- La ministra Margarita Robles ha desatado una auténtica crisis política con el PNV, una de esas crisis que dejan magulladuras, heridas y muy mal recuerdo en sus socios. La responsable de Defensa insinúa que el cuerpo del trabajador que aún se encuentra sepultado en el vertedero de Zaldibar, Joaquín Beltrán, podría haberse hallado con la intervención del Ejército español, toda una sorpresa porque ella misma había desmentido hace un año semejante idea y se atribuyó a un bulo que alimentó la ultraderecha. Una muestra de la gravedad de lo sucedido es que el lehendakari se ha dirigido al presidente español, Pedro Sánchez, para trasladarle su dolor y pedir una rectificación pública. Según explican fuentes de su entorno a este diario, Iñigo Urkullu le envió un mensaje el lunes para decirle que considera "injustas" las palabras de Robles, que no se corresponden con lo sucedido, y que le causan "un profundo dolor humano y político". Por ello, pide una rectificación pública.
Si hubo que detener la búsqueda en algunas ocasiones, no fue por falta de personal o medios, sino porque no se podía entrar en la zona ante el riesgo de que se registraran nuevos desprendimientos. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, recordó ayer que la ministra le admitió en privado hace un año que no se podía hacer más por el riesgo de derrumbes. Su grupo ha registrado una pregunta para que lo admita y rectifique en público sus últimas declaraciones en el pleno del miércoles. Este es un asunto muy delicado para Urkullu. Supone insinuar que, por razones políticas, un Gobierno Vasco que tiene como lema la preocupación por las personas y el perfil humanista ha puesto trabas a que una familia pueda recuperar el cuerpo de un ser querido y complete su duelo, y plantearlo a sabiendas de que es falso. El emplazamiento a Sánchez añade presión a Robles.
La búsqueda en Zaldibar es una labor de maña, y no de fuerza. Muy quirúrgica. Todo comenzó el 6 de febrero de 2020. Toneladas de residuos de desplomaron en la escombrera de la empresa Verter Recycling, y parte del material cayó en una zona de tránsito importante, la AP-8. El derrumbe sepultó a los trabajadores Alberto Sololuze (sus restos se encontraron en agosto) y Joaquín Beltrán, que sigue desaparecido un año después. En las tareas de búsqueda participaron decenas de operarios, con bomberos y ertzainas. No era un problema de efectivos, sino que no se podía entrar en el terreno por el riesgo de desprendimientos en la ladera, algo que podría agravar la tragedia humana y obligaba a estabilizar primero el terreno y echar el freno. Las dificultades asaltaban a cada paso, y pronto llegaría el hallazgo de amianto, un material peligroso que obligó a parar la búsqueda, reanudarla con trajes especiales y buscar una empresa especializada. También se desataron incendios.
Los refuerzos que llegaron fueron muy técnicos, para cometidos muy específicos y concretos como esos dos últimos: se contactó con una empresa externa especializada en el tratamiento de amianto, IGR, con décadas de trayectoria y referente a nivel estatal; y se contó, por ejemplo, con la asistencia de un helicóptero de Helitrans Pyrineés de Andorra para sellar con espuma los incendios. Por aquel entonces, además, el consejero de Medio Ambiente era Iñaki Arriola, un socialista y compañero de filas de la propia Robles, y no el PNV.
En aquel momento, Vox agitó la idea de que el Gobierno Vasco había recibido una oferta de la Unidad Militar de Emergencias y la rechazó. La propia ministra negó que existiera un ofrecimiento. Aitor Esteban remató ayer en Radio Euskadi al insisitir en que por aquellas fechas "ella misma reconoció" en una conversación con él que "no se podía hacer más de lo que se hizo por el peligro de nuevos derrumbes". "¿A qué viene esto ahora?", se preguntó. La respuesta la ofreció el propio Esteban cuando recordó que voces socialistas han encuadrado las palabras de Robles en su intención de defender a las Fuerzas Armadas en un contexto de ataque y desgaste político por los chats en tono guerracivilista y ultra. "Búsquese otros ejemplos. Es mala memoria, o no entiendo a qué viene", zanjó.
Robles es la ministra más mimada por la derecha mediática, y casi la única que se salva de la quema para esos ámbitos de opinión. En ese contexto se explica que haya pasado del blanco al negro sobre Zaldibar. El propio Esteban ha intercambiado mensajes con ella en las últimas horas para trasladarle su "enfado", y Joseba Agirretxea le preguntará en el pleno si "va a rectificar sus declaraciones". Robles criticó el lunes que "en algunos sitios se diga aquí la UME no puede venir, cuando a lo mejor, si hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio". El tono duro de Robles en otras réplicas al PNV sobre los componentes ultras en el Ejército no invita a pensar en que rectifique, aunque podría hacerlo con el impulso de Sánchez, que considera al PNV un socio preferente. Para los jeltzales es importante que la rectificación sea pública y restituya el honor del Gobierno Vasco en esta cuestión. Pública fue la ofensa, y pública debe ser la rectificación para Lakua.
Sin infracciones. La Comisión Europea no ha detectado infracciones de las normas comunitarias en la gestión del vertedero de Zaldibar. Así lo refleja un documento del Parlamento Europeo que analiza si las autoridades han cumplido con la legislación a petición de varias asociaciones vecinales y plataformas como Zaldibar Argitu!. La Comisión "no puede identificar ninguna violación de la legislación de la UE". Dice que el vertedero "contaba con un permiso válido" y las autoridades "adoptaron medidas correctoras urgentes tras el accidente para reducir el impacto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente". Las autoridades lo "inspeccionaron regularmente en el pasado".
"En una conversación conmigo, Robles dijo que no se podía hacer más por el riesgo de derrumbe"
Portavoz del PNV en el Congreso