿O porque son demasiadas ya las evidencias de que el CNI ha actuado sin ningún tipo de control legal durante mucho tiempo?”, interpeló. En la misiva enviada por la consellera de Presidéncia, Laura Vilagrà, se insta asimismo a acceder a los contratos del CNI y otras agencias estatales con NSO Group u otras empresas que ofrecen sistemas como Pegasus o similares.

Más explícito fue incluso Gabriel Rufián tras el “lógico” cese de la directora de los servicios secretos, al calificar como “insostenible” la permanencia de Robles en su cargo, y sospechar que los demás miembros del Consejo de Ministros la estarán “mirando de reojo” preguntándose si sabía del espionaje o no estaba al tanto. “Ha habido una brecha, quizá una crisis diplomática, en definitiva una dejación de funciones, que hace inviable la situación de algunos altos cargos. No se trata de pedir cabezas, pero hay situaciones políticas insostenibles en todo esto”, proclamó el dirigente republicano aún siendo consciente de que la figura que “representa a la derecha moderada y también a una parte del PSOE, la más conservadora y rancia”, no será reemplazada. El portavoz de ERC precisó que “aquellos que piensan que esto es para contentarnos, se equivocan”.

Poco antes, el líder republicano, Oriol Junqueras, destacó que “no se trata de lo que nos valga a nosotros, sino de lo es justo y corresponde en la restauración de la confianza del conjunto de los demócratas”. “Espiar a personas, cargos electos, periodistas y abogados está fuera de cualquier buena práctica democrática”, por lo que “en la restauración de la confianza que la sociedad merece, todos los pasos son siempre positivos”. Más dura fue la CUP. Su diputada en el Congreso Mireia Vehí consideró que los pasos dados por Sánchez son solo “una cortina de humo” porque Esteban “es la cabeza de turco”. “Se cargan a la que cumple órdenes y ellos que las dan, ¿qué pasa? Que den la cara”, zanjó.

Quien no rebaja el tono en su crítica es el principal aliado de Sánchez, Unidas Podemos, que le conmina a tomar “medidas valientes” para no cerrar la crisis en falso. El portavoz morado, Pablo Echenique, deslizó que las salidas no pueden agotarse con esta destitución, dado que las “responsabilidades políticas no se delegan”. En este sentido, citó que es necesario una comisión en el Congreso sobre este tema, que se desclasifiquen los papeles, depurar responsabilidades en las estructuras del Estado que supongan “residuos” de las cloacas y una agenda legislativa de regeneración democrática, como la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Y es que ve inevitable la derogación de la ley mordaza o la despenalización de los conocidos como delitos de opinión que tildó de “medievales”. Su compañero Jaume Asens certificó que el escándalo de Pegasus “no acaba aquí”.

Ante la posibilidad de que el escenario no se reconduzca, la derecha persiste en su empeño de que las urnas se convoquen cuanto antes. Sobre todo un Alberto Núñez Feijóo que ha apretado el acelerador de la crítica contra Sánchez, ayer por el, a su juicio, “injustificable” cese de la responsable del CNI que tachó de “auténtica afrenta a España”. “Ha consumado el esperpento ofreciendo su cabeza a los independentistas por su propia supervivencia y eso debilita al Estado”, censuró el líder del PP. “Si al presidente le importa más lo que piense Junqueras que su imagen ante la cumbre de la OTAN es que tiene los valores cambiados. Al menos, para presidir España”, apostilló el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Más crudo fue el líder de Vox, Santiago Abascal, cargando contra el socialista por “criminalizar” a los encargados de la seguridad del Estado e “indultar” a quienes le atacan. l

Forzado por los grupos. Tomada ya la decisión de cesar a la responsable del CNI y a expensas de fijar día y hora para reunirse con Pere Aragonès, Pedro Sánchez comparecerá el miércoles 25 de mayo ante el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Pegasus. El líder del PSOE no acudirá a la Cámara Baja por petición propia sino forzado por los grupos parlamentarios, incluidos sus socios de investidura y la oposición, que empujaron para convocar dicho pleno después de que no saliera adelante la comisión de investigación. Además, resta por colocar en la agenda la fecha para otras dos sesiones trascendentales para el Ejecutivo. La primera de ellas, otra comparecencia extraordinaria para que se exprese sobre su giro de guión en la cuestión sobre el Sahara Occidental y la restauración de las relaciones diplomáticas con Marruecos. Y la segunda, su compromiso a señalar cuándo se celebrará un Debate sobre el estado de la Nación que lleva siete años sin ver la luz.

El PNV exige más explicaciones y menos medidas de maquillaje

El PNV no quiso entrar ayer al trapo de la destitución de la responsable del CNI, Paz Esteban, porque, a su juicio, lo importante es investigar lo acontecido con el espionaje y ofrecer con la máxima transparencia las explicaciones debidas. La formación jeltzale estima que en este contexto lo prioritario no son las destituciones ni los ceses, ya que “no es el momento”. “Este escándalo no puede cerrarse en falso, debe aclararse todo lo que rodea a este asunto, y las dimisiones o ceses vendrían, en su caso, después”, consideran. Tras la comparecencia del CNI en la comisión de secretos, el partido que en el Congreso lidera Aitor Esteban insistió en activar una comisión de investigación ya que su temor es que medidas como la adoptada ayer por el Gobierno de Sánchez puedan servir exclusivamente como una cortina que enmascare el problema. De todas formas, el PNV cree que el Ejecutivo español “tendrá sus motivos para haber destituido” a la directora de la Inteligencia española y “los tendrá que explicar”, cosa que de entrada no ha hecho Margarita Robles.

Por su parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó en relación a esta polémica que hay aparatos que no van a dejar de “espiarles” para “defender la unidad del Estado”, y cree que el Gobierno de Sánchez tiene la oportunidad de acabar con todo esto. A su entender, “hay unos aparatos del Estado que funcionan con impunidad desde la Transición sin ningún tipo de depuración”. Pese a ello, la coalición soberanista votó a favor del decreto de medidas anticrisis del Ejecutivo, y aseveró que estuvieron “en permanente contacto con ERC”, que no lo apoyó por el caso Pegasus, y ambos entendieron sus respectivas posturas. Por parte de EH Bildu se primaron las herramientas en beneficio de la ciudadanía.

Con todo, Otegi cree que “hay que dilucidar responsabilidades en términos políticos” pero ve la situación “en términos de oportunidad”. “No puede ser que un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que se dice el más progresista de la historia, no aproveche esta ocasión para la democratización del Estado. ¿Lo harán o no? En base a eso, nosotros actuaremos también”, subrayó el dirigente de la izquierda abertzale.

“Esto no va de gestos ni de cortar cabezas. No es suficiente ni es la única respuesta al problema”

Portavoz del Govern

“Ha habido una dejación de funciones que hace inviable la situación de algunos altos cargos”

Portavoz de ERC en el Congreso

“Las responsabilidades políticas no se delegan, el Gobierno debe adoptar medidas más valientes”

Portavoz de Unidas Podemos

“Es una cortina de humo: se cargan a la que cumple las órdenes, ¿y qué pasa con quienes las dieron?”

Diputada de la CUP en el Congreso

“Es una auténtica afrenta a España que Sánchez ofrezca esta cabeza por su propia supervivencia”

Presidente del PP