- Algo comenzó a moverse en el año 2011 en el Estado, cuando la Casa Real española publicó por primera vez en su historia el salario de sus integrantes ante la creciente desafección ciudadana por el tren de vida de algunos representantes públicos en plena crisis económica. Un año después, el entonces rey Juan Carlos I, forzado por las circunstancias, entonaba una disculpa por su controvertido viaje de caza a Botsuana, donde acabó lesionado y tuvo que afrontar una operación de cadera que lo situó en el carril hacia su inexorable abdicación en 2014. Ese primer hito en la operación para mantener a flote la institución monárquica se vio sucedido por otros movimientos, como la renuncia de Felipe VI a su herencia para escenificar que marca distancias con su padre mientras afloraban sin cesar las informaciones que apuntaban a la fortuna oculta del rey emérito y las presuntas comisiones cobradas por la adjudicación del AVE a La Meca. Juan Carlos I terminó poniendo tierra de por medio y abandonó el Estado español en una operación que, según se informó en aquel momento, contaba con el beneplácito de La Moncloa o, al menos, con la parte socialista del Gobierno español y con el rechazo de Unidas Podemos. Desde ese mismo momento, los movimientos del emérito no han contribuido a apagar el fuego y han arrojado más gasolina, hasta el punto de que sus decisiones boicotean todas las actuaciones destinadas a blanquear su legado.

En primer lugar, la operación para su salida del Estado, que estaba destinada a preservar la figura de Felipe VI, se convirtió en un nuevo foco para la controversia por el oscurantismo y la tardanza a la hora de explicar dónde se encontraba. No se calmaron las aguas cuando se conoció finalmente que se encontraba en Abu Dabi, porque los Emiratos Árabes representan el lujo y la comodidad a la que se ha asociado su vida en los últimos tiempos y, además, no es una zona que se pueda homologar a los estándares democráticos europeos en materia de libertades.

Juan Carlos I también ha contribuido a la polémica con su decisión de poner al día sus deudas con Hacienda, un movimiento que se ha interpretado en todos los ámbitos, incluso en los más cercanos ideológicamente a su figura, como un intento de eludir una investigación por un delito fiscal y como un reconocimiento implícito de que actuó de manera irregular. En la primera regularización pagó 678.000 euros para regularizar los fondos que habría recibido del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. En ese momento, los expertos dejaron claro que, para que una regularización fiscal sea válida, debe ser veraz, completa y espontánea: el rey tenía que saldar con Hacienda la totalidad de su deuda, sin ocultar nada más, y hacerlo por propia voluntad, sin una investigación previa sobre su patrimonio.

Las dudas sobre el cumplimiento de estos requisitos se han disparado esta semana con una segunda regularización, lo que convierte ya este asunto en un pago por entregas. Además, el rey emérito no se había dejado en cartera una cantidad residual, sino que ha pagado 4,4 millones de euros para regularizar ocho millones en concepto de viajes privados. Es en ese punto donde partidos como Unidas Podemos, socios del PSOE en el Gobierno español, han puesto en cuestión el proceder de la Fiscalía y de Hacienda y se han preguntado cómo puede ser que siga aflorando dinero sin que nadie abra una investigación al rey emérito y dando por bueno que todas sus regularizaciones son veraces, completas y espontáneas. En este contexto, El Mundo añadía ayer que el Borbón solo ha regularizado cinco de los doce años de viajes con jets privados con la fundación de su primo y que, para más señas, lo que ha pagado cubre solo los años en los que ya había abdicado y no gozaba de inviolabilidad. Es decir, se desliza que solo pagó por aquello que sabía que podía ser un delito y llevarlo ante la justicia, siempre según los datos de ese medio de comunicación.

Esta secuencia de acontecimientos, que ha provocado un intenso debate político sobre la "pasividad" de la Fiscalía y de Hacienda y que extiende la sombra de la sospecha también sobre esos órganos del Estado, ha estallado precisamente cuando parecía prepararse el retorno del monarca. En ese contexto se enmarca el discurso laudatorio de su hijo en la ceremonia para recordar la derrota del intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Felipe VI puso en valor su papel para frenar a los militares, aunque otros partidos como el PNV piden arrojar luz reformando la Ley de Secretos Oficiales ante las informaciones que apuntan que Juan Carlos I pudo estar cerca de los golpistas. En paralelo, el PSOE unía sus votos con los del PP para evitar que se retire la inviolabilidad y el aforamiento a los reyes.

La regularización fiscal también parecía encaminarse a que pudiera regresar al Estado sin temor a verse envuelto en un delito fiscal. No obstante, las dudas que ha suscitado este segundo pago devuelven las fichas de esta polémica a la casilla inicial del tablero: el debate sobre una institución sin control ni fiscalización.

Desde la abdicación. El intento de trazar una barrera de protección en torno a la figura de Felipe VI para que no le salpiquen los negocios de su padre se ha traducido en la salida de Juan Carlos I del Estado español, la renuncia a su herencia, y dos regularizaciones fiscales que han suscitado más problemas que los que pretendía resolver: Podemos pone en duda a la Fiscalía y Hacienda y pone en duda que las declaraciones sean veraces, completas y espontáneas por parte del Borbón.