- El Gobierno español sigue enrocado en su intención de dar carpetazo al estado de alarma el 9 de mayo pese a las reiteradas llamadas de sus socios de investidura a que Pedro Sánchez recule en sus planes o ponga sobre la mesa una alternativa que dote de seguridad jurídica a las autonomías a la hora de establecer sus medidas contra el coronavirus. Ni siquiera la amenaza de que estas formaciones pasen a apoyar el llamado plan B del PP ha propiciado que, de momento, Moncloa se mueva un milímetro en sus pretensiones, a sabiendas además de que, al no haber pleno la próxima semana por las elecciones madrileñas del 4 de mayo, los plazos se alargarán y es improbable que la solución diseñada desde Génova pueda estar aprobada antes de que el Ejecutivo ponga fin a la alerta.

La decisión de Sánchez genera contradicciones en el seno de su Gabinete y está condicionada por la incidencia epidemiológica, el criterio de los expertos y quién sabe si también por lo que deparen las urnas en el epicentro del Estado. Ante una pregunta concreta sobre si cambiará de opinión, la ministra portavoz, María Jesús Montero, mantuvo ayer que el Gobierno persiste en su criterio y que entiende que no es necesario modificar la legislación sobre salud pública, ni la ley orgánica de 1984 ni el conjunto de normativas de las comunidades relativas a esa materia. Por ello, se remitió a las resoluciones que se adopten en el Consejo Interterritorial de Salud que, según ella, son de “obligado cumplimiento”, aunque los partidos acusan al líder socialista de tirar de rodillo. Hoy mismo, en la sesión de control en el Congreso, el PNV forzará a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a pronunciarse sobre qué herramientas se barajan para poner a disposición de las autonomías tras el 9-M.

Según el Gobierno de Sánchez, las comunidades han de concentrarse en acelerar la vacunación, un elemento clave, y les recuerda que si requieren de medidas extraordinarias, pueden hacerlo con el refrendo de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, aunque no han sido pocos hasta la fecha los reveses judiciales en esta materia. Moncloa encuentra “curioso” que los grupos que pusieron trabas en las sucesivas prórrogas del primer estado de alarma, en la primera ola, ahora “se pronuncien en un sentido favorable”. De esta manera, no prevé cambiar de rumbo, porque además el PP “no comparte” una ampliación de una situación que debe ser “excepcional”, zanjó Montero.

El PNV volvió a instar a Sánchez a “alargar la alarma durante un periodo, aunque fuera corto”, y solo “para modificar la legislación y dar instrumentos” a las comunidades para combatir la pandemia. El portavoz jeltzale en la Cámara baja, Aitor Esteban, avisó de que, en este momento, “el instrumento más útil, que es la restricción de movilidad, hay que seguir utilizándolo”. A su juicio, disponer de “herramientas alternativas es difícil, más allá de la legislación que se pueda hacer en alguna comunidad” y que, en todo caso, “siempre va a estar limitada”. El Gobierno Vasco ha puesto en marcha un grupo de trabajo que está elaborando ese análisis y que tiene el encargo de plantear diferentes escenarios que se puedan prever.

En este contexto, Esteban señaló en TVE que “incluso representantes del Gobierno”, como Carmen Calvo o Margarita Robles, han admitido que la movilidad no puede verse limitada por las autonomías sin un escenario de alerta. “No sé si eso quiere decir que están repensando sus intenciones pero, tal y como está la legislación española, si no se hace ningún retoque y teniendo en cuenta los números de la pandemia, que van in crescendo, y que las previsiones más optimistas” de Sánchez apuntaban que iba a haber un 10,5% de la población vacunada a principios de mayo, “todavía el instrumento más útil para luchar contra la pandemia, la restricción de movilidad, hay que seguir utilizándolo”, valoró Esteban, que no comprende la cerrazón del Gobierno y la premura en anunciar sus planes.

Pero el Ejecutivo se limitó a apuntar que el PP solo busca “enredar” con su plan jurídico y a recalcar que no hará reformas legislativas porque “la restricción de los derechos fundamentales es algo muy serio y no se puede dejar en manos de las comunidades una restricción que está bien articulada en la Constitución”. Eso sí, preguntada por si el Consejo Interterritorial podrá adoptar la decisión de llevar a cabo cierres perimetrales en las autonomías incluso si no cuentan con el consentimiento de las afectadas, la ministra portavoz echó balones fuera y se remitió a que la respuesta la dé la ministra de Sanidad. “Sería muy osada si me anticipo a cualquier cuestión que no ha sido debatida”, alegó.

Esquerra, EH Bildu, Mas País, PDeCAT y Compromís denunciaron la falta de alternativas, llamaron al Gobierno a liderar la encrucijada y no rechazaron respaldar el plan del PP, admitido por la Mesa del Congreso, aunque por calendario sea infructuoso. Desde ERC, Gabriel Rufián justificó que están dispuestos a “enmendar cualquier irresponsabilidad porque por encima de todo está la salud”. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, sostuvo que “no es de recibo” mantener esta inseguridad y que Sánchez debería acordar con sus socios el paraguas jurídico para no depender de los tribunales. El líder de Más País, Íñigo Errejón, censuró la “inacción” de un Ejecutivo que “vive al día”.