- Desde todos los flancos posibles, a Pedro Sánchez le llegan presiones y emplazamientos para que tome medidas de inmediato y frene los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania en el plano económico y social. En la comunidad autónoma vasca, ya se vaticina una caída de 2,2 puntos en el crecimiento previsto para este año, y preocupan los efectos de la subida de la luz y el precio de la energía en una economía liderada por la industria electrointensiva. En ese contexto, el lehendakari verbalizó ayer al máximo nivel la queja que ya planteaba su gabinete estos días: desde el Gobierno español “no se ha tomado ninguna decisión”. “Esto se está dilatando en el tiempo de manera excesiva”, lamentó Iñigo Urkullu.

El lehendakari dejó en una posición comprometida a Sánchez al revelar que el Ejecutivo vasco ha tenido una actitud proactiva desde hace un mes. Se ha puesto dos veces en contacto con Madrid. La primera de ellas, el 24 de febrero, nada más estallar la guerra; y la segunda, el 2 de marzo, según dijo en Radio Popular-Herri Irratia. Este periódico ha podido saber que se trató de una conversación telefónica por propia iniciativa entre él mismo y el presidente español. Recordó que en la Conferencia de Presidentes se habló de rebajas fiscales y del precio del carburante, pero no se ha movido ficha a la espera del Consejo Europeo. El propio Urkullu planteó una batería de medidas. Y ayer puntualizó que el Gobierno Vasco está actuando, pero dentro de sus competencias.

Da la sensación de que llueve sobre mojado en la relación entre ambos mandatarios. No es la primera vez que el lehendakari muestra su contrariedad por la falta de movimientos de Sánchez. Ocurrió con el coronavirus, y en algunas ocasiones las demandas de Urkullu fueron atendidas, pero en otros casos predicó en el desierto. El lehendakari lideró un movimiento de presidentes autonómicos que llevó al socialista a decretar un segundo estado de alarma para frenar el coronavirus en octubre de 2020, pero también pidió mantener el uso de la mascarilla o activar una cobertura legal que habilitara a las comunidades a limitar los movimientos, en ese caso, sin éxito. Otras comunidades pedían esa misma cobertura, pero Sánchez lo dejó todo en manos de los tribunales.

Ahora, ante la crisis por la guerra, el presidente español espera que el Consejo Europeo que arranca hoy le dé la percha necesaria. El lehendakari intentó mostrarse comprensivo con ese argumento y entendió las dificultades, pero denunció que la reacción se está demorando ya demasiado. Países del entorno han comenzado a actuar, más allá de los 500 millones que ha prometido Sánchez a los transportistas. Las consecuencias para la industria vasca pueden ser graves, y la tensión entre ambos gobiernos comienza a recordar a la que se vivió ante el parón empresarial que pretendía Sánchez en el confinamiento.

Urkullu detalló que el Estado podría haber tomado medidas para rebajar el precio y la fiscalidad de los carburantes, teniendo en cuenta que las haciendas forales no tienen competencias para regular el IVA. La huelga del transporte afecta al suministro de la industria. Planteó una rebaja fiscal temporal que no dure para siempre, porque se siguen necesitando recursos para sostener los servicios públicos. Desde las competencias vascas, puso en valor las ayudas para las empresas vinculadas al mercado ruso y ucraniano, o la posibilidad de realizar una compra generalizada de energía y fijar moratorias para las empresas vinculadas a esos mercados. Recordó que el Consejo Europeo es inminente y estará atento a las medidas para ver qué actuaciones puede desarrollar Euskadi. Alertó del riesgo de que la industria vasca pueda ser “menos competitiva” y de posibles agravios comparativos con otros países europeos.

Urkullu quiso aclarar que, pese a la pérdida de dos puntos en la previsión de crecimiento, “unos 1.700 millones de PIB”, se sigue previendo un crecimiento del 4,5% que permite trabajar para reducir la tasa de paro por debajo del 10%. Pero admitió que todo puede empeorar. Colocó en primer plano el drama humanitario, pero reconoció que Rusia es el decimotercer destino de exportaciones vascas (maquinaria y automoción), y el séptimo en importaciones (materia prima).

Cuando se le preguntó si el Gobierno español está actuando correctamente, quiso medir su crítica. “Es una situación compleja en la que yo quiero entender al Gobierno español, en la medida en que la posibilidad de actuación quizás esté sujeta a la política europea, pero es verdad que esto se está dilatando en el tiempo de manera excesiva. El 24 de febrero, cuando se producía la agresión unilateral en Ucrania, nosotros, desde dos departamentos, nos pusimos en comunicación con dos ministerios para ofrecer lo que pudiera abordarse desde la ayuda humanitaria”, comenzó a explicar.

Las fuentes consultadas aseguran que los contactos se han producido con el Ministerio de Exteriores para abordar el caso del periodista Pablo González, y con el Ministerio de Migraciones de Escrivá, para abordar la acogida de los refugiados. Las conversaciones sobre el periodista ya las había revelado el Gobierno Vasco.

Urkullu añadió más. El 26 de febrero, previno sobre esta crisis en un acto en Bermeo. “El 2 de marzo, el presidente del Gobierno comparecía en el Congreso para abordar el suministro de armas a Ucrania, y ese día yo mantenía una conversación larga con él en orden a abordar las consecuencias económicas. Ya estábamos hablando del desacoplamiento del precio del gas de la electricidad, las interconexiones energéticas...”, enumeró.

En la Conferencia de Presidentes, se abordaron el precio del carburante y las rebajas fiscales, pero “no se ha tomado ninguna decisión”. Urkullu pidió ampliar los ERTE, no de manera generalizada como sucedió con la pandemia, sino “de manera quirúrgica”, en sectores muy concretos, como el transporte o la distribución.

Urkullu se pronunció sobre los rumores de adelanto electoral en el Estado, y aconsejó al presidente que analice la posibilidad de “mantener el bloque de investidura” y los “compromisos con los partidos que lo apoyaron”. Exigió una “inmediata” negociación sobre cinco transferencias del Estatuto, y se declaró “perplejo” por el cambio unilateral de postura de Sánchez sobre el Sahara y su alineamiento con la autonomía con la que especula Marruecos. Urkullu citó los traspasos cuando se le preguntó si el IMV abre la puerta a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Asintió, pero dijo que antes quieren trabajar “de inmediato” en las cinco materias presentadas al Estado: trenes, inmigración, fondo de protección a la cinematografía, meteorología y gestión del litoral.

“Es una situación compleja que quizás esté sujeta a Europa, pero se está dilatando de manera excesiva”

“Planteo ampliar los ERTE, pero no de manera generalizada como en pandemia, sino quirúrgica en los sectores afectados”

“Planteo analizar una rebaja temporal de la fiscalidad en los hidrocarburos”

Lehendakari