- La causa que se pretende poner en marcha en el Estado español por delitos de lesa humanidad contra miembros de ETA sufrió ayer un traspié. La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París rechazó la entrega al Estado español del histórico dirigente de la banda José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por crímenes de lesa humanidad. Esa corte estimó que en la información española recibida hay “imprecisiones” tanto en la calificación de los hechos reprochados como en su fecha. La vista, a la que Urrutikoetxea compareció en persona, en camiseta y con mascarilla, tenía hoy en su agenda tanto esa euroorden como una demanda española de extradición -el instrumento de entrega aplicado antes de la creación de las euroórdenes- por el asesinato en 1980 del directivo de Michelin Luis Hergueta.

El tribunal indicó que ha pedido información adicional a España sobre la posible prescripción de este último delito y aplazó el caso hasta el próximo 30 de septiembre. La sala comenzó a examinar igualmente una segunda euroorden por su presunta implicación en la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, cuya decisión quedó pendiente también hasta el 30 de septiembre.

Urrutikoetxea, de 69 años, se pronunció solo para señalar que se opone a ser entregado al Estado español. Fue detenido el 16 de mayo de 2019, tras casi diecisiete años seguidos de clandestinidad, en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses, y desde entonces está encarcelado en la prisión de la Santé de París. Sus abogados reclamaron ayer de nuevo que se le conceda la libertad: “Cuando le miro, veo a un viejecito de 69 años que está en riesgo”, dijo la letrada Laure Heinich, que alegó motivos de salud por la propagación de la epidemia de la covid-19 en la prisión.

Esta era la cuarta vez que la defensa solicita su puesta en libertad desde su arresto. Las tres anteriores tuvieron lugar tras el inicio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, al señalar que sus antecedentes médicos lo hacen ser especialmente vulnerable.

La Fiscalía se pronunció ayer en favor de su puesta en libertad vigilada con un brazalete electrónico, algo que el tribunal deberá examinar en las próximas horas. La Justicia francesa ya decidió la entrega de Urrutikoetxea al Estado español para ser enjuiciado por el atentado perpetrado en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que causó la muerte a once personas, seis de ellas niños. El Tribunal de Apelación la aprobó en enero, pero el caso está pendiente de examen en el Supremo después de haber sido recurrido por la defensa del preso. Urrutikoetxea es un recluso de gran simbolismo para el Estado español por su trayectoria en ETA y por haber leído el comunicado de disolución.