- La ley vasca 12/2016, conocida como de abusos policiales,persigue “reconocer a aquellas víctimas que han sufrido violaciones en que interviene el poder público o sus agentes”. Su fin es, por tanto, ampliar el amparo legislativo del que ya disfrutaban las víctimas del terrorismo a quienes habían sufrido el “abuso de poder o el uso ilegítimo de la violencia policial”, tal y como reclamaban sendas proposiciones no de ley del Parlamento Vasco de 2011 y 2015.

Por ello, la Comisión de Valoración encargada de cribar las solicitudes de reconocimiento como víctimas de abusos policiales, en aras de mantener el espíritu original y la finalidad de la ley, ha rechazado las peticiones cursadas por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que han sufrido la violencia de ETA, y de víctimas de la banda terrorista como tales, que querían situarse bajo el paraguas protector de esta norma.

Así aparece reflejado en los dictámenes desestimatorios a los que ha tenido acceso este medio, todos ellos aprobados por la Comisión por unanimidad. Es el caso del que, fechado el pasado 29 de octubre, rechazaba la solicitud de un miembro de las Fuerzas de Seguridad que estuvo destinado en Euskadi entre 1963 y 1999, y que decía “haber sufrido violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno”.

En su resolución, la Comisión de Valoración explica que la “participación de personal funcionario no es un requisito inexcusable” para ser incluido en la ley, ya que el ejercicio de esta violencia también contempla a “particulares que actuaban en grupo o de forma aislada”. Pero advierte de que ello no debe suponer una “apertura total del ámbito de la ley” e insta a mantener la ligazón con “la actuación del Estado o sus representantes”. De lo contrario, “se diluiría por completo su objeto de regulación” y se correría el riesgo de invadir “sectores de regulación ajenos” como los específicos del terrorismo.

Otro tanto sucede con el documento del 3 de diciembre del año pasado que echaba para atrás la solicitud de una víctima de ETA y que repite los mismos argumentos. Entre ellos, que “no se trata de hechos o violaciones provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal, ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos y del Estado”.

Cabe recordar que sindicatos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y también de la Ertzaintza se han opuesto de forma abierta a la Ley 12/2016. La Ser adelantó ayer que 1.220 personas han pedido ser reconocidas como víctimas de abusos policiales, de las que unas 300 son guardias civiles, según la asociación mayoritaria JUCIL.

La Comisión de Valoración está presidida por Juana Balmaseda como experta en víctimas, y su decena de vocales incluye al antropólogo forense Francisco Etxeberria, la directora de Derechos Humanos Monika Hernando y el jurista Jon Mirena Landa. Sus dictámenes dan pie a resoluciones desestimatorias firmadas por el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz, como la del 24 de enero, que ya están siendo remitidas a los solicitantes.