- Los sindicatos de la Ertzaintza ErNE y Euspel se concentrarán el día 31 junto al Palacio Miramar de Donostia, donde se reunirá el Consejo del Gobierno Vasco, para denunciar “discriminación” laboral hacia la Er-tzaintza respecto a otros funcionarios de la Administración autonómica. Además, denuncian que el Departamento de Seguridad de Josu Erkoreka “tiene una relación nula” con los sindicatos sobre las condiciones laborales y, a su juicio, las “impone”.
La concentración tendrá lugar a partir de las 11.00 horas, junto al Palacio Miramar coincidiendo con la reunión del Gobierno Vasco que estará presidida por el propio lehendakari Urkullu. Las aguas vuelven a bajar revueltas con este colectivo y con el sindicato ErNE, con quien la relación ha sido complicada y conflictiva en los últimos años. Las protestas durante la legislatura pasada delante del Parlamento provocaron tensión con el lehendakari.
El acto de protesta está motivado, según estos sindicatos, por “el pésimo balance” del Departamento de Seguridad. Por ello, exigen a Urkullu que “practique en casa lo que reclama en el exterior sobre la interlocución con el Gobierno Vasco”. En este sentido, aseguran que, actualmente, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, “tiene una relación nula con los representantes de los trabajadores de la Ertzaintza sobre las condiciones laborales”. “El Departamento que dirige se caracteriza por la imposición a la hora de adoptar medidas que generalmente suelen ser chapuceras e improvisadas”, dicen.
A su juicio, “la discriminación hacia este colectivo queda patente en el último decreto de desarrollo profesional firmado y aprobado por el lehendakari, que deja a los agentes de la Ertzaintza como funcionarios de tercera”. “Somos los únicos funcionarios del Gobierno Vasco a los que las bajas por enfermedad común les penalizan en sus retribuciones, y ahora también lo harán en la carrera profesional”, dicen.
“Tenemos un acuerdo regulador caducado hace 10 años, necesitamos una revisión de la Relación de Puestos de Trabajo, contamos con una falta de plantilla de más de 900 agentes en la escala básica, y la judicialización en las materias laborales es la única solución que tenemos”, aseguran.