- El Gobierno y la cúpula del PP durante la etapa de Mariano Rajoy están ya oficialmente señalados por el caso Kitchen, la supuesta trama de espionaje parapolicial creada en el Ministerio del Interior para tapar el escándalo de financiación ilegal de la formación conservadora y arrebatar a su ex tesorero Luis Bárcenas documentos comprometedores para el partido y sus líderes entre 2013 y 2014. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón resolvió ayer citar como imputado el próximo 30 de octubre al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. De momento ha rechazado llamar a la ex secretaria general Dolores de Cospedal y a su esposo, Ignacio López del Hierro, en espera de la declaración, el 29 de octubre, del ex secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, Francisco Martínez. Escenario que pone contra las cuerdas el futuro del PP de Pablo Casado. El nuevo PP ante la vieja Gürtel.
El informe de Anticorrupción pedía esas imputaciones tras tener acceso a documentos, mensajes personales de Martínez al ex ministro y los recibos de los pagos al ex chófer de Bárcenas, que habría recibido más de 53.000 euros por su colaboración en un operativo en el que habrían participado más de 70 agentes. El magistrado cita además como testigos al sacerdote Silverio Nieto, el ex director de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a su asistente Icíar Castro Alvarez. El juez apunta que es evidente la existencia de un encargo efectuado a Villarejo “por personas vinculadas al Ministerio del Interior” y encaminado a la obtención de información y documentación procedente de Bárcenas.
Del estudio de las grabaciones incautadas se desprende que en verano de 2013 pudo producirse un acceso ilegal en el estudio de restauración de arte de la mujer de Bárcenas, donde se habría hallado un zulo en el que se guardaría documentación del ex tesorero. Castellón apunta que esa documentación podría haber estado en poder de otro de los imputados en el caso, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, al que Villarejo insistió para que se la hiciera llegar. Estos hechos, añade el juez, se habrían producido con el conocimiento del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
La documentación recabada permite sostener la existencia de pagos efectuados al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que habrían captado como colaborador. Y gracias a la documentación desclasificada por el Gobierno consta que García Castaño recibió entre julio de 2014 y mayo de 2015 un total de 50.000 euros en efectivo con cargo a los fondos reservados. En este contexto, Castellón apunta que aunque el ex jefe de la UCAO ha negado que esos pagos tuvieran que ver con Kitchen, sí que ha reconocido recepción de fondos reservados de Interior para comprar una pistola por 700 euros para el chófer, y material informático (1.905 euros). El juez precisa que los fondos reservados deben ser controlados por el ministro y por el secretario de Estado de Seguridad, y en la época en la que tuvo lugar la operación -entre enero de 2013 y noviembre de 2016- ostentaban esos cargos Fernández Díaz y Francisco Martínez.
García Castaño implicó a Martínez en la operación ya que le habría hecho entrega del volcado de dos móviles que le entregó el chófer y que eran de Bárcenas. Asimismo, leyó tres mensajes de Whatsapp que le habría mandado el cura en nombre de Martínez. En ellos este último hablaba de la necesidad de entregar actas notariales que incluían mensajes de 2013 y 2014 sobre Kitchen y que conllevarían “la situación de Jorge y probablemente Rajoy”. Silverio Nieto le escribió a Castaño que ese mismo mensaje se habría enviado a “JF” -por Fernández Díaz-. En sus mensajes Fernández Díaz y Francisco Martínez hablan del chófer de Bárcenas y el que fuera ministro le pedía total coordinación y medios porque debían “conseguir esa info”.
“Al final todos los caminos de la corrupción conducen a Génova 13. ¿Dará explicaciones Casado?”
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