- El Consejo del Gobierno Vasco dio ayer luz verde a la ley de Memoria Histórica y Democrática, que se antoja indispensable para el camino de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo en Euskadi.

Así, este proyecto de ley, que seguirá ahora su recorrido en el Parlamento Vasco, tiene como objetivo regular las políticas públicas de Memoria Histórica que el Ejecutivo autonómico viene desarrollando desde hace décadas, y contempla, entre otras cuestiones, promover activamente la memoria, reconocer e indemnizar a los damnificados por la dictadura o fomentar valores éticos y democráticos.

En esa línea, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, destacó que la CAV es “referencia en memoria histórica y democrática” y el trabajo realizado se refuerza con un nuevo proyecto de ley que “mira al pasado, pero sobre todo mira al futuro” de Euskadi. “Es un futuro con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y para la no repetición. Y la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición son patrimonio democrático de todos”, resumió Artolazabal.

Tal y como señalan desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, la futura ley -que discurre en paralelo a la norma de Memoria Histórica que está también en marcha en el Estado- tiene dos objetivos: promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas; y fomentar principios y valores democráticos.

De esta manera, la futura norma se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición; e incorpora también la perspectiva de género poniendo de relieve que mujeres y hombres son sometidos “a diferentes formas de violencia en las mismas situaciones de conflicto y postconflicto”.

En lo relativo al derecho a la justicia de los damnificados por la contienda o por el franquismo, la norma aboga por la colaboración entre la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales para “la puesta en conocimiento de la existencia de indicios delictivos” como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones realizadas.

Sobre las exhumaciones, el proyecto de ley otorga a Gogora la competencia de actuar para la “localización e identificación” de las personas desaparecidas en la Guerra Civil, actuaciones que, según recuerdan desde Lakua, las instituciones vascas ya vienen realizando desde hace años. Así, desde 2003 se han recuperado los restos de un total de 110 víctimas, 108 hombres y dos mujeres.

El Gobierno Vasco también prevé regular la simbología contraria a la Memoria Histórica con esa nueva norma y recuerda que, aunque la mayoría de elementos, distinciones y honores franquistas ya han sido eliminados de los espacios públicos de la CAV; “sigue habiendo vestigios que deben desaparecer definitivamente”.

Para garantizar su cumplimiento, la futura ley incluye un régimen sancionador en el que se establecen infracciones muy graves, graves y leves, cada una con su correspondiente sanción. Así, se contemplan multas que van desde los 200 euros hasta los 150.000 euros, dependiendo de la gravedad o importancia de la infracción cometida.

Se describen como infracciones muy graves la destrucción de fosas de la Guerra Civil o la ocultación de documentos relevantes para investigaciones. Asimismo, será sancionada la no comunicación de hallazgos de restos humanos de la contienda.

Acto en Elgoibar. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, hará entrega hoy a su familia de los restos del gudari víctima de la Guerra Civil Aniceto Agirrebeitia Lazpita, en un acto en Elgoibar. Los restos de este combatiente fueron exhumados en diciembre de 2020 en el monte Bizkargi de Amorebieta-Etxano. En el transcurso de este homenaje, los restos serán inhumados en el Columbario de la Dignidad de Elgoibar, en el cementerio municipal de Olaso. Además de Artolazabal, participarán el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz; la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, y familiares de Aniceto Agirrebeitia.