- "He ido a Madrid a mirarles a la cara". Así de expresivo se mostró Quim Torra tras asistir ayer a la vista en el Tribunal Supremo sobre su inhabilitación, un caso que el president no descarta que acabe en las instituciones europeas. "Hasta ahora no hemos perdido nunca porque siempre hemos ganado en Europa. España todavía es miembro de la UE y, por consiguiente, este proceso termina en las instancias jurisdiccionales europeas", declaró el Jefe del Govern dispuesto a plantar cara para mostrar las costuras del Estado, de quien duda de su calidad democrática. "Si el Estado español llega al punto de la irresponsabilidad más absoluta inhabilitándome, solo habrá un culpable: él mismo", zanjó desde la sede de la delegación de la Generalitat en Madrid.
Torra tachó de "absolutamente desproporcionado" el proceso abierto contra él, "falto de cualquier sentido de justicia", describiendo una situación judicial "aberrante, esperpéntica", acorde con la "decadencia galopante" de la democracia española, que considera heredera del franquismo "y no de una revolución democrática que rompiera con la dictadura, que en 2020 está a años luz de los estándares europeos".
Según el president, que en España se pueda hablar de todo es "mentira", y censuró que el Estado quiera condenarle "en medio de una pandemia y una crisis monumentales", lo que "empobrece deliberadamente a los Països Catalans privándoles de sus recursos" económicos. "Este es el Estado español y su manera de seducirnos para que nos quedemos amablemente", espetó irónicamente, "un Estado incapaz de reformar y reformarse". Previamente, Torra reivindicó su acción, de la que ya se declaró culpable, y en Twitter colgó una imagen con la polémica pancarta que estuvo expuesta en el balcón del Palau de la Generalitat, a favor de los condenados y encausados por el 1-O. Acompañó la fotografía con un texto: "Pues sí, libertad presos políticos y exiliados". "Mi impresión es que una pancarta pidiendo la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados es mucho más importante para el Estado español que la lucha de un president y su gobierno contra la pandemia y la crisis económica más grande de los últimos años. Ciertamente, cada cual tiene su orden de prioridades. Así es como quieren a una Catalunya que pretenden esclava", reiteró.
Su defensa, en manos del abogado Gonzalo Boye, pidió la absolución del delito de desobediencia por el que fue condenado a un año y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El letrado argumentó, entre otros motivos, que el juicio al president deriva de haber sido tratado por la Junta Electoral Central (JEC) como "minoría nacional" por "tres palabras en una pancarta" que deberían enmarcarse en su libertad de expresión. Por contra, la fiscal del Supremo, Pilar Fernández Valcarce, defendió la competencia de la JEC para sancionar a Torra y la imparcialidad del tribunal que le condenó, además de negar que se juzgara un acto político, sino electoral.
Boye destacó que su cliente no participaba del proceso electoral por el que fue sancionado, ya que era una persona sobre la que la JEC no era "autoridad superior" y no solo se le sanciona sino que se le deduce testimonio, se le denuncia y se le lleva a juicio. "Hemos buscado distintas interpretaciones para ese trato distinto y solo se nos ha ocurrido una en base al artículo 2 del tratado de la UE, que se trate de una minoría nacional, de otro modo no tiene ninguna explicación en derecho este trato distinto que ha tenido mi defendido", expuso ante la Sala.
Boye apuntó a la desproporción de la sanción, que afecta a los derechos políticos de Torra, así como contra la falta de competencia del la JEC para ordenar la retirada de la pancarta. "Aquí no estamos discutiendo los hechos", precisó, puesto que la retirada de la pancarta se produjo. Entre sus críticas a la parcialidad tanto de la JEC como del TSJC, el abogado destacó el hecho de que uno de los integrantes de la Junta, Andrés Betancort, estuviera a sueldo de Ciudadanos, que fue el partido que denunció la colocación de la pancarta ante el órgano supervisor del proceso electoral, lamentando que no se le permitiera llamarlo a declarar en el juicio. Del tribunal que condenó indicó que algunos de sus miembros hubieran vertido declaraciones públicas contra el Govern.
Torra fue ayer agasajado por todos los colores del mundo independentista. Para el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la condena "atenta contra el independentismo", mientras que la portavoz de JxCat, Laura Borràs, calificó el hecho como el "atropello democrático más grave que se ha vivido en la Europa occidental". El president en el exilio, Carles Puigdemont, instó a "no dejar que la represión banalice derechos fundamentales". De igual forma, Torra recibió el respaldo de los dirigentes soberanistas encarcelados.
Borrador avanzado. La reforma del delito de sedición, por el que se condenó a los líderes soberanistas, estará lista para su remisión a las Cortes antes de fin de año, dentro de una modificación más amplia del Código Penal que tocará aspectos relativos al medioambiente y a la libertad sexual. Justicia tiene un borrador bastante avanzado que podrá incorporarse en cualquier momento al calendario normativo, según la vicepresidenta Carmen Calvo. Recordó que la Justicia europea ya advirtió, tras la detención de Carles Puigdemont, que algunos tipos penales españoles y sus penas eran difíciles de entender en el siglo XXI al ser obsoletos.
"No se le juzga por un acto político sino por una actividad administrativa en un proceso electoral"
Fiscal del Tribunal Supremo
"Una pancarta importa más que la lucha contra la pandemia. Así quieren a Catalunya: esclava"
President de la Generalitat
