Pedro Sánchez ha vuelto a tirar de su manual de resistencia y a enfundarse su traje de superviviente al salvar sobre la bocina el decreto de medidas urgentes para mitigar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. El Ejecutivo español ha pasado el trance gracias al respaldo de PNV y EH Bildu pero lo ha hecho entre una cascada de reproches a causa del espionaje al mundo independentista y arrastrando una sima de incalculables consecuencias: la fractura con Esquerra, un asunto no menor que puede trastocar la agenda legislativa y el horizonte de la legislatura. La incógnita se ha despejado a las 9.30 horas de hoy jueves cuando la portavoz de la coalición soberanista, Mertxe Aizpurua, ha subido a la tribuna y se ha pronunciado no sin cierto suspense. “Estamos en un momento enormemente grave. Actuaremos con responsabilidad. La gente no puede pagar las consecuencias de las medidas de este Gobierno. Aprobaremos el decreto por la gente, no por él”, ha verbalizado. Pocas horas después el paquete anticrisis ha salido adelante por 176 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, PRC, BNG, Teruel Existe, además de las dos formaciones vascas), 172 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, CUP, UPN y Foro Asturias) y 1 abstención (Coalición Canaria). Sin equívocos.

Moncloa, en palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha apelado también a esa ciudadanía que “trabaja duro y coge el coche por la mañana, la que quiere iniciar una nueva vida”, para desengrasar el quebranto de relaciones con el soberanismo, arrojando sobre las conciencias de los diputados los beneficios en el descuento del litro de gasolina, las ayudas a los transportistas, el alza del IMV o el freno a la subida de los alquileres, todo ello incluido en el decreto. “Ustedes representan a las personas que les han votado, piensen en ellas, actúen como si fuesen ellos los que estuviesen sentados en esos escaños”, ha interpelado. Los apoyos no han salido dialécticamente gratis dado que Azpirua le ha recordado que “espiar a quienes permitimos que este Gobierno avance no es ni tenernos respeto ni mostrar responsabilidad”.

También la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha defendido su aval para no privar a los ciudadanos de las herramientas sociales que contiene aunque ha cargado tanto contra el “grave” conflicto del espionaje como contra la ausencia de diálogo. “No se puede estar constantemente transitando en la cuerda floja porque al final te acabas cayendo”. Pero “no podemos enviar un mensaje erróneo a la ciudadanía y a las empresas en un momento crítico en el que está en juego un importante paquete de ayudas económicas para paliar la inflación y estabilizar precios”, ha destacado la dirigente nacionalista, quien reclama a Sánchez que “cambie de modus operandi para evitar los apuros de última hora”, censurando la falta de comunicación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios para la concreción de los contenidos del decreto: “No tienen mayoría absoluta, pero actúan como si la tuvieran”.

Enmiendas jeltzales

Por ello, los jeltzales introducirán varias enmiendas en la tramitación del decreto como proyecto de ley. Entre ellas, las dirigidas a ampliar las medidas para la industria electrointensiva, con idea de que más empresas tengan acceso a la reducción de peajes para incrementar la cuantía respecto a la compensación de costes indirectos del CO2 a la industria; otras para permitir la introducción de nuevos CNAEs (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) en las ayudas a la industria intensiva de gas; o para ampliar la tarifa regulada de gas a las comunidades de vecinas y vecinos con calderas de gas comunitarias. Sagastizabal ha precisado la necesidad de aclarar los problemas de la bonificación de los carburantes con respecto a los anticipos a las estaciones de servicio que “está haciendo que vendan a pérdidas”; y ha puntualizado que el decreto no cuenta con la medida estrella del Ejecutivo para hacer frente a la crisis: el desacople del gas, que cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea. Además, el PNV tratará de enmendar que con la normativa se modifica el decreto de seguridad de las redes y sistemas de información para “imponer” a las administraciones públicas la necesidad de un informe preceptivo y vinculante del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, para “recentralizar y controlar” al resto de administraciones.

Por su parte, Unidas Podemos confía en que Sánchez aclare las responsabilidades en el espionaje al independentismo y sea” igual de responsable que lo ha sido Bildu”, ha resaltado el portavoz morado, Pablo Echenique. “Y nuestro agradecimiento a los que no apoyan el decreto -en alusión a ERC- porque me consta que se lo han planteado si hubiera habido avances y negociaciones”, ha aseverado, señalando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por “intentar dinamitar la mayoría progresista y plurinacional” al justificar el seguimiento del CNI al espectro soberanista. Ante las críticas de la derecha, el portavoz socialista, Héctor Gómez, ha afirmado que no darán “ningún tipo” de contraprestación a PNV y Bildu por este respaldo y cargó contra el PP por “no tener sentido de Estado”.