- Las diputaciones forales acarician con la punta de los dedos el cumplimiento de una demanda largamente reiterada desde la crisis financiera de la década pasada. Los gobiernos vasco y español, con la participación activa del PNV, están encauzando un acuerdo que supondrá que las tres diputaciones puedan tener una capacidad de endeudamiento mayor y diferenciada del sistema de régimen común estatal, de manera que se reconozca su singularidad, salgan de ese sistema de régimen común, y puedan beneficiarse de una consecuencia práctica: tener un colchón para movilizar recursos y cubrir la caída de recaudación de impuestos provocada por el coronavirus. Hasta la fecha, las diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba se tienen que regir por la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Estado que, en lugar de equipararlas a una comunidad autónoma o al propio Gobierno Vasco, las encadena al techo de gasto que se fije para los ayuntamientos estatales y diputaciones generales. Esta limitación les impide regirse por su propia disponibilidad presupuestaria. A partir de ahí, las diputaciones regulan con los ayuntamientos vascos el marco financiero para los municipios porque les corresponde su tutela. Pero los gobiernos vasco y español están encauzando un pacto, a expensas de cerrarlo en la Comisión Mixta del Concierto Económico prevista para el miércoles, para que no solo el Gobierno Vasco pueda ampliar su nivel de déficit y deuda para este año, sino también las diputaciones y ayuntamientos.
Más oxígeno para la comunidad autónoma. Las instituciones vascas van a contar con un colchón para aliviar el golpe y preservar los servicios sociales. Y ese colchón lo tendrán todas. Después de haber ampliado el límite de déficit del Ejecutivo vasco del 0% al 2,6% para este año con la idea de poder captar recursos económicos con la deuda, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, está negociando un acuerdo con la ministra María Jesús Montero que supondrá que las tres diputaciones forales y los ayuntamientos puedan también incurrir en una deuda mayor.
Tiene un valor político relevante para el PNV porque reconoce la singularidad foral, admite que las instituciones vascas en bloque tengan un carril diferenciado de relación bilateral con el Estado al margen de las diputaciones y municipios de régimen común, y supone que el PNV haya sabido hacer cumplir el acuerdo firmado con el Gobierno español tras haberle apretado las tuercas durante semanas y haber hecho valer la posición de influencia de sus seis escaños en Madrid. El plus de déficit colocará la cifra total por encima del 3%, según las fuentes consultadas por DNA.
La entidad del acuerdo, a la espera de que se concrete, allana la negociación de los Presupuestos estatales entre el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente español está a punto de reconducir uno de los desencuentros más graves que ha mantenido con sus socios jeltzales y que estalló por dos vías. Por un lado, Sánchez tensionó al máximo su relación con el PNV al darle largas para cumplir el acuerdo por escrito firmado el 20 de mayo que lo obligaba a convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico, donde se debía pactar un límite de déficit y deuda suficiente para cubrir el agujero de la recaudación fiscal. El 31 de julio se alcanzó un entendimiento que supuso elevar el déficit al 2,6% y sellar un compromiso para que las diputaciones tuvieran su propio margen. Por otro lado, el PNV interpretó como una agresión en toda regla el decreto de Montero que dejaba a los ayuntamientos sin autonomía para disponer de sus propios fondos y los remitía a una vía indirecta para que le prestaran sus remanentes a cambio de unas inyecciones de dinero a plazos. Montero retiró el decreto tras sufrir una derrota parlamentaria, y redobló la negociación con el PNV. Se interpreta como un guiño de distensión de los jeltzales la retirada del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, del frente de alcaldes contrarios al decreto.
El grupo jeltzale vendrá con un acuerdo bajo el brazo que tendrá implicaciones directas en la vida de los vascos, en la medida en que se refiere a las cosas del comer y al margen que tendrán las instituciones para preservar sin recortes las políticas públicas. Es una contrapartida contante y sonante.
El PNV vuelve a salir bien parado de una crisis política con Sánchez que ponía en cuestión su capacidad de influencia en el Congreso. Hace cumplir un acuerdo que comenzó a gestarse el 20 de mayo, precisamente en el mismo momento en que EH Bildu llegaba a un acuerdo con el Gobierno español para derogar la reforma laboral que ha sufrido un destino muy diferente y ha quedado en agua de borrajas, completamente desautorizado por la parte socialista del equipo de coalición con Unidas Podemos.
La comunidad autónoma tiene margen para recurrir a la deuda porque tiene sus cuentas saneadas desde 2017 con un déficit del 0%. El consejero Azpiazu había adelantado en Radio Euskadi que la Comisión Mixta podría reunirse el miércoles que viene, y que se resolvería la parte del déficit que corresponde a las diputaciones y ayuntamientos. "Creo que hemos conseguido que sepan que las diputaciones forales son distintas a las generales y tendrán su propia capacidad de endeudamiento", explicó.
En la reunión de la Comisión Mixta se conocerá también el límite de déficit y deuda para 2021, necesario para que las instituciones vascas redacten los Presupuestos para el año que viene. Azpiazu aclaró que esa cifra tiene que ser suficiente por sí misma para cubrir la caída de la recaudación sin hacer el cuento de la lechera con los fondos que puedan llegar desde la Unión Europea. No sabe cuánto dinero ni cuándo llegará (Europa calcula que las primeras remesas aterrizarán en 2021). Si después se confirmara la inyección económica europea, se descontaría del déficit.
El Gobierno Vasco espera presentar las directrices presupuestarias a partir del 6 de octubre. El Ejecutivo español, por su parte, prevé negociar en una o dos semanas un borrador sobre el techo de gasto para presentarlo en el Congreso de los Diputados. Es la antesala de los Presupuestos y, para aprobarlo, necesita acordar con las comunidades el techo de gasto. La comunidad autónoma vasca y Nafarroa tienen su propio carril.
Las diputaciones, sometidas a la Ley de Estabilidad. Las diputaciones forales se tienen que regir por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que supone que se atengan al techo de gasto que indique el Estado para las diputaciones generales de régimen común y para los ayuntamientos. No se equiparan a una comunidad autónoma o al propio Gobierno Vasco. Este asunto era ya un problema en época de bonanza, cuando se podía fijar por parte del Estado un techo de gasto inferior al aumento de la recaudación fiscal, lo que implicaba que las diputaciones no pudieran invertir todo ese dinero del que disponían en políticas sociales a pesar de tenerlo a mano. Ahora ha caído la recaudación, y las diputaciones necesitan un límite de déficit y una capacidad de endeudamiento que les permita cubrir ese agujero fiscal.
Lo pactado en julio. Los gobiernos vasco y español acordaron un objetivo de déficit del 2,6% para este año en el Ejecutivo de Urkullu. Madrid también se comprometió a que las diputaciones vascas pudieran tener una capacidad específica de deuda al margen del régimen común. Los ayuntamientos, cuya tutela financiera corresponde a las diputaciones forales, también tendrán un mayor margen. Se espera firmar el acuerdo el miércoles en la Comisión Mixta.
"Creo que hemos logrado que sepan que las diputaciones forales son distintas a las generales"
Consejero de Hacienda
