- El Tribunal de Cuentas ha pasado al ataque respondiendo al Gobierno de Pedro Sánchez tras las alusiones de algunos de sus miembros y del propio líder del PSOE sobre este órgano de control contable en relación a su naturaleza, funciones y composición, después de haber reclamado 5,4 millones de euros a una cuarentena de ex altos cargos del Govern por la acción exterior de la Generalitat. En un comunicado insólito donde defiende su independencia, sostiene que es un órgano constitucional que ejerce una “función jurisdiccional”, sometido “tan solo al ordenamiento jurídico” y que sus informes de fiscalización “no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos”.

Asimismo, alega que sus consejeros son “independientes e inamovibles” y que su personal está integrado por profesionales “altamente cualificados”, en referencia a la alusión de Sánchez a la presencia de “la exministra de Aznar” Margarita Mariscal de Gante en su cúpula. El tribunal recuerda que sus consejeros “son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso y del Senado”, deslizando que la propia Mariscal de Gante, que enjuiciará los gastos de los independentistas, fue nombrada en consenso con el PSOE.

La “nota claratoria” se cuida de no mencionar expresamente al Gobierno y en ella asegura que hace pública esta posición para salir al paso “ante las noticias que vienen apareciendo en algunos medios”, pero desmiente implícitamente al presidente español por haber adjetivado al Tribunal de Cuentas como “instancia administrativa”. La institución que preside María José de la Fuente reivindica que “ejerce con carácter supremo la función fiscalizadora del sector público, de naturaleza eminentemente técnica, con arreglo a normas y procedimientos de auditoría acordes a las normas internacionales para el ejercicio de esta función”. En su cúpula hay ligera mayoría de consejeros a propuesta del PP y su mandato vence este mes aunque puede continuar hasta que los dos grandes partidos pacten una renovación. El PSOE y sus socios ya han afeado a los de Pablo Casado su interés en obstaculizar este proceso, al igual que con el CGPJ.

Este órgano contable añade que “los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos. El destinatario principal de dichos informes son las Cortes Generales”. Lo que sí es recurrible, aseveró ayer Pedro Sánchez, son sus sentencias sobre desvíos de fondos de los independentistas. “El Tribunal de Cuentas ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos”, agrega el comunicado. “La misión del Tribunal de Cuentas es contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional”, concluye la nota.

5,2 millones. El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido los recursos de Artur Mas y otros siete altos cargos contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que les reclamó el pago de 5,2 millones por gastar dinero público en la consulta del 9-N de 2014. Este rechazo se debe a aspectos formales ya que, según el TS, los recurrentes no han justificado el interés casacional alegado en sus recursos y “por falta de fundamentación suficiente”. Todos ellos depositaron 2,9 millones que la ANC y Òmnium recaudaron a través de la “caja de solidaridad” y consignaron varios inmuebles como garantía, dando por liquidada la fianza de 5,2 millones. Los líderes soberanistas pueden recurrir ahora a la Justicia europea.