El independentismo amaga con detener la actividad del Parlament por el ‘caso Juvillà’

Dicha Comisión ya se reunió hace un mes y dictaminó a favor de que Juvillà conserve el escaño mientras el Tribunal Supremo no diga lo contrario. La líder de JxCat consiguió así visibilizar la mayoría soberanista del 52% aprovechando la cuestión del diputado anticapitalista, inhabilitado por negarse a retirar los lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida en la campaña de las municipales de 2019, en concreto los que colgaban de las ventanas del despacho cupaire cuando él era concejal. El gran protagonista de la jornada, secretario tercero de la Mesa, ha tenido que reducir su actividad política por problemas de salud pero sin renunciar a su asiento para “defender la soberanía del Parlament”.

El planteamiento se topó con el rechazo vehemente de los dos miembros del PSC, alineados con el sector unionista, después de que hace semanas se pronunciaran a favor de Juvillà. “¿Por qué los partidos independentistas actúan diferente respecto a como lo hicieron en el caso de president Torra?”, se preguntó la portavoz socialista, Alícia Romero, en alusión a que entonces no se paralizó la rutina parlamentaria. Borràs explicó que la JEC notificó el pasado viernes por burofax y “contra todo principio de derecho” que dejaba sin efecto el acta del diputado antisistema, y recalcó que emitió esta comunicación sin esperar a la aceptación de las medidas cautelares pedidas al Supremo por parte del Parlament y del propio diputado. Además, la JEC también expidió el acta de la siguiente persona en la lista de la CUP por Lleida y estableció cinco días para que la presidenta del Parlament se pronunciase sobre si arrebatarle o no el escaño. A juicio de Borràs, la JEC “contraviene el acuerdo del Parlament del 17 de diciembre”, la resolución aprobada -113 diputados a favor, de PSC, ERC, Junts, CUP y comunes- que decía que no se podía retirar el escaño a un diputado si no hay una sentencia firme.

“Firmes contra la represión y unidos”, destacó la líder posconvergente, que, eso sí, no ordenó la paralización inmediata una vez el letrado mayor de la Cámara le advirtiera de las “consecuencias graves” que podría tener la suspensión. Desde Esquerra indicaron que están a favor de la parada pero creen que debería ser lo más corta posible. “Si pueden ser 24 horas que no sean 48”, piden con idea de garantizar los derechos de Juvillà y “de todos los diputados”. Para la CUP, en la decisión planteada por Borràs hay “una parte de voluntad de protesta ante las injerencias de la JEC”. En este sentido, recordaron que el pasado viernes una empleada de la Cámara, asesora de Juvillà, recibió un fax para notificarle su despido.

Por contra, en el PSC consideran la idea de la presidenta del Parlament, “con la connivencia de los partidos independentistas”, como un “despropósito” que redunda en la “degradación” de las instituciones y le recriminan que lleve a cabo “una nueva instrumentalización personal y partidista del Parlament”. Por su parte, los comunes veían “compatible” defender el acta de Juvillà y mantener la actividad, de ahí que Jéssica Albiach afeara a Borràs el “uso patrimonialista de las instituciones” que “devalúa el funcionamiento del Parlament”. También Ciudadanos y el PP rechazaron de plano un paso que puede constituir un “delito gravísimo” de usurpación de funciones públicas e incluso “de prevaricación”.

Aragonès, con partidos y entidades. Pere Aragonès arranca hoy y hasta el viernes la ronda de contactos que quiere llevar a cabo con los partidos y entidades independentistas para compartir “la situación política actual y especialmente las perspectivas para 2022 y los próximos tiempos”. El presidente, que se pronunciará en una conferencia el día 14, busca “abordar los proyectos y el horizonte de todo el conjunto del independentismo”.