El proyecto de ley de cambio climático y transición ecológica, con el que el Gobierno quiere impulsar el coche eléctrico y energías verdes, ha superado su primer examen en el Congreso tras ser rechazada una enmienda a la totalidad de Vox, con lo que comienza su tramitación parlamentaria.
Todos los grupos que han intervenido en el pleno de la Cámara Baja se han mostrado en contra de la propuesta de Vox excepto el Foro Ciudadanos por Asturias, con lo que el proyecto de ley comienza su andadura en las Cortes.
El resto de partidos ha preferido apoyar la ley por "la importancia de la evidencia científica" y porque existe la posibilidad de aplicarle modificaciones a través de enmiendas parciales.
La diputada de Vox Mireia Borrás Pabón, encargada de presentar esta enmienda a la totalidad, ha asegurado durante su intervención que el proyecto supone un "intervencionismo exhaustivo del Estado en la vida económica y un incremento brutal del gasto público", además de "una promoción autoritaria de las energías renovables y una cruzada contra los combustibles fósiles".
Borrás ha manifestado que, aunque su grupo "carece de posición propia sobre cuestiones climatológicas", su rechazo se debe a "consideraciones elementales de supervivencia nacional", ya que implica "imponer el ideario intervencionista, liberticida y gravemente empobrecedor" del actual Gobierno.
En su opinión, sus objetivos climáticos son "utópicos y faraónicos", "rompen con la racionalidad científica y el realismo económico" y "condenan a España a la penuria y el empobrecimiento energético", ya que "no existen evidencias empíricas de que exista el calentamiento global".
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sido la principal encargada de defender la ley asegurando que en ella "ni hay alarmismo climático ni se trata de una nueva religión", sino que "responde a alertas de la ciencia y demandas de la sociedad".
Ribera ha pedido "tomarse en serio la emergencia climática" y ha insistido en que la ley ofrece "un marco flexible pero comprometido con las generaciones del mañana" y por ello ha invitado al resto de grupos a "mejorarla y reforzarla" para "facilitar su rápida adopción y vigencia".
Con esta ley, "España cumple" con Europa, ha resumido la vicepresidenta cuarta, "al aumentar su contribución a la lucha contra el cambio climático", con la comunidad internacional "al facilitar una respuesta multilateral" y con la sociedad española, que "reclama una acción inmediata" ante la crisis climática.
Con este proyecto de ley, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 19 de mayo y que consta de 36 artículos, el Gobierno pretende lograr la neutralidad de emisiones en 2050, así como potenciar el coche eléctrico y las energías renovables.
Los objetivos de esta ley, que pretende ser inclusiva, se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC); el primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42%.
El texto se ajusta a los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París, y destaca el propósito de España de alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050 con objetivos que sólo podrán se revisados al alza.
Para ello, en 2030 las emisiones en el conjunto de la economía nacional deberán reducirse al menos un 20 por ciento respecto a 1990, un objetivo en la línea fijada por la Comisión Europea y que supone para España retirar una de cada tres toneladas que se emiten en la actualidad.
También hay planes para potenciar la movilidad eléctrica para alcanzar un parque de turismos sin emisiones directas de CO2 y fomentar el uso de las bicicletas, además de dar protagonismo al peatón, en un contexto actual de covid, donde ganar espacios físicos entre personas es más relevante que nunca.
La idea de la ministra, según dijo en una reciente entrevista con Efe, es que la nueva normativa, que establece un marco común en materia de clima y transición energética, entre en vigor antes de acabar el año.
