- El depósito de la paciencia de Olatz Garamendi se agota y se acerca a la reserva. El Gobierno Vasco no está dispuesto a tolerar que sigan la sequía y la falta de avances a la hora de que el Estado cumpla el Estatuto de Gernika y transfiera todas las materias que ahí se recogen. La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, alzó ayer la voz para reclamar, por un lado, que se ponga de una vez “una propuesta encima de la mesa” sobre la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital, para culminar y concretar el compromiso político arrancado al Gobierno de Sánchez por parte del PNV en la negociación presupuestaria. Por otro lado, exigió también que le presenten papeles sobre la treintena de transferencias pendientes.
Pero, ¿qué margen tiene el Gobierno Vasco para presionar y conseguir resultados, más allá de la crítica pública? La consejera ya se ausentó de la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes autonómicos el viernes pasado. Ahora deja ver que también está en el aire la presencia del lehendakari Urkullu en el gran encuentro con los líderes territoriales y Pedro Sánchez previsto para enero. Su asistencia va a depender de las circunstancias y del grado de cumplimiento de los compromisos bilaterales. Esta advertencia ya ha servido en el pasado, en dos ocasiones, para desbloquear otro asunto donde no había avances: la Comisión Mixta del Concierto Económico, que se convocó tras amagar el lehendakari con no acudir a la Conferencia de Presidentes en julio de este año y en el anterior.
En una entrevista concedida a Onda Vasca, la consejera pidió un “cambio de rumbo” en el Estado y espera que se produzca “un punto de inflexión” tras ausentarse de la reunión del viernes pasado. Ella misma comunicó a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, las razones para no asistir, y hace unos meses mantuvieron una reunión cara a cara en la que esta ministra prometió enviar una oferta sobre el IMV y sobre los trenes de cercanías en octubre. Garantizó, además, que serían transferidos este año.
Garamendi no restó valor al pacto presupuestario del PNV, un buen acuerdo para ella porque recoge que se debe producir una transferencia y no una mera encomienda de gestión; la gestión será íntegra de manera que Euskadi pague la prestación, y se va a cerrar con respeto al mecanismo del Concierto Económico que regula las relaciones financieras entre ambas partes.
Pero diferenció ambos planos: distinguió este acuerdo presupuestario y la relación entre los gobiernos, donde falta aún que llegue un documento. No hay noticias de Rodríguez ni del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Escrivá ha estado esta semana en Euskadi y ha garantizado que las instituciones vascas gestionarán íntegramente esta prestación social. El PNV espera que se firme a principios de año.
Hay buenas sensaciones, pero la consejera quiere que se remate la jugada de una vez por todas y comience, para ello, el cruce de papeles. Ha pasado un año desde la última actualización del calendario de transferencias. No ha sido un año baldío, porque se han alcanzado acuerdos históricos como el traspaso de las prisiones, pero los plazos parecen nuevamente superados por las circunstancias.
Garamendi apostó por generar confianza en los foros bilaterales, y “luego extenderla en los multilaterales”. Aclaró, en cualquier caso, que su ausencia en la Conferencia de Presidentes no tiene por qué suponer que el lehendakari no acuda en enero. Urkullu tomará su decisión “en función de las circunstancias y con absoluta responsabilidad”. Por otro lado, puso en valor que su gobierno quiere sacar en el primer trimestre de 2022 una convocatoria de alrededor de 1.400 plazas en la Administración.
