- El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar los siete contratos de emergencia concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez dando así trámite a la denuncia por “irregularidades habidas en los contratos de emergencia relacionados con el covid-19” que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso.

En un decreto de ocho páginas conocido ayer, el fiscal jefe indica que los hechos denunciados “revisten especial trascendencia” por lo que incoa diligencias para el esclarecimiento de los mismos, “debiendo abrirse unas diligencias por cada una de las empresas supuestamente favorecidas” entre las que están Beeddigital, a la que la denuncia vincula con la ministra de Economía, Nadia Calviño, y Playbol, vinculada a los padres del presidente Sánchez.

Luzón explica que las irregularidades que se detallan básicamente son la vinculación de cada una de estas sociedades con las distintas administraciones y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos. Y suma que, para el PP, estas conductas “pudieran constituir los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”, si bien indica que el PP “nada aporta”, salvo la referencia a publicaciones en medios, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos, por lo que les excluye por el momento de tener que participar en el proceso judicial.

Esta nueva polémica que cuestiona cómo accedieron las administraciones a las protecciones se solapa de esta forma con la que sacude al Ayuntamiento de Madrid, gobernado por un PP del que ahora sale esta denuncia contra el Gabinete Sánchez y que ayer seguía tratando de minimizar el coste político del escándalo provocado por la compra de material sanitario defectuoso a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.

Los abogados de Medina habían pedido al juez que no aceptara la personación del Consistorio que dirige el popular Martínez Almeida como acusación particular argumentando que no fue perjudicado y pidiendo además que, de apreciarse alguna irregularidad, se hiciese caer “la responsabilidad” sobre “dicha institución”. Sin embargo, el Ayuntamiento respondió ayer subrayando su condición de “víctima” por cuanto fueron “las comisiones que los mismos querellados iban a percibir lo que supuso un incremento exorbitante del precio de los productos contratados”.

En este sentido, Más Madrid arremetió duramente contra Luis Medina asegurando que su actuación demuestra que es “doblemente sinverguenza”: “primero por saquear a los madrileños en medio de la pandemia, y segundo por esconder sus bienes una vez que le han pillado”. “Estos buitres son patriotas únicamente de su propio patrimonio”, manifestó su portavoz, Mónica García, que se comprometió a hacer todo lo que esté en su mano para devolver a los madrileños su dinero. /