-Cuando Iñigo Urkullu insistió en celebrar las elecciones autonómicas en julio y no esperar hasta octubre, lo hizo para que los comicios no quedaran atrapados en la telaraña de la segunda ola del coronavirus que se veía venir y que iba a impedir la votación. Pero también lo hizo con el argumento de que había que desperdiciar el menor tiempo posible, tener un gobierno en marcha en otoño y sentar cuanto antes las bases de la respuesta económica y sanitaria a la emergencia del virus. Se trataba de hacer cuanto antes la parada en boxes, cargar el coche de combustible y realizar el cambio de ruedas para que pudiera arrancar a cien por hora antes de que terminara 2020. El próximo jueves se cumplirán los primeros cien días del Ejecutivo de coalición PNV-PSE desde que celebrara su primer Consejo de Gobierno el 8 de septiembre. Estos primeros cien días, conocidos en el argot político como los cien días de gracia o de margen para que el gobierno comience a rodar, se han saldado a juicio del Ejecutivo con una demostración de que han sentado las bases de la legislatura y han hecho los deberes.
Al margen de haber presentado su programa de gobierno, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha rellenado casilleros en tres ámbitos nucleares. Por un lado, en sintonía con el objetivo prioritario de situar el paro por debajo del 10%, el Gobierno Vasco ha aprobado el plan de reactivación Berpiztu dotado con 13.250 millones de inversión en cuatro años para crear 130.000 empleos, y este mismo martes aprobará el proyecto de Presupuestos para 2021. Por otro lado, en una legislatura marcada por el coronavirus, ha alcanzado un compromiso con los sindicatos en la mesa sectorial de Osakidetza para reforzar la plantilla de la atención primaria: antes de que acabe el año serán implantadas 151 plazas en ámbitos que se sitúan en la primera línea como la enfermería o la medicina de familia, y ascenderán a 196 en 2021. Se han activado otras actuaciones relacionadas con las consecuencias del virus, como las ayudas a la hostelería. En tercer lugar, se han lanzado cinco proyectos de ley, lo que supone un 14% de las 36 iniciativas que recoge el calendario. El Gobierno tenía previsto aprobar seis proyectos antes de que terminara el año, y solo quedaría uno, la Ley del Sector Público.
En paralelo, Urkullu ha realizado un gesto que guarda mayor relación con la filosofía o el tono que quiere imprimir a su tercer mandato: a pesar de su mayoría absoluta, ha culminado una primera ronda de contactos con todos los partidos de la oposición. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, va a liderar otra ronda en cuanto presente el proyecto presupuestario.
Aunque formalmente estos primeros cien días sean de cortesía, la pandemia no ha dado respiro a ningún gobernante en las últimas semanas, y tampoco a nivel político el inicio de legislatura ha sido todo lo plácido que hubiera deseado Urkullu. La oposición ha acusado al Gobierno de aplicar el rodillo y de no calibrar con precisión las restricciones para poner coto a los contagios por el coronavirus, y el nuevo Ejecutivo ha sido recibido con protestas sindicales en el campo educativo y sanitario. Los primeros cien días no suelen ser un momento para ser prolífico en la producción gubernamental aunque, cuando no había transcurrido siquiera un mes desde la investidura, el Gobierno Vasco daba su principal golpe de efecto: la presentación del borrador del plan de reactivación, Berpiztu, de la mano del lehendakari, la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia; y la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Se presentó a finales de septiembre pero, tras recabar aportaciones, fue aprobado en Consejo de Gobierno el 3 de noviembre. Ese mes se formó la comisión interdepartamental para gestionar los fondos europeos. También en materia económica, el Gobierno Vasco ya había aprobado el 6 de octubre las directrices presupuestarias, que incluían un compromiso con el refuerzo de Osakidetza y el sistema educativo; un aumento del 6% en I+D+i, y una apuesta por la inversión y el fin de la austeridad. Este martes se aprobará el proyecto en Consejo de Gobierno, con la expectativa de que sea avalado finalmente en el Parlamento el 11 de febrero.
El Ejecutivo aprobó el 13 de octubre el esqueleto de la legislatura, el programa de gobierno, con cuatro ejes (prosperidad, personas, planeta y autogobierno), diez objetivos de país (entre los que destacan la reducción del paro por debajo del 10%, superar el 40% del PIB en la industria y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero), y 25 áreas de actuación. En el transcurso de ese mes, los dos vicelehendakaris y los consejeros expusieron sus líneas estratégicas ante el Parlamento.
El calendario legislativo vio la luz el 10 de noviembre con 36 proyectos. El Consejo de Gobierno ha dado cauce a los que se encontraban más avanzados desde la anterior legislatura. Son un total de cinco iniciativas que tendrá que aprobar el Parlamento Vasco, y entre las cuales destacan algunas normas que no son precisamente de relleno en el calendario, como la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración, que incluye una apuesta por estabilizar a los interinos; la modificación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que contempla nuevas ayudas y formación par a el personal público; o la Ley Vasca de Juventud. También se han aprobado los proyectos de Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Ley de Administración Ambiental. El Parlamento tendrá que aprobarlas. A diferencia de lo que sucedía en la anterior legislatura, PNV y PSE tienen un mayor control de los tiempos por su mayoría absoluta.
El martes se aprobará la planificación estratégica sobre materias como el empleo, innovación, turismo y comercio, educación y salud, igualdad de mujeres y hombres, y servicios sociales, entre otros asuntos.
Objetivos. El programa de gobierno fue aprobado el 13 de octubre. Recoge cuatro ejes (prosperidad, personas, planeta y autogobierno), diez objetivos (como la reducción del paro por debajo del 10%) y 25 áreas.
La vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, y la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, presentaron a finales de septiembre el plan 'Berpiztu' con actuaciones para los próximos cuatro años. Tras recibir aportaciones, fue aprobado en Consejo de Gobierno el 3 de noviembre.
El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, presentó las directrices presupuestarias el 6 de octubre, con una apuesta por reforzar Osakidetza y la educación, y un aumento del 6% en I+D+i. El proyecto lo aprobará el Consejo de Gobierno el martes.
Además de los decretos del lehendakari y el plan Bizi Berri contra el virus, se han aprobado bonos para los sectores turísticos de hostelería y ayudas a ese sector por más de 30 millones. El departamento de Salud de Gotzone Sagardui, por su parte, ha presentado a los sindicatos un plan para implantar 151 plazas en atención primaria a finales de año (79 en enfermería, 40 de medicina de familia, 23 de auxiliar administrativo, 4 de fisioterapeuta y 5 de farmacia de atención primaria). En 2021 serán 196. Propuesta para equiparar el salario del personal de administración de esas áreas con el resto, con un complemento del 4%; y un plan para reducir la burocracia en las consultas.
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El Consejo de Gobierno ha aprobado los proyectos de Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración, Conservación del Patrimonio Natural, Administración Ambiental, modificación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley de Juventud.
Con todos. Se ha reunido ya con la oposición para tener una relación fluida pese a la tranquilidad que le concede su mayoría absoluta con los socialistas.