- Las consultas relacionadas con el Departamento de Seguridad del Ejecutivo autonómico y con los cuerpos de policías locales sumaron el 6,85% de las reclamaciones recibidas por la oficina del Ararteko a lo largo de 2020. En su informe publicado ayer, la institución reveló que una parte “significativa” de estas quejas estuvo relacionada con cuestiones de los estados de alarma y, en general, con “la severa limitación de derecho fundamentales” que se ha producido para combatir la pandemia, fundamentalmente en cuestiones de movilidad ciudadana.

Todo ello ha ocasionado quejas que denunciaban en muchos casos un “uso desproporcionado e injustificado de la fuerza” y detenciones “carentes de justificación” por parte de la Ertzain-tza y de las policías locales en su labor de velar por el cumplimiento de las limitaciones de movilidad, sobre todo durante el confinamiento domiciliario estricto que tuvo lugar durante las primeras semanas de la pandemia.

Algunas de estas reclamaciones han sido estimadas y otras han sido denegadas. En cualquier caso, el defensor del pueblo vasco traslada su “máximo respeto y reconocimiento al trabajo” que han realizado los cuerpos de policía en Euskadi a lo largo de la pandemia y les recuerda que las circunstancias de emergencia sanitaria “no pueden amparar ni justificar actuaciones que no sean respetuosas con los derechos y libertades ciudadanas”.

Según recoge el informe anual del Ararteko, también se han recibido “numerosas quejas y consultas” sobre los criterios con los que estos cuerpos policiales han aplicado las restricciones, debido a “conceptos jurídicos indeterminados” relativos a las situaciones de necesidad y fuerza mayor, que requieren de “una valoración previa en cada caso”.

El documento concluye que la indeterminación en las normas “otorga un amplio margen de discrecionalidad a los agentes y puede dar lugar valoraciones muy diferentes de una misma realidad”.