- La decisión de la Fiscalía de Ginebra de archivar por falta de pruebas la investigación en torno a una donación de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí a Juan Carlos I, por hacer presuntamente de intermediario en la construcción del AVE entre La Meca y Medin, no ha aplacado el fuego cruzado de los partidos en torno a la figura del rey emérito. Las actividades presuntamente ilícitas del padre de Felipe VI siguen levantando ampollas, y las diferentes posturas quedaron ejemplificadas en el seno del propio Gobierno de coalición: mientras la portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, dejó en sus manos su regreso desde Abu Dhabi a España, Unidas Podemos lanzó una ofensiva total contra la figura de la monarquía, que calificó de “mecanismo perfecto para la corrupción”, gracias según su parecer al aval de la Constitución.
Fue el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, el que aseguró que el archivo de la investigación de la Fiscalía suiza “no cambia nada” porque “nadie ha negado que la dictadura teocrática saudí transfirió 100 millones de dólares -65 millones de euros- a una fundación opaca a nombre de Juan Carlos I”. “Lo que parece decir la Fiscalía suiza es que no hay pruebas de que haya sido por las comisiones del AVE a la Meca”, añadió.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, dijo que el problema no es tanto Juan Carlos I y sus actividades “corruptas” sino la monarquía. Según Echenique, si el rey emérito ha podido “delinquir” durante cuatro décadas es por un diseño constitucional que garantiza “la impunidad de cualquier persona que ocupe la jefatura del Estado”. “Hoy cualquier persona que ocupe la Corona podría llevar a cabo las mismas actividades que Juan Carlos con la misma impunidad que él”, señaló, por lo que defendió la necesidad de realizar una “profunda” reforma constitucional para cambiar el diseño de la jefatura del Estado, entre otras cuestiones.
En sentido contrario, la ministra portavoz del Gobierno dijo que no corresponde al Ejecutivo si el rey emérito debe volver o no a España porque es él quien debe decidirlo y, en todo caso, serán “respetuosos” con la postura que adopte al respecto la Casa Real. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, abundó en esta idea y apuntó que, si no hay impedimento, es Juan Carlos I el que debe tomar una decisión sobre su vuelta o no. Recordó que de momento no ha trasladado públicamente “su deseo, voluntad o confirmación” de regresar al Estado, “y respetamos ese silencio”, zanjó.
Los grupos de la oposición, por su parte, trataron de establecer ayer un cortafuegos en torno a la figura del emérito, y así la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguró que puede volver “cuando quiera, como quiera y donde quiera, como un ciudadano más”. “El rey emérito es un ciudadano español que puede venir a su país cuando quiera y en las circunstancias que quiera y, por tanto, respetamos enormemente sus decisiones personales en este aspecto”, insistió la popular.
Gamarra criticó además que haya partidos que pretendan limitar la libertad de Juan Carlos, un hecho que comparó con la limitación de libertad que, a su juicio, está sufriendo el niño de Canet de Mar (Barcelona) que demanda recibir al menos un 25% de clases en castellano. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, opinó que “no hay ningún motivo para que no regrese y podrá volver cuando estime oportuno”. “Según vaya pasando el tiempo se va a hacer más justicia al rey Juan Carlos”, apostilló.
