EH Bildu devolvió este viernes el debate sobre el futuro estatus jurídico de Euskadi a la Cámara vasca. Y ante una coalición soberanista que le pide acelerar en busca de “concreciones”, el lehendakari insistió en optar por un camino en el que se puedan encontrar el máximo de sensibilidades posibles. Por una profundización en el autogobierno que llegue como resultado de un proceso de “unión”, y no como el detonante de una nueva “fractura”.

Repasando el recorrido que este debate ha tenido tanto en Euskadi como en la propia Cataluña, Iñigo Urkullu afirmó contundente: “No debemos introducir el autogobierno vasco en un callejón sin salida, dejarlo apartado en una vía muerta, o acordar algo para guardarlo en un cajón”. Cualquier propuesta sobre un nuevo estatus ha de contar con el grado de acuerdo “más amplio posible”, tener “viabilidad” institucional, y someterse a su ratificación en un referéndum, explicitó el lehendakari, reiterando así la hoja de ruta que guiará a su Ejecutivo en su avance por esta senda.

El Pleno de Control al Gobierno fue el escenario que eligió la portavoz parlamentaria de EH Bildu para retar al lehendakari tratando de retratar su postura ante un debate que tildó de “irrenunciable y urgente” en un campo lleno de situaciones que “ahogan la libertad”.

“Un debate central” Maddalen Iriarte afirmó que el del futuro del autogobierno es “un debate central”, y por eso emplazó a Urkullu a definirse dejando de acogerse “al comodín del toca o no toca”. “Es la hora de la concreción, es una cuestión de credibilidad”, dijo, antes de lamentar que el Ejecutivo vasco no se haya prodigado en esta materia porque “o no sabe, o no quiere, o no le conviene”. La mayoría de los ciudadanos defienden el derecho a decidir y el Gobierno Vasco no puede seguir “paralizado” ante este debate, subrayó Iriarte.

Por su parte, el lehendakari optó por conciliar, convencido de la conveniencia de “desarrollar, ampliar y reforzar” el autogobierno, pero siempre con tiento. No hay “argumentos democráticos” para oponerse a que las sociedades decidan libremente su futuro, pero dado que el derecho a decidir no es un concepto bien desarrollado jurídicamente, insistió en residenciar cada avance en un pacto político e institucional suficientemente amplio.

VOX y los presos

La mañana también dio para que VOX buscara la confrontación con el Ejecutivo a cuenta de los presos de ETA. Amaia Martínez, tomó la concesión del tercer grado a presos que han mostrado su arrepentimiento como percha para arremeter duramente contra la consejera de Justicia, a la que acusó de actuar siguiendo “una hoja de ruta que ningunea a las víctimas y a sus familias, y que privilegia a sus asesinos”.

“Espero que no ponga en cuestión los criterios de las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario”, uno de los colectivos “más perseguidos y amenazados por ETA”, respondió Beatriz Artolazabal, que explicó que el Gobierno Vasco se limita a “cumplir la ley” actuando en virtud de estos “informes individualizados, rigurosos y técnicos”, que recogen “signos inequívocos de que estas personas se han desvinculado y repudiado cualquier fin o medio terrorista”. “Ni benevolencia, ni liberación, ni criterios políticos. Simplemente cumplimos la ley” poniendo siempre en el centro el sentir de las víctimas, concluyó.