- La nueva Ley de Memoria Democrática que el Gobierno de Pedro Sánchez aprueba supone la culminación de los compromisos que el líder socialista adquirió cuando llegó a la Moncloa para reparar y reconocer a las víctimas del franquismo y acabar con cualquier exaltación de la Dictadura. Tras lograr exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, el ejecutivo da un paso más.

Porque si la aprobación en 2007 de la llamada Ley de Memoria Histórica, bajo el Gobierno socialista de Zapatero, supuso un hito para impulsar medidas en favor del derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, su pleno desarrollo fue frenado por los posteriores Gabinetes del PP. Sánchez quiere ahora actualizar aquella norma, que además se ha completado con abundante legislación autonómica. Será la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Cramen Calvo, quién que presente el proyecto en el Consejo de Ministros de mañana.

El propio Pedro Sánchez confirmó esta semana en el Congreso que la nueva ley permitirá “prohibir e ilegalizar fundaciones que defienden la dictadura franquista”, y expresamente citó la Fundación Francisco Franco. Pero los principales postulados de la normativa ya estaban apuntados en una proposición de ley presentada por el grupo socialista en el Congreso al comienzo de esta legislatura y que fue retirada para dar prioridad al proyecto de ley cuya confección ha sido a Calvo. Así, presenten reforzar la cobertura legal para la búsqueda de personas desaparecidas y la exhumación de fosas, con la creación de un banco nacional de ADN al que los familiares de víctimas del franquismo podrán aportar muestras para facilitar la identificación de restos.

Del mismo modo, la normativa quiere habilitar la creación de un Censo Nacional de Víctimas que permita recabar información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura. La resignificación del Valle de los Caídos se aborda igualmente con las previsiones necesarias para renovar su estatus jurídico y las condiciones en que allí descansan los restos de al menos 33.000 combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil.

Otro importante aspecto en que incidirá la nueva ley es la prohibición de las asociaciones y fundaciones que hagan apología del franquismo porque “públicamente inciten, directa o indirectamente, al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales”, tal y como explicó el Gobierno en respuesta a preguntas parlamentarias. Esta medida requerirá modificar la Ley Orgánica del Derecho de Asociación y también la Ley de Fundaciones.

Para avanzar en el proceso de reparación de las víctimas del franquismo se aprobarán nuevos instrumentos de reconocimiento y para ello se establecerá la “nulidad” de las condenas dictadas durante la Dictadura por motivos políticos, de ideología o creencias, un paso más allá de su “ilegitimidad”, ya establecida en la ley de 2007. Por último, la normativaincluirá un régimen sancionador aplicable al incumplimiento de sus disposiciones, con un catálogo de infracciones que prevé las multas aplicables en función a su gravedad.