- Manos Limpias presentó ayer ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) una denuncia contra el president de la Generalitat, Pere Aragonés, y contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, por los presuntos delitos de amenazas, coacciones y desobediencia a resoluciones judiciales en grado de tentativa y en grado de provocación, por, a su juicio, tratar de que los centros educativos catalanes no cumplan con el 25% del horario escolar en castellano. El secretario general del sindicato ultraderechista, Miguel Bernad, indica que esos delitos derivan de la carta que habría enviado Cambray a los directores de centros educativos para que “desobedezcan y no den más clases en castellano” a pesar de que el Supremo hubiera confirmado la sentencia del TSJC que obligaba a impartir esa cuota. Bernad dice que la misiva se remitió a más de 5.000 centros educativos a las 24 horas de conocerse la decisión judicial, y advierte de que hay una plataforma (Somescola) que prepara una manifestación ante las puertas del TSJC “como coacción y amenaza”.

Resalta que el 16 de diciembre “se prevé una cumbre social con entidades y partidos, como coacción y amenaza” tal y como anunció el president desde el Parlament, y suma que la conselleria del ramo ha emitido una directiva para que las contrataciones tanto de mediodía (empresas de comedor) como extraescolares, como ocio y talleres, incluyan “la premisa de la lengua catalana”. Añade que la Comisión de Educación de la Cámara Catalana rechazó una propuesta de resolución que insta a la Generalitat a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, y que además el lema de Aragonés y Cambray es “más catalán en las aulas y el catalán no se toca”.

Cambray criticó ayer que el TSJC obligue directamente a las direcciones de los centros educativos a aplicar un 25% de castellano en los casos que así resuelva, y, con ello, “impida” que sea su departamento quien gestione la respuesta a dichas sentencias. Lo aseguró tras reunirse con la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, que recibió una medida cautelar en este sentido la semana pasada tras la denuncia de una familia de Parvulario de 5 años: “Quien responde es la directora”. El conseller desgranó que el Govern “tiene blindado el modelo de escuela catalana” a través de la ley catalana y estatal, pero que los tribunales, desde el desconocimiento, según su expresión, toman decisiones que no se ajustan a la realidad. “Es un ataque más, intolerable y que rechazamos, al modelo de escuela catalana, que es de éxito, garantiza la cohesión social, equidad e igualdad de oportunidades”.

Tras modificar el plan lingüístico del centro en aplicación de la sentencia, el 25% de castellano se aplicará en los ámbitos educativos de racons, psicomotricidad y educación visual y plástica de los grupos de P5 en los que participe el menor cuya familia denunció. Cambray pidió a las familias del centro que “prioricen la convivencia ante este nuevo ataque”, y explicó que no se ha reunido con esa familia que interpuso la denuncia porque no lo han pedido, aunque está abierto a ello.

En un comunicado conjunto, Gonzàlez-Cambray y los exconsellers del ramo Josep Bargalló, Meritxell Ruiz, Irene Rigau, Ernest Maragall, Joan Manuel del Pozo, Marta Cid, Carme Laura Gil y Joan Guitart pusieron en valor la inmersión y reclamaron “estar al lado del profesorado”. “El sistema lingüístico de la escuela catalana, nacido de un amplio consenso político y social y apoyado en un marco político plenamente vigente, se fundamenta en un trato de equidad para todo el alumnado, la búsqueda de un equilibrio formativo entre escuela y realidad social y la voluntad integradora”, reflexionan. El modelo permite lograr “las competencias escritas y orales de las lenguas oficiales del país al acabar la etapa obligatoria”. Así, opinan que tener plena competencia en catalán, castellano, y un dominio suficiente de una tercera lengua es “sustancial para el progreso y la integración de toda la sociedad”.

“La inmersión garantiza la cohesión social e igualdad de oportunidades, este es otro ataque intolerable”

Conseller de Educación de la Generalitat