- La guerra interna que se ha desatado en el PP promete ser un chicle en el zapato de los populares, que se estirará y no podrán quitarse de encima con facilidad. El enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Pablo Casado, va para largo a razón de un capítulo diario sin que se tenga la sensación de que todos los datos están sobre la mesa. Esta impresión comienza por la propia versión de los hechos que están en el centro de la polémica: el contrato de un millón y medio de euros con la empresa Priviet Sportive S.L. para llevar mascarillas a Madrid en la etapa más dura de la pandemia del coronavirus, y los pagos al hermano de Ayuso que orbitan en torno a ese contrato. La presidenta madrileña, tras haberse negado a dar explicaciones al respecto, hizo público ayer un comunicado en el que admite que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.850 euros de Priviet, más IVA. Aseguró, eso sí, que no los cobró por intermediar a favor de la contratación de Priviet, sino que la empresa le pagó por unas gestiones que realizó para conseguir material en China y trasladarlo a Madrid.
Según esa versión, el pago fue una “contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación” para que la Administración madrileña fichara a esa empresa. Ayuso argumentó también que las mascarillas se vendieron al precio de cinco euros cada una, cuando en aquel momento se podían encontrar hasta por 10,5 euros. Sus partidarios celebraron con júbilo esta versión porque creen que desactiva la que había ofrecido Casado, que habló de unos 300.000 euros. No obstante, Ayuso solo reveló los detalles de una de las cuatro facturas que cobró su hermano Tomás a Priviet en 2020. Las demás no las desvela con el argumento de que no guardan relación con la Comunidad de Madrid. Tampoco incluyó la presidenta madrileña las pruebas documentales sobre ese único contrato del que habló.
Los partidos de izquierdas acudieron a la Fiscalía Anticorrupción y dieron cuenta de algunos mensajes recibidos para destapar el caso, donde se trataría de proyectar, según filtraron, que Priviet era en realidad una tapadera del hermano de Ayuso, y que poco antes era una empresa de calzado. Ayuso, por su parte, dijo en su comunicado que espera que nadie dude ya de su “honorabilidad” y “ejemplaridad”, aunque no consiguió cerrar la crisis ni despejar todas las inquietudes.
La presidenta madrileña justificó su tardanza a la hora de dar explicaciones en que no quería interferir en la labor profesional de su hermano. También se difundió un informe del viceconsejero de Asuntos Jurídicos y secretario general del Consejo de Gobierno que concluye que Ayuso no incurrió en ninguna infracción del Código Ético de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y no incumplió su deber de abstención. Sin embargo, este informe llega a esa conclusión por un aspecto formal, porque el Consejo de Gobierno no contrató como tal con Priviet, sino que el informe solo llegó a la mesa de los consejeros en concepto de dación de cuentas. Es decir, el Consejo de Gobierno solo se daba por enterado de un contrato que ya estaba firmado y había sido ejecutado.
Además, el nombre de Tomás Díaz Ayuso no figuraba en el contrato porque cobró a Priviet. De ahí que la presidenta madrileña también ayer siguiera sosteniendo que no medió a favor de su hermano y que no conocía el contrato. “Supe de ese contrato cuando me informó Pablo Casado, no antes”, sostuvo. Otros medios de comunicación aseguraron ayer que la Comunidad de Madrid ha contratado 18 veces con una empresa en la que trabaja el hermano de Ayuso, y que se hizo a dedo, sin controles, porque eran contratos menores.
Los partidos de izquierda creen que el dinero que cobró el hermano de la presidenta pudo influir en que la Comunidad de Madrid se decantara por Priviet para el suministro de mascarillas, y en algunos ámbitos siembran dudas sobre la proporcionalidad del pago de 50.000 euros sobre un contrato de un millón. El contrato tenía por objeto llevar mascarillas FFP2 y FFP3 para el hospital de campaña de Ifema.
El PP siguió ayer enredado en esta polémica, y ninguno de sus protagonistas termina de salir bien parado. Además de las dudas que se agitaron contra la versión de Ayuso, Casado sigue sin dar una explicación convincente sobre las razones que lo llevaron a no denunciar los hechos ante la Fiscalía cuando los conoció. El entorno de Ayuso habla de espionaje a su familia y de una maniobra para frenar su ascenso en el PP. Algunos editoriales de medios próximos a la derecha piden ya la cabeza de Casado, o la de Teodoro García Egea.
Pesa mucho el ascenso de Ayuso en las elecciones madrileñas, donde obtuvo 35 escaños más mientras Vox solo vio incrementada su ganancia en uno. Lo contrario sucedió en Castilla y León: el PP logró una victoria pírrica y Vox se disparó en doce escaños más tras una campaña marcada por el cuestionamiento del liderazgo de Casado por parte de Aznar. Ayuso asciende con un discurso basado en el madrileñismo. La ha llevado a arremeter contra el reparto de fondos europeos a la comunidad autónoma vasca y Navarra. La situación no es más fluida con Casado, quien torpedeó las transferencias de prisiones y tráfico, respectivamente.
“Cada contrato ha seguido el mismo procedimiento y ha sido publicado con transparencia”
“Siempre actuamos con arreglo al derecho y siguiendo la ley, nuestra gestión ha sido honrada siempre”
Consejero de Sanidad de Madrid
